El PP estudia la vía judicial para evitar investigaciones generales contra Rajoy
Los populares acusan a la oposición de promover una comisión "inquisitorial" en el Congreso y replican con la amenaza de comparecencias al máximo nivel en el Senado
![Javier Casqueiro](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6bf002b6-45e4-4086-892e-f8484bc94b05.png?auth=f2b0031a1f63a9c95f31360ec4a9c788e24485954332ad137cddebaba6b4e748&width=100&height=100&smart=true)
![El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/BNWXKUFZMEESPJISYYHBQJQUHY.jpg?auth=0e5c643c940e81884488e0d80727a88452c37268931a9e01262181395f451f7f&width=414)
El PP está elaborando toda una estrategia política y hasta judicial para defender y evitar las comparecencias genéricas contra su líder, Mariano Rajoy, por la corrupción del PP. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha apuntado este lunes, tras la reunión con Rajoy del comité de dirección de su partido, que no descartan ninguna vía, tampoco la judicial, para impedir que los partidos de la oposición promuevan una comisión de investigación contra los populares que descalificó como "inquisitorial" sin tema fijado ni ámbito temporal o territorial. El PP se opondrá a ese tipo de comisiones, que se decidirá mañana martes por la mesa del Congreso. Los populares se reservan la opción de contraatacar reclamando todo tipo de comparecencias al máximo nivel de los líderes de los demás partidos en otra comisión sobre la financiación de las fuerzas políticas que impulsan en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.
La dirección del PP no quiere exponer a Rajoy a cualquier tipo de comparecencia en las comisiones de investigación que podrían ponerse en marcha a partir de esta semana. El PP ha concluido que la comisión que se pretende en el Congreso persigue convertirse "por primera vez en la historia en una comisión contra un partido". Fernando Martínez Maillo ha equiparado esa pretensión a la labor de la Inquisición y ha avisado: "La inquisición hace tiempo que desapareció en España, ya desapareció y de inquisiciones ahora nada".
El PP ha advertido así, antes de que la mesa del Congreso tome este martes alguna decisión al respecto, de que su partido no va a aceptar "una comisión solo contra el PP o contra un partido" y plantea que ese foro se transforme en algo así como una ponencia que busque y discuta sobre en qué aspectos han fallado los partidos hasta ahora en materia de corrupción. Maillo, además, volvió a repetir la idea de que lo mejor para debatir sobre esos asuntos sería firmar el Pacto Anticorrupción que ya firmó el PP con Ciudadanos para su acuerdo de investidura. "Pensar en positivo, eso es lo lógico", ha concluido.
El PP ha encontrado precedentes, como lo que sucedió en el Ayuntamiento de Madrid cuando Podemos intentó crear una comisión genérica contra toda la etapa de gobierno de los populares en esa institución, para señalar que tienen opciones de paralizar ese tipo de iniciativas incluso por la vía judicial. El grupo popular en el Ayuntamiento de la capital interpuso el 13 de diciembre de 2016 ante el juzgado número 9 contencioso administrativo y logró parar ese proyecto de comisión genérica por no precisar el asunto "concreto" de lo que se pretendía indagar. Y manejan otro caso en relación con una sentencia de enero de 2005 del Tribunal Constitucional que rechaza el amparo de varios parlamentarios socialista que habían presentado un recurso por la disolución de la comisión no permanente de investigación de la catástrofe del petrolero Prestige.
Moción de impostura para ser líder de la oposición
El PP sigue sin querer decir ni aclarar quién tomará parte y será el portavoz desde sus filas el próximo 13 de junio en el debate sobre la moción de censura presentada por Podemos. Los populares quieren minusvalorar la trascendencia de esa cita y aprovechan para subrayar que las mociones de censura en España están previstas con ánimo y sentido constructivo y, como dice el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, deben servir para examinar al que las presenta. Es decir, para evaluar al líder de Podemos, Pablos Iglesias Turrión, antes que al presidente que se quiere censurar, Mariano Rajoy.
El comité de dirección del PP estudió este lunes la estrategia a seguir en ese debate sin señalar aún quién o quiénes intervendrán por parte de ese partido. Los populares recuerdan que según el reglamento de la cámara el presidente del Gobierno, en este caso Mariano Rajoy, tiene la potestad de poder hablar y replicar en cualquier momento. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, proporcionó otra pista cuando destacó este lunes que podrían replicar incluso distintos ministros del Gobierno si lo consideraran oportuno.
Lo que Maillo también quiso recalcar fue que la moción de censura registrada por Podemos en el PP les parece una "moción de impostura" que "no va a prosperar porque no tiene aliados ni votos a favor" y que "está condenada al fracaso". La cúpula del PP entiende que el objetivo de esa moción está puesto más en el PSOE que en Rajoy.
"Buscan armar líos, que se hable de ellos y es una lucha diabólica por el votante de izquierdas; una lucha o competición por ver quién lidera la izquierda en España, buscan saber quién es el líder de la oposición", explicó en la sede del PP su coordinador general.
El dirigente del PP apeló ahí a todo el PSOE, no solo a su nuevo líder Pedro Sánchez, a que define ya "si quiere competir en radicalidad y extremismo" con Podemos o conectar con "la moderación" del partido histórico que gobernó tantos años en España.
Los populares creen ahora que no es siquiera legal que se cite en una comisión en el Congreso a una personalidad y no se le diga ni para qué acude ni sobre qué se le va a interrogar ni se fijen bien los límites temporales y territoriales del asunto en cuestión.
Los populares no lo quieren sostener aún públicamente pero su intención sería que la comisión sobre la corrupción del Congreso se ciñera a esta legislatura o en su defecto desde el año 2015, cuando se reformó el Código Penal y se introdujo la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos. El PP no ve sentido que los partidos puedan preguntar a Rajoy u otros dirigentes nacionales sobre la financiación o actos electorales en cualquiera de los 8.000 municipios de España o de cualquier campaña del pasado. "¿Es legal todo esto, es legal no determinar el ámbito espacial, territorial o temporal?", se ha preguntado Maillo.
La dirección nacional del PP ha pedido un informe jurídico al respecto, con precedentes en distintas instituciones y tribunales que cuestionan ese tipo de comisiones de investigación sin límites, y con él acudirá a la reunión de este martes de la Mesa del Congreso para convencer a los demás partidos. Hasta ese momento se reserva la decisión de acudir en defensa de sus planteamientos a los tribunales de justicia incluso contra una resolución negativa sobre sus criterios de ese órgano de la cámara baja. Tampoco han querido aclarar ante que tribunal presentarían su reclamación.
Lo que sí ha querido advertir Maillo es que no esperarán sentados y sin hacer nada hasta ese momento. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y su grupo parlamentario estudia allí montar su propia comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos. El número tres del PP quiso citar expresamente este lunes en Génova que su partido podría entonces pedir allí la presencia de los máximos líderes de los partidos y mencionó expresamente el nombre de la actual presidenta de de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
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