López Madrid elaboró un informe de sus contactos con “Nacho”

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron en los registros que hicieron en febrero de 2016 dentro del caso Púnica en el domicilio y el despacho del empresario Javier López Madrid varios documentos sobre los tratos de éste con la Comunidad de Madrid y, más en concreto, con su expresidente, Ignacio González, hoy encarcelado. Entre ellos, había dos que hacían referencia expresa a la polémica adjudicación a OHL en 2007 de las obras de construcción de un tranvía entre las localidades de Navalcarnero y Móstoles, y que está presuntamente relacionada con el pago de una comisión de 1,4 millones de euros que el magistrado investiga ahora en la Operación Lezo.

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Uno de esos documentos es una anotación manuscrita a la que el juez hace referencia expresa en el auto del pasado viernes por el que mandó a prisión a González y dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros a López Madrid. De la misma, Velasco concluía que, poco antes de que OHL ganase el concurso, López Madrid habló con el entonces responsable de la empresa Mintra, Jesús Trabada, para “darle instrucción de 'Nacho'", un hecho que considera ilegal.

El segundo documento es un pequeño informe fechado a finales de 2014 y que López Madrid dirigía a "Juan Miguel", que los responsables de las pesquisas identifican como su suegro, Juan Miguel Villar Mir, propietario de OHL. Según fuentes cercanas a la investigación, en el mismo se detallan las negociaciones que por entonces el primero aún mantenía con la Comunidad de Madrid y, más en concreto, con “Nacho” González, entonces presidente del ejecutivo regional, para encontrar una solución económica a la paralización de las obras del tranvía de Navalcarnero.

Fuentes conocedoras de su contenido detallan que en el mismo se recogen las diferentes propuestas planteadas tanto por parte de la empresa como por el gobierno autonómico para llegar a un acuerdo amistoso que finalmente no se produjo. En mayo de 2016 la concesionaria se declaró en concurso de acreedores y pidió una indemnización de 370 millones, mientras la Comunidad le reclamaba a su vez 300 millones. El documento, supuestamente redactado por López Madrid, recoge la petición que le hizo "Nacho" para que se hicieran algunas obras dada la cercanía de las elecciones autonómicas a cambio de reconocer una inversión por parte de la empresa superior a los 170 millones de euros para que no sufriera pérdidas.

El documento, en el que no hay referencias a la supuesta comisión de 1,4 millones pagadas 7 años antes, sí muestra la desconfianza del empresario hacia el gobierno de González. Acusa a un consejero de no cumplir el compromiso verbal que habían alcanzado en 2010, cuando se plantearon las primeras discrepancias financieras del proyecto. Este hecho lo califica de precedente “muy malo”.