Psicólogos en precario para el teléfono del acoso escolar

Los trabajadores que atienden el teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación tuvieron que acreditar el título de Psicología y su experiencia con menores, preferiblemente víctimas de bullying. El propio ministro, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado públicamente que es un número atendido por especialistas a los que se les exigió “una titulación oficial para poder trabajar y atender las llamadas”. Necesitan preparación y experiencia pero sus conocimientos no están reconocidos en su nómina.

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El servicio, activo desde noviembre de 2016, fue adjudicado a una empresa de call center que ha contratado a los trabajadores como gestores telefónicos regidos por el convenio de Despachos y Oficinas. Están empleados con contratos por obra o servicio por 20 horas de trabajo semanales de lunes a domingo por las que cobran menos de 500 euros al mes, según los testimonios recabados y la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El Consejo General de Psicología de España se ha reunido recientemente con parte de la plantilla del servicio estatal y ha pedido explicaciones al Gobierno, según el vicepresidente del consejo, Fernando Chacón. En una nota previa que remitió a Educación, el organismo consideraba “inaceptable” que el ministerio “diga públicamente que se está prestando un servicio de atención o asesoramiento psicológico” cuando sus condiciones laborales son precarias. “Es vergonzoso que el ministerio ampare y financie estas formas fraudulentas de relación laboral, sin tener en cuenta los más elementales principios de justicia y transparencia”, denunciaba el organismo.

Por 20 horas concentradas en un fin de semana —que abarca turnos de mañana, tarde o noche entre viernes y domingo—, los psicólogos del teléfono estatal cobran aproximadamente la mitad del sueldo medio de su categoría que había en España en 2015, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Perciben unos 500 euros mensuales brutos, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, que se quedan en menos de 450 euros netos. La cuantía es similar en los turnos entre semana. El salario medio de los profesionales de actividades sanitarias y de servicios sociales en 2015, según el INE, fue de 2.423,02 euros por jornada completa o 915,3 euros por jornada parcial.

Algunos de los trabajadores y extrabajadores, con los que ha hablado este periódico y que piden anonimato, señalan que en ocasiones se queda una sola persona al frente del servicio para atender todas las llamadas de España. Ocurre, por ejemplo, los fines de semana, cuando hay picos de demanda por los alumnos que no quieren volver a clase para no enfrentarse a sus posibles acosadores. Añaden que los responsables del servicio les apremian para que atiendan el mayor número de llamadas posibles. “Lo único que quieren es hacer estadísticas”, dice uno de ellos.

El ministerio presenta periódicamente datos de llamadas recibidas. Este miércoles actualizaron las cifras. Desde que se puso en marcha, el teléfono ha atendido 17.000 llamadas, de las que se derivaron 6.000 a otras instituciones para que las analizasen, según anunció el ministro en la inauguración del I Congreso de Convivencia Escolar en el Parador de Sigüenza (Guadalajara).

“No tenemos feedback de lo que pasa con los casos, no sé si se hace seguimiento después”, señala otro de los trabajadores del servicio. Una responsable de la empresa declinó hacer declaraciones a este periódico alegando que “no están autorizados” por el Ministerio de Educación, al que remitió para responder.

Desde Educación, cuyos responsables han destacado en múltiples comparecencias públicas que el servicio está atendido por psicólogos especialistas y que funcionan las 24 horas del día, se desmarcan de los contratos. Un portavoz explica por escrito que, como Administración contratante, es “del todo ajena a dichas relaciones laborales”. El ministerio “no mantiene relación contractual alguna con el personal”, prosigue. Es la empresa “como empleadora, la que debe realizar los contratos que correspondan a sus empleados para garantizar los requerimientos mínimos tanto de recursos humanos como materiales que se le exigen”.

Preguntado sobre qué controles ejerce sobre la prestación del servicio, el citado portavoz añade que el adjudicatario debe prestar informes periódicos sobre las llamadas. Y que Educación “mantiene reuniones periódicas con los responsables de la empresa con la finalidad de supervisar y coordinar la prestación del servicio”, sin aclarar si en esas reuniones se abordan cómo se atienden las llamadas, el número de personas que están en la oficina o si se les apremia con el tiempo. El teléfono contra el acoso escolar, cuyo número es 900 018 018, fue la primera gran medida —y hasta la fecha, una de las pocas— que el Gobierno del PP ha puesto en marcha del plan nacional por la convivencia escolar anunciado en enero de 2016.

La adjudicataria es un call center que incurrió en baja temeraria en este concurso, según la documentación revisada por este periódico. Alcalá BC Servicios y Procesos SA se promociona como especialista en marketing directo en su web, en la que no alude a ninguna experiencia en el ámbito del acoso escolar. Presupuestó el servicio en 398.872 euros anuales, un 35,6% menos que los 620.000 euros del precio de licitación y la tercera con la oferta más barata. Preguntado sobre por qué se contrató a una empresa que incurrió en baja temeraria, el portavoz del ministerio dice que la adjudicataria tiene “amplia experiencia en servicios de atención, información, soporte y tratamiento de datos de características técnicas similares al objeto del contrato” por lo que no tuvo que hacer “una nueva inversión en este tipo de servicio, siempre cumpliendo los requisitos de las características que se exigen en el pliego de prescripciones técnicas”.