Fiscales contra corruptos

“España no tiene corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países, sino múltiples escándalos de corrupción política en los niveles superiores de los partidos y de los Gobiernos”. En medio de esos múltiples escándalos a los que aludía el último Índice de Percepción de la Corrupción que publica Transparencia Internacional se ha encontrado siempre la Fiscalía Anticorrupción, tanto para lo bueno —investigar esas tramas y llevarlas ante los jueces— como para lo malo —las polémicas, sombras y enfrentamientos por sus actuaciones y la gestión de sus responsables en relación con el Gobierno de turno—.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, su nombre oficial, es una de las dos fiscalías especiales españolas, junto a la Antidroga. Fue creada en 1995 por el Gobierno de Felipe González como Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción. La reforma en 2007 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal bajo otro Ejecutivo socialista le dio su actual denominación y amplió su ámbito de competencias hasta 18 tipos de delitos, incluyendo contra la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo, cohecho, fraude o malversación. Interviene “siempre que se trate de supuestos de especial trascendencia”, apreciada por el fiscal general.

En estos 22 años de vida —se cumplieron el lunes pasado—, solo ha tenido tres titulares: Carlos Jiménez Villarejo, destituido por decisión del Gobierno de Aznar en julio de 2003 en medio de un abierto enfrentamiento con el entonces responsable del ministerio público, Jesús Cardenal; Antonio Salinas, quien se jubiló en octubre pasado, cuyo mandato coincidió con el desarrollo de las principales operaciones contra la corrupción política, y su actual titular, Manuel Moix, en el centro de la controversia desde su elección en febrero—era el único de los siete aspirantes que no procedía de Anticorrupción— y por sus actuaciones en los casos Lezo y 3%. En esas dos décadas largas se han sucedido siete fiscales generales.

Más información

Cómo son los jueces que juzgan a los españoles

La violenta historia de ETA, en cifras

Pero ¿cuántos espías tiene Trump?

En 2015 —último año completo con datos oficiales—, Anticorrupción estaba interviniendo en 371 causas penales, la cifra más alta desde su creación. Ese mismo año, logró 20 condenas (en instancia) frente a dos absoluciones y presentó 47 escritos de acusación, el número más elevado al menos desde 2009. A 31 de diciembre de 2015, contaba con 133 personas en plantilla, de ellas 53 fiscales, incluidos los delegados nombrados para causas en comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o Murcia. Esa cifra total incluye a los policías de la UDEF, los guardias civiles de la UCO, los inspectores de la Agencia Tributaria y los auditores de la Intervención General de las correspondientes unidades de apoyo.

¿Qué pasa en el resto del mundo? Una panorámica —incompleta— puede ofrecer la plataforma de agencias y autoridades anticorrupción creada en 2010 por iniciativa del Banco Mundial, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la Comisión Europea y el Departamento de Estado. Agencias de 66 países han precisado en ella sus condiciones y formas de actuación y compartido sus experiencias. La única presencia española aquí es… la Oficina Antifraude de la Generalitat.