El Poder Judicial cree que el plan de Justicia catalán invade competencias, pero se ofrece a trabajar juntos

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que el plan para "evaluar" el funcionamiento de la justicia propuesto por la Generalitat de Cataluña invade las competencias para inspeccionar los juzgados que tiene en exclusiva el órgano de gobierno de los jueces. Con todo, tras reunirse durante tres horas con dos representantes del Departamento de Justicia de la Generalitat, el CGPJ ha tendido la mano al Gobierno de Carles Puigdemont para colaborar para “buscar fórmulas que permitan mejorar la eficiencia de los medios personales y materiales” que dependen de la Administración autonómica.

La reunión se ha celebrado este martes en Madrid en la sede del CGPJ. Por parte del Consejo han acudido dos vocales (José María Macías y Gerardo Martínez Tristán), el secretario general, la jefa del Servicio de Inspección y el director del gabinete técnico; mientras que desde Cataluña han viajado el secretario general de la Consejería de Justicia, la secretaria de Relaciones de la Administración de Justicia y el coordinador de evaluación y mejora de este departamento, que les han explicado los detalles del plan Visión justicia: sistema de evaluación y mejora.

El encuentro se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya prohibido que ocho funcionarios del Departamento de Justicia realicen visitas a los juzgados y accedan a la base de datos Temis2, donde puede consultarse el estado de las causas de cualquier ciudadano. El TSJC vetó tanto las entrevistas como el acceso a las bases de datos de los jueces a la espera de que el Consejo se pronuncie sobre la idoneidad del programa y sobre si supone una invasión de las competencias reservadas al órgano de gobierno de los jueces.

Al término de la reunión, el Consejo ha emitido un comunicado en el que tiende la mano para trabajar juntos en la mejora de la eficiencia de medios de la Justicia en Cataluña, pero deja constancia de que el proyecto catalán, que ha soliviantado a los jueces de esa comunidad, invade competencias del CGPJ. Durante el encuentro, los representantes de este órgano han desgranado las líneas rojas del documento de la Generalitat.

En primer lugar, les han recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) atribuye a este órgano en exclusiva, en su artículo 560, la competencia para “ejercer la alta inspección de tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los presidentes y Salas de Gobierno de los tribunales”. Por su parte, el artículo 171 de esta ley, señala que “el Consejo General del Poder Judicial ejerce la superior inspección y vigilancia sobre todos los Juzgados y Tribunales para la comprobación y control del funcionamiento de la Administración de Justicia”. Además, la misma norma establece, en los artículos 236.bis y siguientes, que el acceso a los datos de gestión procesal requiere de la autorización del Consejo General del Poder Judicial.

“El órgano de gobierno de los jueces, en cualquier caso, valora los fines y objetivos del proyecto que hoy ha presentado la Conselleria de Justícia de la Generalitat catalana, y considera que debe desarrollarse en un marco de colaboración y lealtad institucional con respecto a las respectivas competencias que tienen atribuidas el Consejo y la Administración autonómica”, añade la nota difundida, con la que el Consejo quiere dejar la puerta abierta a colaborar con la Generalitat.

El CGPJ se ha comprometido también pronunciarse próximamente sobre el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del pasado 30 de mayo, por el que se denegó a la Generalitat la autorización para acceder a sus sistemas de gestión para evaluar el trabajo en los Juzgados que tienen su sede en Cataluña. Para ello, el órgano de gobierno de los jueces ya ha solicitado un informe al Gabinete Técnico. El acuerdo del TSJC concluyó, por unanimidad, que el proyecto de la Generalitat es una injerencia en sus funciones y recuerda que la competencia para "inspeccionar" a los jueces corresponde solo al Consejo. Y advirtió de que el acceso a las bases de datos que utilizan a diario jueces y fiscales puede colisionar con la protección de datos. La Generalitat, por su parte, sostiene que el plan solo busca hacer más eficiente el trabajo en los juzgados y cree que los jueces han hecho una interpretación errónea del proyecto.

El Departamento de Justicia considera que el Poder Judicial ha “reconocido la bondad” de su plan y que está “dispuesto a colaborar” con la Generalitat. Tras la reunión, el Gobierno catalán afirmó que los equipos de mejora “seguirán trabajando con el plan piloto, tal como estaba previsto”, pese a que tanto las visitas a los juzgados de ocho funcionarios como el acceso a las bases de datos de jueces y fiscales fueron vetadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.