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Del ‘tamayazo’ al Canal

La corrupción ha convertido al PP de Madrid en una formación apestada. Aguirre actuó con lentitud ante escándalos que se gestaron en la etapa previa a su mandato, como Gürtel, o que se organizaron bajo su Gobierno, como Púnica

Esperanza Aguirre rodeada de Francisco Granados, Alfredo Prada, Alberto López Viejo y Juan José Güemes en 2006. CLAUDIO ÁLVAREZ / ATLAS

De no ser por el tamayazo, Esperanza Aguirre no habría sido presidenta de la Comunidad de Madrid. Al menos, no en 2003. Y quién sabe qué habría sido de ella en un PP donde ya generaba suspicacias. Francisco Granados probablemente habría continuado siendo alcalde de Valdemoro. Difícilmente habría sido siete años consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid (2004-2011). No habría extendido su campo de acción más allá del salvaje sur,el vientre bajo de Madrid donde se concentran una decena de ciudades de 100.000 o más habitantes y donde el ladrillo y la plata eran la ley.

Ignacio González tampoco habría presidido durante nueve años el Canal de Isabel II, tiempo que compaginó como presidente en la sombra con Aguirre (2003-2012). Si los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no hubiesen traicionado al socialista Rafael Simancas en la que iba a ser su investidura, forzando la repetición de unas nuevas elecciones en las que el PP perdió 83.000 votos pero el PSOE 142.000, lo suficiente para que Aguirre arañara al PSOE dos escaños para gobernar con mayoría absoluta, puede que el PP de Madrid, otrora orgulloso laboratorio de ideas y campo de pruebas de la rama más neoliberal de Génova, no fuera la fosa séptica de corrupción en que se ha convertido. Un kilómetro cero de escándalos que tienen como grandes hits las tramas Gürtel y Púnica. Y a González como el último caso que se añade a la lista de nombramientos que a la lideresa le salieron “ranas”. “La charca está hasta arriba”, coinciden distintas fuentes en puestos estratégicos del PP nacional y madrileño.

Ingreso en prisión

El ingreso en prisión incondicional de González por el presunto desvío de fondos públicos para su enriquecimiento es el “último sapo que Aguirre se ha tenido que tragar”, interpretan en la junta directiva del PP madrileño, con el colmillo afilado pero también con regusto amargo y mucho hastío por el último golpe a las siglas.

El silencio de Aguirre

Los rumores sobre la posible dimisión de Esperanza Aguirre continúan arreciando, pero la actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid permanece callada, soportando presiones desde todos los flancos, incluidas las que proceden de su propio partido. Está reflexionando, porque es consciente del lastre que puede suponer para el grupo su continuidad en el puesto, indican fuentes próximas a la política. La detención del expresidente Ignacio González, "un mazazo" más duro del que sufrió con Francisco Granados, en palabras de Aguirre, parece haber cerrado el círculo, y la escapatoria para la política con 35 años de servicio a sus espaldas se adivina muy complicada. Hasta el momento había logrado mantenerse como dirigente popular, a pesar de los casos de corrupción que la atenazan personificados en sus exhombres de confianza. Aguirre quiso dar señales de una cierta normalidad el viernes, participando en la reunión del grupo popular del Ayuntamiento en la que se debatieron los temas del pleno de la semana próxima. Una calma ficticia empañada por los acontecimientos de una semana negra para la política, en la que también ha declarado como testigo en el juicio de la Gürtel.

Las chanzas por el fichaje de Aguirre como cazatalentos de la empresa Seeliger y Conde en 2013 están a la orden del día. El ingreso en prisión de Granados a finales de 2014 ha dejado de ser excepcional. González emuló a su enemigo íntimo esta semana. Las dos manos de Aguirre, la diestra y la siniestra, aguardan su futuro en el calabozo. Granados en la cárcel de Estremera. González, en la de Soto del Real.

Mientras, la crisis por la sobresaturación de casos de corrupción made in Madrid es de tal magnitud que las direcciones del PP nacional y autonómico comparten que el tiempo de Aguirre se acabó de forma definitiva. Y que, como último servicio al partido, debe renunciar como portavoz y concejal en el Ayuntamiento de la capital. Al último cargo que todavía ostenta tras la huida hacia adelante que emprendió hace cinco años.

En septiembre de 2012 dimitió entre lágrimas como presidenta de Madrid, semanas antes, casualmente, de que se presentaran los presupuestos más restrictivos en diez años y a los dos meses del tijeretazo de más de mil millones que la Comunidad de Madrid tuvo que hacer por los errores del consejero de Hacienda, Percival Manglano, al que Aguirre mantiene a su lado como edil.

En febrero de 2015 lo hizo como presidenta del PP regional. En este caso, por “la gravedad” de las acusaciones de financiación ilegal en su partido. Una ironía que el destino devolvió a Aguirre, la misma que en los años previos, ante las sospechas de financiación que rodeaban al PP en la etapa de su antecesor al frente del PP de Madrid, Pío García Escudero, esquivaba las acusaciones tarareando “Pío, pío, que yo no he sido…”.

Los diputados desertores del PSOE. Eduardo Tamayoo y María Teresa Sáez, durante un pleno en junio de 2003.
Los diputados desertores del PSOE. Eduardo Tamayoo y María Teresa Sáez, durante un pleno en junio de 2003. EL PAÍS

Aguirre, que siempre se ha amparado en que cuando era candidata a la comunidad en 2003 aún no dominaba el aparato, heredó a los alcaldes que protagonizaron el saqueo de recursos públicos que fue Gürtel. Quienes más despuntaron en la presunta sustracción de dinero de los contribuyentes habían accedido a sus puestos entre mediados y finales de la década de los años noventa del siglo pasado y los primera mitad de 2000. Cuando España iba bien y crecía y crecía al ritmo del ladrillo. La red que urdió Francisco Correa encontró un filón en el noroeste de la región de Madrid, con Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, en Boadilla del Monte o Jesús Sepúlveda, en Pozuelo de Alarcón.

Todos fueron seleccionados para las alcaldías, incluidas algunas de las más señeras del PP, durante la etapa de García Escudero, actual presidente del Senado, como presidente del partido en Madrid (1993-2004) y con Ricardo Romero de Tejada como secretario general desde 1996 hasta que le sucedió Granados con la elección de Aguirre.

Tejada, exconsejero de Caja Madrid y defensor de la legalidad de las tarjetas black, con las que gastó más de 210.000 euros, compaginó su puesto como número dos de PP con la alcaldía de Majadahonda (1989-2001). Le sustituyó Guillermo Ortega, otro de los alcaldes enfangados en Gürtel.

]Cuando actuó Aguirre, que se ha llegado a jactar de ser quien destapó Gürtel, era tarde. Las imputaciones de habituales cabezas de lista forzaron una renovación en las elecciones de 2011. Pero solo en parte. “Se renovaron de aquella manera, hubo alcaldes de los que había rumores en otras historias turbias que siguieron porque garantizaban victorias y votos”, explica un veterano del PP de Madrid, el de peor fama del país con permiso de los de la Comunidad Valenciana y Murcia.

“Alcaldes puestos por Tejada son los que han escrito la historia de Gürtel, y alcaldes puestos por Granados ya de secretario general son los que hicieron posible la Púnica”, sentencia una fuente del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que, como el resto de fuentes consultadas, pide el anonimato. En el periodo de Tejada y Granados como secretarios generales los populares controlaron, hasta el final de la burbuja inmobiliaria, enormes recalificaciones de suelo.

Aguirre tampoco aprendió de su primera gran decepción, Alberto López Viejo, al que fichó para su Gobierno pese a los rumores sobre su turbia actuación como concejal de limpieza en Madrid. Aunque afirmó en su comparecencia este jueves como testigo en el juicio de Gürtel que López Viejo no era de su confianza, antiguos empleados de su Gobierno afirman que era el “niño de sus ojos”. Pieza clave en el entramado montado por Correa —el Gobierno regional otorgó al menos 358 contratos entre 2004 y 2008 por un importe de tres millones—, López Viejo fue nombrado por Aguirre viceconsejero de Presidencia. En contra de la opinión de González. Años después le ascendió a consejero de Deportes.

Aguirre tampoco escuchó a González cuando le recomendó que no nombrara a Granados, primero consejero de Presidencia y después secretario general del PP. En 2012 González se cobró su venganza al ser elegido el nuevo secretario general. En las decisiones de Aguirre no pesaron los nubarrones que les cubrían a ambos. La mayoría absoluta del PP en las autonómicas de 2007, esta vez a la primera, despertó entre algunos la sensación de ser invencibles e intocables. Eso llevó al reto fallido de Aguirre a Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia de 2008 para liderar el PP.

