González reclamó dinero a empresas para la campaña del PP en 2011

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La investigación judicial apunta a que el Gobierno de Ignacio González utilizó presuntamente a su empresa pública ICM (agencia informática de la Comunidad de Madrid, con presupuestos anuales de hasta 150 millones de euros) para financiar al partido. La dinámica era supuestamente la siguiente: ICM adjudicaba contratas ficticias a otras empresas, por importes muy elevados, a cambio de que estas hiciesen llegar por la puerta de atrás al PP gran parte del dinero de la falsa adjudicación. En connivencia, simulaban servicios que no se hacían mediante facturación ficticia, según fuentes cercanas a la investigación. De esta forma, el partido se aseguraba un colchón económico en dinero negro para sus actividades electorales y otros asuntos.

Así, la Operación Lezo, que provocó el pasado miércoles la detención de González y otras 11 personas, se extiende presuntamente más allá del supuesto desvío de fondos del Canal de Isabel II para beneficiar al político y su entorno personal y familiar. El hermano y el cuñado de González están entre los detenidos, y el padre del expresidente está imputado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron este jueves al menos a seis empresas para hacer registros o requerimientos de información “muy concretos y específicos”, según fuentes cercanas a la investigación, sobre diversos contratos firmados con el Gobierno regional madrileño ante la sospecha de que los mismos presentan sobrecostes que han servido para financiar al partido.

A lo largo del día, los agentes acudieron con dichos requerimientos de información a las sedes de Indra, OHL, Saerco, PwC y Licuas. En el caso de la primera, la UCO recabó toda la documentación existente de los contratos firmados desde 2007 entre esta compañía y la Comunidad de Madrid, en la mayoría de los casos a través de ICM. No es la primera vez que las relaciones entre este organismo e Indra son investigados por el juez Velasco. En el caso Púnica se detectó el supuesto pagó por parte de la empresa de trabajos para mejorar la reputación online de Ignacio González. Por ello, en esta causa están ya imputados dos altos directivos de Indra y José Martínez Nicolás, jefe de ICM, también detenido ahora en la Operación Lezo.

Deudas electorales

Nicolás está siendo investigado por el supuesto desvío de 700.000 euros utilizados por González cuando asumió la secretaría regional del PP para pagar deudas de las elecciones de 2011, las últimas ganadas por Esperanza Aguirre y en las que él repetía como número 2. La UCO también se llevó de Price Waterhouse los contratos de esta consultora con ICM. En este caso, todos ellos estaban centralizados en uno de los socios.

En el caso de OHL, la Guardia Civil acudió con un requerimiento para que le entregaran la documentación relacionada con el contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid en 2007 para la construcción del tranvía que debía unir las localidades madrileñas de Navalcarnero y Móstoles, un proyecto paralizado desde hace años por las discrepancias surgidas entre la constructora y la Administración regional. Los investigadores buscan datos sobre el supuesto pago de una comisión a través de una filial mexicana de OHL que transfirió 1,4 millones a cuentas suizas que se sospecha estaban a nombre de presuntos testaferros de Ignacio González.

La última empresa a la que la UCO retiró documentación este jueves fue Saerco, dedicada a la gestión de aeropuertos. Fue creada en abril de 2010 por Idelfonso de Miguel, quien hasta nueve meses antes había sido el director gerente del Canal de Isabel II, epicentro de la Operación Lezo. Saerco recibió el primer contrato a los seis meses de constituirse y durante los Gobiernos de Aguirre se benefició de créditos preferentes destinados a la innovación. A estas empresas se suman los requerimientos de información ya efectuados en Urbaser, antigua filial de ACS, y Auditel el pasado miércoles, el día de las detenciones de González y otras 11 personas. A Urbaser acudió de nuevo este jueves la Guardia Civil a requerir documentación, según fuentes de la propia compañía.

La jornada se completó con el registro de Licuas, una empresa que ya se vio salpicada por el caso de los papeles de Bárcenas. El juez tomará declaración a lo largo de hoy a cinco detenidos, entre ellos Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino.