El relevo de los fiscales del ‘caso 3%’ abre otro frente en Anticorrupción

La semana pasada se conoció la intención del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de relevar a los fiscales que hace dos años destaparon el presunto pago de mordidas por parte de constructoras al partido de Artur Mas. La decisión fue adoptada a instancias de Moix, que se oponía a una de las actuaciones planteadas por Grinda y Bermejo: solicitar, por segunda vez, la imputación del diputado del PDeCAT (antigua Convergència) Germà Gordó, persona de confianza de Mas y exjefe de los tesoreros imputados.

Su primer intento había fracasado: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no apreció suficientes indicios. Los fiscales creen que el exconsejero de Justicia era el “recaudador” e intervino “decisivamente” en cinco adjudicaciones públicas irregulares. La Guardia Civil ha constatado su asistencia a reuniones con empresarios, que le conocían por sus apodos (Gerardo o Gregorio). Grinda y Bermejo pretendían reunir más indicios e intentarlo de nuevo. Esa línea de trabajo chocó con el criterio de Moix, que vio suficiente la primera negativa del TSJC.

Más allá de esa circunstancia, las fuentes consultadas discrepan sobre las motivaciones que llevaron a Moix a prescindir de ellos. Admiten que los dos fiscales convirtieron una causa local —unos pagos al exalcalde de CiU en Torredembarra, Daniel Masagué— en una trama de largo alcance que, a base de registros (la sede de CDC) ha puesto al partido de Mas contra las cuerdas. Sí coinciden en las consecuencias de la decisión: la posibilidad de imputar a Gordó se aleja.

Los nuevos fiscales designados —los delegados de Anticorrupción en Cataluña Fernando Maldonado y Teresa Duerto— deberán estudiar la causa desde cero. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé escuchar en audiencia a los fiscales relevados. No ocurrió con Grinda y Bermejo. Cuando fueron llamados para subsanar el “error”, expresaron su oposición. Es una decisión “excepcional” y “nunca vista”, admite un fiscal veterano. El reglamento también prevé que la sustitución se estudie en el Consejo Fiscal, un órgano que asesora al fiscal general pero sin poder decisorio.

La reunión de los próximos 3 y 4 de mayo pondrá sobre la mesa los detalles del relevo. El Consejo Fiscal votará y, con toda probabilidad, refrendará la decisión de Maza y Moix. La fiscalía explicó la semana pasada que la decisión obedece a una estrategia que Moix —quien asumió el cargo el mes pasado— quiere impulsar en Anticorrupción: que los fiscales delegados en las comunidades se ocupen de los casos de su territorio. “Lo raro, lo anormal, es que estuvieran en esta causa”, señalan fuentes judiciales.

Reunión del consejo

Moix, además, pretende evitar que se eternicen las investigaciones, lo que atañe al caso 3%, en el que cada registro ha revelado documentación que ha dado lugar a nuevas diligencias.

La mayoría de fuentes consultadas apuntan a razones “técnicas” y “organizativas”, y a un deseo de Moix de “poner orden” en Anticorrupción. La decisión sería “un toque de atención” a Grinda y Bermejo, no por su manejo en el 3% (que no se cuestiona), sino por el enorme volumen de causas complejas que atienden. Cuestionan, eso sí, el “criterio de oportunidad” de Moix, más en un asunto de alto voltaje político. Sobre todo porque se produce justo después de que salieran a la luz las discrepancias con los fiscales del caso Lezo a cuenta de uno de los registros y las posteriores noticias que apuntaban a que había querido sacar de la investigación a uno de ellos, Carlos Iañez.

El viernes pasado, Grinda y Bermejo acudieron al juzgado de El Vendrell (Tarragona) donde se instruye el caso 3%. No asistieron a las declaraciones, pero se despidieron del juez y de los abogados. Las defensas sostienen que su marcha no afectará al procedimiento porque la instrucción “está prácticamente finalizada”.