Líneas rojas

En esa época las líneas rojas con instituciones y empresarios se volvieron difusas. O directamente desaparecieron. La condición de Arturo Fernández, que ostentó la presidencia de la patronal madrileña (2007-2014) y de la Cámara de Comercio (2010-2016), define aquellos años de esplendor en los que el empresario hostelero era conocido como el “noveno consejero” por su presencia cotidiana en la sede de la comunidad.

Cristina Cifuentes, con su victoria en mayo de 2015, intentó atajar esas prácticas. La lista a la Asamblea de Madrid, sin embargo, había sido controlada por la lideresa, que la había llenado de adeptos. La posterior dimisión de Aguirre como presidenta del PP derivó en una gestora presidida por la nueva presidenta de los madrileña. “Hemos tenido un año para gestionar la transición, para marcar distancias y demostrar que no somos lo mismo”, sostiene un alto cargo en la órbita de la dirección nacional. La actual presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid no repara en esfuerzos para forjarse una imagen moderna y regeneradora que empezó a cuidar como delegada del Gobierno (2012-2015).

De ahí, justifican en la Comunidad, la documentación que su Ejecutivo entregó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras detectar “anomalías”, según señaló el número dos de Cifuentes, Ángel Garrido, en las filiales del Canal de Isabel II en América Latina. “Hemos hecho lo que había que hacer”, afirmaba un miembro del Gobierno el jueves, durante un receso del pleno en el Parlamento regional. La oposición, del PSOE a Ciudadanos, sostiene sin embargo que Cifuentes no tenía más remedio si no querían arriesgarse a cubrir un posible delito, y recuerda que la ahora presidenta no es precisamente una recién llegada a la política madrileña.

El último capítulo de la saga corrupta de Madrid llegó el viernes, con el ingreso en prisión del expresidente Ignacio González. Una de las claves del auto es la financiación supuestamente ilegal del PP de Madrid.

Según el juez, Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, pagó a González una comisión de 1,4 millones por la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero. La empresa renunció a terminar la obra en 2010 cuando consideró que no tenía viabilidad económica. Baltasar Santos, alcalde de Navalcarnero por el PP entre 1995 y 2015, imputado en varias causas y famoso por su querencia a adornar con granito el pueblo, pretendía que la población, con 17.000 habitantes en 2005, aumentase hasta los 125.000 vecinos con la construcción de más de 20.000 viviendas.

Otro ejemplo más del salvaje sur de Madrid. Una muesca más de la sentina del PP de Madrid. De un partido fracturado. Abierto en canal. Por el Canal. La joya de la corona de Madrid. Y la causa de las lágrimas de última hora de Esperanza Aguirre.

De empresa modélica a cloaca

La trayectoria de Ignacio González está ligada al Canal de Isabel II. En vez de la tradicional jarra de agua, un par de botellitas con el logotipo de la empresa pública pasaron a ser fijas en las comparecencias de su Gobierno. Esperanza Aguirre e Ignacio González plantearon la privatización parcial de la sociedad (49%) en 2008. La intención era sacar a bolsa casi la mitad del accionariado en febrero de 2012 e ingresar 1.050 millones. Las “condiciones de los mercados” hicieron cambiar de opinión al Gobierno madrileño, que se dio de margen hasta 2016. La sucesora de González, Cristina Cifuentes, se comprometió en cambio por escrito, en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, al “mantenimiento de la titularidad pública del 100% del Canal”. También recuperó las jarras de agua.

El Canal de Isabel II Gestión, sociedad anónima creada en junio de 2012, es la encargada del suministro de agua en la región. Está participada en un 82,4% por el ente público Canal de Isabel II. El 17,6% restante depende de 111 de los 179 municipios de Madrid. La empresa es una máquina de hacer dinero (230 millones de beneficio en 2015, un 2,8% más que en 2014).

José Manuel Franco, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, aventuró en marzo de 2016 la desgracia que se cernía sobre el PP. “Ustedes pasarán a la historia por haber convertido una empresa pública modélica en algo parecido a una cloaca, donde la corrupción está a la orden del día”, lanzó a la bancada del PP. Ya entonces había constancia de contratos “bajo sospecha”. “Todos los indicios apuntan a que se dedicaban a financiar irregularmente al PP”, dijo Franco. Meses después, Cifuentes movía ficha con la fiscalía.

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