El arzobispo acusado de espionaje estudia “acciones penales” contra la exnotaria que lo denunció

Querella contra querella. El arzobispado de Zaragoza quiere responder con “acciones penales” a la denuncia interpuesta por su exnotaria, María del Carmen Amador Gil, y el exjuez Roberto Ignacio Ferrer Sarroca por la intervención del ordenador del puesto de trabajo de la primera. “Ha quedado clara la legitimidad del Arzobispado para desarrollar una facultad inspectora sobre el ordenador. Estudiaremos con exhaustividad, con prudencia y reflexivamente la posibilidad de acciones contra esta persona”, afirma su letrado, Enrique Trebolle, en una conferencia de prensa en la que estuvo arropado por el portavoz del arzobispado, José Antonio Calvo, y el abogado de la institución, Ernesto Gómez Azqueta.

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La Audiencia Provincial de Zaragoza anuló la semana pasada la causa abierta contra el arzobispo Vicente Jiménez por la denuncia interpuesta por Amador Gil, exnotaria de un juzgado eclesiástico de la diócesis a la que habían intervenido datos personales de su ordenador. Así lo había documentado el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, afirmando que el arzobispado había chequeado el ordenador para conocer las conversaciones privadas que la exnotaria había mantenido en su teléfono personal, a través de la aplicación WhatsApp conectada con la computadora. Lo allí escuchado no solo fue leído por terceras personas, sino que lo utilizó el prelado para ver si podía maquinar una denuncia canónica. Finalmente, decidió su despido con la acusación de difamar a la Iglesia zaragozana, al arzobispo actual y a su antecesor, Manuel Ureña.

El arzobispo Jiménez fue llamado a declarar como investigado por esta causa el pasado 3 de marzo ante el titular el Juzgado de instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, al igual que el ecónomo diocesano y un perito informático. Había sido el propio arzobispo quien ordenó un peritaje informático del equipo utilizado por la denunciante, en el marco de una investigación sobre presuntas actuaciones irregulares de esta en el ámbito de su labor profesional. Acusado de revelación de secretos e intromisión ilegítima en la intimidad de la exnotaria del Tribunal Interdiocesano de Zaragoza, el arzobispo intentó librarse, a través de varias actuaciones de su abogado, de tener que comparecer ante la Justicia argumentando la “repercusión social” de ver a un alto jerarca del catolicismo investigado (imputado) por dos delitos.

El arzobispado ha emitido un comunicado después de conocer la decisión de la Audiencia. "Las tres personas investigadas -arzobispo, ecónomo diocesano y perito informático- nunca debieron declarar en condición de investigados (antes imputados), porque su actuación fue legítima, fue justificada, proporcional e idónea para la finalidad pretendida porque era el único medio para confirmar las vehementes sospechas que recaían sobre doña Carmen Amador Gil, como la persona que emitía esos mensajes difamatorios y esas filtraciones sobre procedimientos canónicos", afirma.

“La verdad padece pero no perece, el Arzobispado de Zaragoza manifiesta su confianza en la legalidad y en los intérpretes de la misma”, concluye, no sin antes dedicar este párrafo a los medios de comunicación: “El arzobispado lamenta y quiere llamar la atención sobre algunos titulares e informaciones vertidas en algunos medios de comunicación que calificaron de espionaje la actuación del arzobispo y de sus más inmediatos colaboradores, sin respetar los mínimos deontológicos de llamar a las cosas por su nombre y de respetar escrupulosamente la presunción de inocencia”.