Los notarios identifican a los titulares de 2,2 millones de sociedades

Uno de los problemas más difíciles a los que se enfrentan quienes investigan el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo —entre otros fenómenos delictivos— es la identificación de las personas reales que se esconden detrás de estructuras societarias cada vez más sofisticadas. Los notarios españoles han levantado en los últimos cinco años una de las herramientas más útiles para combatir estos fenómenos: la Base de Datos de Titulares Reales, un macrofichero que permite a las autoridades conocer, prácticamente en tiempo real, quiénes se ocultan tras sociedades, fundaciones u organizaciones con vocación de opacidad. Esta base de datos, alimentado por los fedatarios públicos, permite identificar actualmente a los titulares reales de 2,23 millones de sociedades, según los datos más recientes.

La herramienta gestionada de manera absolutamente confidencial por el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo, que tiene su sede en un búnker de las oficinas del Consejo General del Notariado. A este órgano se han dirigido un total de 3,5 millones de peticiones de información en este lustro, procedentes de juzgados, tribunales, fiscalía, cuerpos policiales o sujetos obligados a informar sobre sospechas de blanqueo (notarios, bancos, aseguradoras…). También pueden acudir a la base de datos española organizaciones policiales y de cooperación jurídica internacional como Europol, Interpol o la Oficina contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF).

La información contenida en la base de datos procede del llamado Índice Único Informatizado, que contiene más de 110 millones de documentos notariales relativos a 146 millones de operaciones realizadas por casi 40 millones de personas físicas y jurídicas. Esta base de datos, la segunda más extensa del sector público, tras la de Hacienda, se nutre de la información que cada 15 días vuelcan las 2.600 notarías españolas con los detalles de hasta 230 tipos de operaciones que se escrituran en sus oficinas: poderes, préstamos hipotecarios, compraventas de inmuebles, constitución de sociedades…

Esta base de datos ha sido alabada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De las 2,2 millones de sociedades sobre las que se puede levantar el velo, figuran 1,67 millones de sociedades limitadas, 68.937 sociedades anónimas y 35.607 asociaciones, fundaciones, partidos políticos o sindicatos. Además, 446.102 titulares reales han sido identificados como tal, ante un notario y en documento público, por los representantes de sociedades u organizaciones, según el Consejo General del Notariado. El GAFI, sin embargo, reclama insistentemente a España que aumente la transparencia de las transmisiones de acciones de sociedades anónimas que no cotizan en bolsa, que no es obligatorio consignar ante notario.

“El blanqueador de capitales, por definición, pretende que el dinero obtenido de forma ilícita parezca que procede de actividades legales. Los accionistas de muchas empresas son a su vez otras sociedades, lo que genera una estructura que en ocasiones hace realmente complejo llegar a conocer quién o quiénes son las personas físicas que en última instancia controlan la compañía. Estas circunstancias son las que pueden convertir a las sociedades mercantiles en herramientas idóneas para el blanqueo de capitales”, señala Pedro Galindo, director del OCP.

En la actualidad se ha abierto un debate sobre si la base de datos de titulares reales de empresa debiera tener carácter público y abierto. Según el Consejo General del Notariado, esta posibilidad, constituiría una “injerencia ilegal” en los derechos fundamentales a la intimidad y la protección de datos, y “sería desproporcionado” en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.