El salario mínimo no entra en la cárcel

“En las condenas largas la rutina es como la de un ratoncito dando vueltas en una rueda. Imagínalo y cambia la rueda por el patio”, cuenta Francisco Javier Hervás, que hoy tiene 57 años y un restaurante recién abierto en Córdoba. Cuando entró por primera vez en prisión, por falsificación y estafa, tenía 32 años y cuando salió, 50. En ese tiempo hizo 18 cursos de formación y trabajó en el economato, la panadería, la imprenta y en los servicios de mantenimiento y limpieza. “Trabajar en la cárcel te sirve para valorarte, sentirte útil, alivia la rutina, crea hábitos de esfuerzo y disciplina. Y cuando tu familia va a verte puedes hablar de algo más interesante”. ¿Y el sueldo? “Esa recompensa es la de menos”, afirma Hervás. Según recuerda, lo máximo que cobró en prisión fueron 210 euros al mes por jornadas de ocho o diez horas en mantenimiento y por unas siete horas diarias en el economato central.

 El artículo 25 de la Constitución consagra el derecho de los reclusos a tener un empleo y cobrar por él, pero los colectivos que atienden a los presos, algunos partidos y sindicatos han denunciado la precarización del trabajo penitenciario. Varias respuestas oficiales del Gobierno a preguntas registradas por el grupo de Unidos Podemos en el Senado y datos facilitados en cumplimiento de la ley de Transparencia sirven para conocer algunos de los detalles y cifras del empleo en las cárceles.

En los 82 centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado (las de todas las comunidades excepto Cataluña) había en diciembre del año pasado 51.029 reclusos. De ellos, 12.238 (el 23,9%) tienen un puesto de trabajo remunerado, pero solo 1.439 cobran más de 400 euros al mes. Más de la mitad percibe menos de 200 y los sueldos más altos se quedan lejos del salario mínimo interprofesional (707,7 euros), una cifra que, según el real decreto que regula el trabajo penitenciario, “se tomará como referencia” para fijar las retribuciones de los internos.

Las franjas salariales en las que se sitúan el mayor número de reclusos son las dos más bajas: los que cobran menos de 100 euros (2.237 internos) y los que perciben de 100 a 150 euros (2.191), según la respuesta del Gobierno a varias preguntas formuladas por la senadora de Podemos Maribel Mora. “Las condiciones laborales que se aplican en prisión son inimaginables en el siglo XXI. El salario que perciben se establece en función de unos cálculos en los que, por ejemplo, no se tienen ni siquiera en cuenta cuántas horas de jornada laboral realiza la persona presa”, afirma Mora, cuyo grupo ha registrado una moción en el Senado exigiendo que se clarifiquen los derechos laborales de los presos.

Aunque el trabajo penitenciario debe estar remunerado por ley, el objetivo de este empleo, según el real decreto de 2001 que lo regula, es la reinserción laboral de los internos. Este trabajo se organiza en talleres productivos. Unos los gestiona directamente Prisiones a través de la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Hay talleres de confección, carpintería o artes gráficas cuya producción se vende al exterior o se emplea dentro de la Administración (por ejemplo, los uniformes de los funcionarios de prisiones se fabrican en cárceles); y talleres de servicios (cocina, panadería, mantenimiento, lavandería) que abastecen a la prisión. Pero Interior tiene también convenio con 125 empresas, a las que cede sus instalaciones y facilita mano de obra, según la información facilitada en enero de este año a una pregunta de Comisiones Obreras en el portal de transparencia.

Hay multinacionales como la estadounidense Delphi, que tiene una planta en la cárcel Daroca (Zaragoza) donde trabajan 116 internos que cobran de media 357 euros al mes o la alemana Knorr Bremse, para quien 200 reclusos fabrican sistemas de refrigeración para trenes en Ocaña (Toledo) por entre 478 y 511 euros. Pero hay también pequeñas compañías de distintos sectores, desde el envasado de caramelos (14 presos de Badajoz que cobran 182 euros mensuales), al pelado de ajos (54 internos de Madrid VI por 158 euros), fabricación de mosaicos cerámicos (86 reclusos de Castellón que reciben 282 euros) o teleoperadores (10 internos de León por 201 euros al mes).

“Casi esclavista”

Este trabajo para empresas es el que más preocupa a los sindicatos. Un informe de CC OO califica de “casi esclavista” la mano de obra que representan los presos. “Está claro que el objetivo de este empleo es ayudar a la reinserción. Forma parte de un programa de tratamiento y el objetivo para el trabajador no es meramente económico”, señala Ángel Moreno, de la sección estatal de Prisiones de CC OO. “Pero habría que intentar que los salarios se acerquen al convenio del sector de referencia y que queden claras las condiciones de admisión o de despido, que ahora no lo están”, señala Moreno, que considera que la realidad del trabajo para empresas externas en las cárceles está “muy alejada” del objetivo de reinserción que se le presupone. “Las empresas van a ganar dinero y hay casos de competencia desleal. Por el mismo trabajo los internos cobran mucho menos que los empleados que trabajan fuera de la cárcel”, señala Moreno. Instituciones Penitenciarias no ha atendido las peticiones de este periódico para ofrecer su versión.

El decreto que regula el trabajo en las prisiones establece que el sueldo irá en relación con las horas trabajadas, salvo en algunos empleos en los que se cobra en función de la producción. Según los presos y los colectivos que les atienden, lo habitual es trabajar en turnos de media jornada o jornada completa. Prisiones divide las actividades en tres grupos y les asigna un valor por hora. El baremo aprobado para 2015 (último dato difundido) es de 2,59 euros la hora para el grupo uno (economato y actividades auxiliares); de 3,66 a 4,39 euros para el dos (confección, madera, artes gráficas, electricidad, panadería y otros); y de 3,77 a 4,51 el tres (mantenimiento, metálica y prestación de servicios). “La sociedad en su conjunto, y empezando por las instituciones, debe entender que una persona reclusa, aun cuando haya sido condenada por cometer un delito, debe tener el resto de derechos garantizados como establece la Constitución. El trabajo no es una limosna”, se queja la senadora Mora.