Un cuarto de los senadores tiene actividades privadas al margen de la Cámara

Una cuarta parte de los senadores tiene actividades privadas al margen de su trabajo en la Cámara alta. Pese a la dedicación exclusiva que marca la Ley Electoral, es legal que los parlamentarios ejerzan otros trabajos fuera la política. El Senado ha terminado de revisar la solicitud de los senadores la semana pasada y ha aprobando las actividades de 65 parlamentarios que se dedican, en la mayoría de los casos, a la abogacía (que ejercen 16 de ellos) o la docencia (18). El senador popular Miguel Ángel Cortés es el que más ingresos declara por su actividad privada: más de 100.000 euros al año como director de la Fundación Iberoamericana Empresarial y como administrador único de una empresa de servicios jurídicos.

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Son también varios los senadores que piden permiso para participar en tertulias, regentar farmacias, trabajar en asociaciones sin ánimo de lucro y otros declaran explotaciones agrarias de aceitunas o naranjos.

La Cámara Alta permite compatibilizar distintos trabajos y de hecho viene autorizando cada legislatura a numerosos parlamentarios compaginar el escaño con variadas actividades profesionales privadas, siempre que estas labores no tengan relación alguna con la Administración y que no supongan un menoscabo de su dedicación en el Senado.

Todos los asuntos relacionados con las posibles incompatibilidades son analizados por la Comisión de Incompatibilidades del Senado que estudia caso por caso. Una vez resuelta individualmente cada declaración, en la que los senadores se pueden ver en la situación de tener que escoger entre el escaño o la actividad privada, esta comisión emite una autorización que es aprobada públicamente en el Pleno.

Hasta 100.000 euros al año 'extra'

Los datos públicos sobre bienes y rentas de los senadores arroja distintos casos en los que los parlamentarios pluriempleados obtienen una importante remuneración fuera de los muros del Senado. 29 señorías, de los 65 autorizados, han declarado ingresos. El que más, el popular Miguel Ángel Cortés, senador electo por Valladolid, con 100.000 euros al año por su trabajo como director de la Fundación Iberoamericana Empresarial y como administrador único de una empresa de servicios jurídicos.

Conocido es el caso del también popular José Cruz Pérez Lapazarán, consejero de la empresa de envolturas cárnica española Viscofan. En 2012, durante su etapa como diputado, fue amonestado por su grupo parlamentario por ausentarse en 245 votaciones en el Pleno del Congreso, incluido la de la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de aquel año. Por su labor en el consejo de esa empresa percibió 61.000 euros en 2015.

En el grupo socialista la senadora Rosa María López declara 44.000 euros por su trabajo como profesora titular de la Universidad de Salamanca. En el grupo de Unidos Podemos, Joan Comorera percibió 27.000 euros por su trabajo como docente y abogado, mientras que el portavoz, Ramón Espinar, declaró ingresos por valor de 6.200 euros por tertulias, charlas y conferencias.

Compaginar el trabajo parlamentario con actividades privadas es un fenómeno trasversal. Hasta seis partidos de la Cámara (PP, PSOE, Unidos Podemos, Coalición Canarias, Compromís y Partido Aragonés (PAR)) cuentan con senadores que han recibido luz verde del Pleno.

El porcentaje de parlamentarios que tienen permiso para compatibilizar trabajos es similar en ambas Cámaras. En torno a 70 diputados, un 20 por ciento del total, desempeñan actividades profesionales o negocios privados, aunque en este caso se trata de cifras provisionales dado que el proceso para autorizar a los parlamentarios se encuentra paralizado. Tras los polémicos casos de los exdiputados Vicente Martínez Pujalte o Pedro Gómez de la Serna, el PSOE pide que los diputados que quieran la compatibilidad comparezcan ante la comisión para defender su actividad.