El juez investiga al presidente y al director de ‘La Razón’ por coacciones a Cifuentes

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El periodista Francisco Marhuenda, director del diario La Razón, y Mauricio Casals, presidente del mismo medio, han sido imputados en la Operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de Madrid, según han confirmado fuentes jurídicas. Ambos han sido citados por el juez Eloy Velasco para declarar hoy. Este miércoles, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían detenido a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón y durante años el “hombre de confianza en Latinoamérica” de Ignacio González cuando este presidía el Canal.

Fuentes de la investigación apuntan a que Marhuenda y Casals presuntamente presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciara las irregularidades detectadas por una auditoria realizada por su Ejecutivo en el seno del Canal de Isabel II y en las que estaba presuntamente implicado Rodríguez Sobrino. EL PAÍS intentó este miércoles contactar con los implicados para recabar su versión de los hechos, pero fuentes del Grupo Planeta, editor de La Razón, han declinado hacer ningún comentario. No obstante, Marhuenda, en declaraciones a Elplural.com, calificó de “una cosa de locos” y un “disparate” las acusaciones que pesan sobre él. El director de La Razón insistía este miércoles en que su rotativo “se ha caracterizado por defender al PP y a Cristina Cifuentes” y que él mismo lo había hecho en las tertulias de televisión y radio a las que acude.

El juez imputa a Marhuenda y a Casals un delito de coacciones del artículo 464 del Código Penal, que prevé penas de hasta cuatro años de prisión para el que “con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal”.

El origen de la imputación de Marhuenda y Casals está en los pinchazos telefónicos realizados en el transcurso de la Operación Lezo a Edmundo Rodríguez Sobrino. En los mismos se escucha a este tratar con ambos diferentes actuaciones para frenar la decisión de Cristina Cifuentes de acudir a la Justicia a denunciar la compra por parte del Canal de Isabel II de una empresa brasileña por un precio que solo un mes después de la adquisición se demostró excesivo. En dicha operación bajo sospecha había jugado un papel clave Inassa, la filial sudamericana del Canal que entonces presidía Rodríguez Sobrino.

Según fuentes cercanas a la investigación, en dichas conversaciones los tres hablan, entre insultos a la presidenta de la Comunidad y su equipo, de utilizar las páginas del diario para atacar a la política si continúa adelante con su decisión de denunciar las irregularidades detectadas. Incluso hablan de publicar noticias falsas con el único objetivo de perjudicar la imagen de la política. El juez Eloy Velasco, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, considera dichas conversaciones indicios suficientes del presunto intento de ambos por obstaculizar la investigación judicial con el único objetivo de lograr la impunidad del consejero delegado de la empresa editora de La Razón.