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El PP toma las tres colinas judiciales

El nombramiento de Concepción Espejel al frente de la sala penal de la Audiencia culmina la conquista conservadora de la Justicia

María Dolores Cospedal impone la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Concepción Espejel en febrero de 2014.
María Dolores Cospedal impone la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a Concepción Espejel en febrero de 2014. EFE

El nombramiento, el pasado jueves, de la magistrada Concepción Espejel, considerada afín al PP, como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha culminado la conquista conservadora de los puestos políticamente más sensibles del Poder Judicial. A las “dos colinas” de las jefaturas de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tomadas el pasado marzo por Manuel Moix y Jesús Alonso, supuestamente más cómodos para el Gobierno que sus antecesores, Antonio Salinas y Javier Zaragoza, se une el control de la sala encargada de enjuiciar casos de corrupción como Gürtel, Púnica o Lezo y de resolver los recursos contra las resoluciones dictadas por los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional.

“Su designación es una muestra más de las intenciones por parte de responsables políticos de controlar el poder judicial”, sostiene Ignacio González Vega, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “No creo que la intención política de controlar la Justicia haya sido desde 1978 más groseramente evidente”, se lamentaba el viernes en Twitter el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada.

Concepción Espejel —“Querida Concha” para la número dos del PP, Dolores de Cospedal, encargada de entregarle en 2014 la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción del mundo del Derecho— es una magistrada muy valorada por los conservadores. En 2008, tras forzar, como presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, que se investigara a varios políticos socialistas por negligencia en el incendio de Riba de Saelices, en el que murieron 11 bomberos, Cospedal entró como vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP en el Senado.

Esta condición de vocal judicial integrada en el bloque conservador, que mantuvo hasta enero de 2014, fue clave para que sus compañeros de la Sala de lo Penal aceptaran su recusación y la apartaran del juicio del caso Gürtel, que se celebra desde octubre pasado. Los magistrados entendieron, por diez votos contra ocho, que su aparente cercanía al PP comprometía la imagen de imparcialidad que tiene que dar la justicia. Ahora los presidirá a todos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial otorga a los presidentes de Sala, de un modo genérico, “la dirección e inspección de todos los asuntos”. También les encomienda adoptar, “en su ámbito competencial”, las resoluciones “que la buena marcha de la Administración de Justicia aconseje”. Como presidenta de la Sala, Espejel podrá, si lo desea, presidir cualquier juicio de la Sala de lo Penal y reordenar la composición de las secciones del tribunal.

“Queda más o menos claro que en lo único que no se puede meter en la capacidad de decisión de cada Sección”, afirma un magistrado de la Audiencia Nacional. Espejel también dispone de los superpoderes del artículo 197 de la misma Ley, que le permiten llevar los asuntos que considere oportuno al Pleno, formado por una veintena de magistrados, para que este órgano adopte la decisión final. Fuentes judiciales temen que Espejel tenga un perfil intervencionista durante su mandato, en el que sucede a Fernando Grande-Marlaska. “Siendo simplemente presidenta de la Sección Segunda Espejel ha usado generosamente cuando le ha convenido de estos superpoderes del artículo 197”, señala el mismo juez bajo promesa de anonimato.

El nombramiento de Espejel por 11 votos contra 10, ha obligado a llamar a la disciplina a los vocales conservadores del CGPJ y ha coincidido con una época de fuerte crispación en la justicia. El supuesto intento del Gobierno de atar corto a jueces y fiscales en medio del recrudecimiento de los casos de corrupción –latentes, pero no cerrados, durante los meses electorales de 2016- ha desembocado en la reprobación del ministro Rafael Catalá, del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix. Este último, valorado por el encarcelado presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como un “tío serio y bueno”, ha mantenido en las últimas semanas enfrentamientos con algunos de sus subordinados, en especial con los fiscales del caso Lezo, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá.

El cuadro de ocupación conservadora de los puestos claves –una versión extrema de la que llevaron en el pasado los gobiernos del PSOE– se completa con una cuarta colina, desconocida hasta ahora: la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. A este nuevo órgano, encargado de revisar en segunda instancia las decisiones de la Sala de lo Penal, ha accedido Enrique López, otro juez notoriamente próximo al PP, que lo situó como vocal del CGPJ y luego lo aupó al Tribunal Constitucional. López, autor de medio centenar de ponencias para la Fundación FAES, antiguo vivero ideológico del PP, también fue apartado del caso Gürtel.

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