Las filtraciones del ‘caso Lezo’

Si el caso Púnica tuvo su chivatazo —un guardia civil se sentará en el banquillo acusado de revelación de secreto por alertar a Francisco Granados—, la Operación Lezo puede tener varios. Los responsables de la investigación consideran demostrado que alguien alertó a Ignacio González y a su familia de que estaban siendo investigados y que por ello hicieron posteriormente numerosas gestiones en la esfera judicial, policial y política para conocer más detalles.

Las medidas de seguridad que el político y su entorno adoptaron en sus comunicaciones telefónicas a partir de aquel momento dificultaron las pesquisas y obligaron a colocar con autorización judicial un micrófono en el despacho que el expresidente autonómico tenía en Madrid para continuar con las mismas. El contenido de estas reveló que tanto el político como otros investigados se valieron “de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento”, dice la fiscalía en su último informe.

En dicho escrito, Anticorrupción llega a asegurar que tanto González como su presunto lugarteniente en la trama, Edmundo Rodríguez Sobrino, directivo del Canal de Isabel II y consejero del diario La Razón “han recurrido a personas pertenecientes al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial” con dicho fin, aunque no revela ninguna identidad. El propio González las reconoció en su declaración ante el juez, aunque sin concretar.

El juez Velasco ya interrogó sobre estas fugas de información a algunos de los imputados. Al presidente de La Razón, Mauricio Casals, que declaró el 20 de abril como investigado, aunque días después se le retiró dicha condición, le preguntó por la identidad de la magistrada que supuestamente le había alertado de la existencia de las pesquisas sobre González y si esta era de la Audiencia Nacional. En el auto por el que al día siguiente envió a prisión al político, el juez Velasco ya destacaba que Ignacio González había conseguido a través de Casals “información sensible sobre la investigación judicial el curso”.

En ese mismo auto, el magistrado hizo hincapié en el encuentro que Pablo González tuvo el 8 de marzo, cuando ya era investigado, con el número dos de Interior, José Antonio Nieto, en la sede del Ministerio. Tras aquella reunión, el hermano del expresidente madrileño mantuvo una conversación telefónica con una tercera persona en la que calificó la misma de “muy interesante” aunque prefirió no dar más detalles “por teléfono”. Ahora, Anticorrupción vuelve a llamar la atención sobre dicho encuentro con Nieto en su último escrito.