Andalucía crea una oficina para prevenir y luchar contra la corrupción

Andalucía abre oficina contra la corrupción. El decreto de creación de esta medida, prevista en el acuerdo de investidura de Susana Díaz con Ciudadanos, se ha publicado este miércoles. Contará con una dirección independiente, que no podrá ser cesada y será elegida por un tribunal para cinco años (prorrogables solo una vez), una quincena de funcionarios y medio millón de euros para material inicial. Actuará de oficio, a instancias de los grupos políticos o por denuncia de cualquier ciudadano, a quien se le garantizará el anonimato. "No queremos ni un solo resquicio por el que se cuele la corrupción", ha justificado la responsable del nuevo organismo, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. La oficina estará plenamente operativa desde enero.

Las funciones de la oficina, cuyo trámite comenzó hace un año y fue reclamada por Ciudadanos, serán la prevención, investigación y resolución de casos que no se ajusten a las normas. Si la infracción trasciende del ámbito administrativo, será elevado a los tribunales. Si puede resolverse dentro de las competencias previstas, se establecerán sanciones de acuerdo al régimen de la Junta de Andalucía, que prevé desde la amonestación hasta la expulsión.

Más información

Transparencia Internacional tilda de “pobre” el cumplimiento del Ejecutivo en sus compromisos anticorrupción

Los regalos del 3%: fútbol, marisco, cacerías y “packs de ensueño”

La trama del 3% camufló a cargos de CDC con nombres en castellano

Las investigaciones ser harán de oficio, según el "mapa de riesgo" que elabore la oficina, a iniciativa de los grupos políticos del Parlamento o a partir de la denuncia de cualquier ciudadano. A estos se les garantizará el anonimato, pero también se actuará si se registra una denuncia sin identidad desde el principio, pero con indicios de ser veraz.

La oficina investigará, instruirá el caso y propondrá sanciones. Si detecta que la anomalía vulnera la legalidad y es susceptible de ser llevada a los tribunales, lo hará. Si hay indicios de responsabilidad contable, también se comunicará de oficio a Hacienda.

Los investigados serán tanto la administración general como los entes instrumentales y cualquier entidad, pública o privada, que se haya beneficiado de un contrato o una subvención pública. El objetivo es que cualquier euro público sea susceptible de ser revisado por esta entidad.

La oficina será competente para requerir declaración, testimonio y cualquier tipo de documentación o acceso a archivos de toda índole en el transcurso de la investigación. La colaboración será de obligado cumplimiento para todo el personal de la administración y para quienes tengan relación con ella, ya que el acceso a beneficios públicos se tendrá que someter también a su labor inspectora.

Los investigadores podrán suspender cautelarmente los procedimientos cuestionados, además de fijar las sanciones o promover las modificaciones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de prevención de la corrupción. De sus actuaciones, presentarán una memoria anual detallada sin la identificación del origen de las instrucciones, si así lo ha solicitado el denunciante.

Para garantizar la autonomía de la dirección de la oficina, esta será independiente de la Administración, aunque nominalmente esté adscrita a la consejería de Hacienda. Sin embargo, será como la intervención, con una persona responsable elegida por un tribunal que analice sus 15 años mínimos de experiencia y sus capacidades. A esta dirección se sumará una quincena de trabajadores que opten a las plazas que se prevean en una relación convencional de puestos de trabajo.