Adolescentes para robar y casarse
Presionada por Europa, España no reguló hasta 2015 la trata con fines delictivos y para matrimonios forzados, donde el 70% de las víctimas son menores
Cuando la ayuda llegó, Ionela ya había pasado por la cárcel. La Policía hacía tiempo que la tenía fichada por robar en tiendas de ropa y, tras varias detenciones, acabó condenada a 13 meses de prisión. Fue justo antes de que las autoridades la expulsaran del país. Aunque, poco después de salir de España, regresó al único mundo que conocía como adulta: a Madrid, donde acabó encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital. Allí la encontró la ONG Proyecto Esperanza. Y la liberó. Porque Ionela, que tenía entonces 22 años, no había cometido los delitos por propia voluntad. La había obligado una red de tratantes, que la trajo engañada a la Península; y que la mantuvo coaccionada y amenazada para que delinquiera para ellos. Una práctica que en España no empezó a perseguirse hasta 2015, cuando se reformó el Código Penal tras años de presiones de Europa.
"No se puede castigar a estas víctimas de trata por los delitos que han comentido por su condición, precisamente, de víctimas de trata", apunta Enrique López Villanueva, de la oficina del Relator Nacional para la Trata de Seres Humanos. "Todo lo que Ionela obtenía de los robos se lo quedaba el matrimonio que la estaba forzando", apunta Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza, que recuerda cómo la pareja llegó, incluso, a prostituir a la joven: "Se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad. Venía de un entorno pobre y había vivido en orfanatos de Rumanía desde muy pequeña".
Pese a que la explotación sexual y la laboral son los fines más habituales de la trata de seres humanos, también existen otros tipos. Según un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio de Interior, las fuerzas de seguridad españolas detectaron 20 víctimas de trata para actividades delictivas —lo más habitual, robos—, matrimonios forzados y mendicidad entre 2015 y 2016. El 70% de ellos era menor de edad. "Hablamos de adolescentes a los que maltratan y arrebatan toda dignidad", relata un alto mando de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil: "En los matrimonios forzados, coaccionan a las mujeres para que se queden con las familias de sus maridos. E, incluso, las fuerzan para mantener relaciones sexuales y para que trabajen".
Como a Marta, a la que querían obligar a casarse con 16 años. Por tercera vez. Porque ya había contraído matrimonio otras dos. La primera, con solo 12 años. "Su madre biológica y su padrastro, de nacionalidad rumana, se dedicaban a concertar los enlaces a cambio de una dote, que le servía para obtener ingresos", relatan fuentes de la Policía Nacional, que detallan cómo, después de que los distintos esposos "repudiaran" a la joven, los progenitores volvían a poner en marcha el plan para ganar dinero. Hasta que los detuvieron el pasado marzo en Córdoba.
"Un menor no va a asumir que es una víctima. Es lo que ve. Lo que vive. Piensa que ese es su rol", explica López Villanueva. Marta, por ejemplo, que tuvo un hijo con uno de sus maridos, no fue consciente de su situación hasta que se la contó a otros adolescentes de su misma nacionalidad a través de varias redes sociales. Estos le animaron a denunciar, según relatan los investigadores.
El 80% son mujeres
El informe del CITCO resalta que la mayor parte de las personas identificadas como víctimas de estas modalidades de trata en España proceden de países de Europa del Este: Rumanía, Bosnia y Bulgaria, principalmente. El 80% son mujeres.
"Las reformas de 2010 y 2015 del Código Penal cumplen con las exigencias internacionales al haber tipificado la trata para matrimonios forzados y para la comisión de actividades delictivas. Sin embargo, en la práctica, se constata una necesidad de mayor diligencia incriminatoria a la hora de identificar y perseguir delitos", denuncia Proyecto Esperanza, que opina que solo se detecta la punta del iceberg de estos casos: "Un estudio de la Universidad de Lleida arrojó que, de 45 mujeres que estaban cumpliendo penas de prisión en dos centros penitenciarios, diez habían cometido los delitos obligadas como víctimas. No habían sido identificadas por el sistema".
