Compostela Aberta consigue acorralar a un PP en la oposición desgastado por la corrupción
La marea ciudadana remunicipaliza servicios, concede una renta a personas vulnerables y aprueba presupuestos participativos desde su gobierno en minoría
En mayo de 2011, tras décadas de fracasos en el intento por hacerse con la alcaldía de Santiago de Compostela, el PP lograba la mayoría absoluta por un puñado de votos (13 concejales frente a nueve del PSOE y tres del BNG). El cabeza de lista, Gerardo Conde Roa, alzó el bastón de mando de un efímero y convulso mandato: se vio obligado a dimitir en menos de un año imputado por un delito de fraude fiscal por el que acabó condenado. Su sustituto, Ángel Currás, se mantuvo dos años al frente de la corporación, hasta que siete de sus concejales y él mismo fueron condenados por prevaricación.
El PP se vio obligado a tirar de una lista de no electos y Alberto Núñez Feijóo optó por sacrificar a su conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, para apuntalar la alcaldía. No consiguió revalidarla: la izquierda unitaria integrada en Compostela Aberta y encabezada por Martiño Noriega, histórico delfín de Xosé Manuel Beiras, desalojó a los populares en las elecciones de 2015. Gobierna desde entonces en minoría: 10 ediles frente a nueve del PP, cuatro del PSOE y dos del BNG.
La retirada de las ayudas públicas a asociaciones antiabortistas ligadas al Opus Dei, la aprobación de la renta municipal para personas vulnerables, incluyendo a los inmigrantes sin papeles o la decisión del regidor de no acudir a los actos religiosos de la ciudad del Apóstol, marcaron el inicio de una larga lista de decisiones que los populares definen como “sectarismo” de la organización que sustenta a Noriega.
El PP encabezado por Hernández no ha conseguido frenar al gobierno ciudadano. La marea compostelana ha podido aprobar el pasado febrero los segundos presupuestos, por primera vez participativos este año, con el respaldo (mediante la abstención positiva) de las otras dos fuerzas de oposición, PSOE y BNG, que han colaborado en su elaboración. El PP, que se quedó al margen y votó en contra, acusa a Compostela Aberta de haberlo aislado. Cuando la candidatura de unidad popular accedió al Ayuntamiento la deuda municipal era de casi 42,6 millones de euros de un presupuesto de 99,4 (se rebajó en tres millones por la caída en la recaudación del IBI aprobada por PSOE y PP). En año y medio la redujo a 39 millones. A finales de 2016, aprobó un expediente de modificación de crédito por un millón de euros para hacer frente a pagos parciales de los más de tres millones ordenados por sentencias judiciales contra la gestión municipal de los populares.
La marea compostelana ha aumentado la inversión social y cultural en estos dos ejercicios, ha puesto en marcha el proceso de remunicipalización de la ORA y la grúa y ha conseguido firmar con el Gobierno del Estado el acuerdo para la construcción de la estación intermodal en un acto presidido por la entonces ministra de Fomento de Rajoy, Ana Pastor, que reconoció la importancia del entendimiento con Noriega. Hernández -que ni como conselleiro ni como alcalde había podido conseguir ese acuerdo- no se presentó al acto.
Mientras descalifica, ahora como portavoz del PP, la gestión de Compostela Aberta y acusa de "soberbia" e "ineficacia" a Noriega, la juez que instruye la causa de la Pokémon (la supuesta red de corrupción política en Galicia) imputa de nuevo a Conde Roa. Cinco años después de su dimisión lo cita como investigado por la presunta financiación ilegal del PP de Santiago el año en el que el partido accedió a la alcaldía por primera ve en democracia.
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