5.600 víctimas de esclavitud afloran en España tras los cambios legales
Los datos de personas liberadas en cinco años, tras la introducción del delito de trata en 2010, dan la primera gran fotografía del fenómeno
Un total de 5.695 personas han sido liberadas en España por las fuerzas de seguridad de su esclavitud, como víctimas de trata y por explotación sexual o laboral principalmente, de 2012 a 2016, según Interior. Tras los cambios legales de 2010 y 2015, que han dado impulso a la lucha contra esta lacra, es la primera fotografía fiel de un fenómeno muy ignorado. Un negocio que ya casi supera al tráfico de droga y al de armas, según el Relator Nacional para la Trata de Seres Humanos. Solo en 2016 se estimaron en 23.846 las personas en situación de riesgo, y en el caso de la explotación sexual la mayoría estaban en clubes de alterne. Los expertos coinciden en que la situación no cambiará si no se afronta un debate serio sobre el proxenetismo en España.
En 2000, recuerdan en la Fiscalía, no hubo un solo caso de violencia de género en Madrid, pero eso no quería decir que no existiera el problema. Simplemente no había voluntad de verlo ni los instrumentos adecuados. La ley de 2004 cambió de golpe la realidad, porque la sacó a la luz. Con la trata de seres humanos, esclavitud pura y dura en forma de explotación sexual o laboral principalmente, está ocurriendo lo mismo. Empujada por la UE —el convenio de Varsovia es de 2005— y la preocupación mundial, España introdujo el delito por primera vez en el código penal en 2010. Otra reforma en 2015 afinó la mira con nuevos supuestos. El resultado de esta lenta maniobra de sensibilización, que aglutina a fuerzas de seguridad, fiscales, jueces y ONG, se refleja en un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del ministerio de Interior, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Por primera vez fotografía el fenómeno con una perspectiva de cinco años y revela lo invisible que está ante nuestros ojos. Y es brutal: 4.430 víctimas de trata y explotación sexual, o solo de este segundo delito, de 2012 a 2016. Si se suman las de explotación laboral, perseguida con más ahínco desde 2015, ascienden a 5.675 personas. Y 20 más son de otros tipos de trata. Solo en 2016, el dato más reciente, el total de víctimas suma 1.046.
Cada caso es una historia de terror, y hay algunas sentencias estremecedoras. Además de la exigencia de la deuda contraída con el viaje, que a menudo nunca termina de saldarse, siempre hay un componente de violencia y amenaza que aprisiona a las víctimas y les impide pedir ayuda. Están aisladas y a menudo no hablan español. En Figueras, la hermana del tratante custodiaba al bebé de una mujer rumana, obligada a prostituirse en una rotonda de La Junquera. En otro caso, el delincuente mandó al niño de tres años de la víctima a Ibiza y solo se lo dejaba ver por Skype si mandaba el dinero. En el drama de las nigerianas, el viaje por el desierto puede durar más de un año, las violan por el camino, quedan embarazadas y luego les quitan el niño. En otros casos el chantaje es con amenazas a la familia que queda en el país de origen. Han llegado a quemarles la casa, dar palizas o incluso al asesinato.
Son especialmente graves los casos de menores halladas en clubes de alterne y pisos. "Cada vez acogemos más menores, o muy jóvenes, que lo eran cuando fueron captadas", advierte Marta González, directora de Proyecto Esperanza, una de las principales ONG que ayuda a rescatar víctimas. La protección de menores víctimas de trata es otro punto débil del sistema. No hay centros de acogida específicos para ellos y que sea un asunto de competencia autonómica genera disfunciones. Igualmente sobrecogedores son los casos de víctimas discapacitadas: hace unos meses la Policía rescató en un piso de Madrid a una chica con deficiencia mental tras saber de su existencia por los comentarios jocosos de un foro de usuarios de prostitución en Internet. En 2012, una víctima rumana que logró escapar y fue de nuevo capturada acabó atada a un radiador, rapada al cero y con un tatuaje en la muñeca que le recordaba su precio, con un código de barras. La mostraban a sus compañeras de piso para que vieran lo que les podía ocurrir.
Esclavitud en España en 2017
EL PAÍS inicia una serie de reportajes sobre la trata de seres humanos, un fenómeno ignorado, pero de preocupación mundial. Los expertos exigen a los políticos un debate serio sobre la persecución del proxenetismo. Durante toda la semana, este diario publicará más de una decena de reportajes y entrevistas para abordar este drama desde numerosas perspectivas. Para proteger su identidad, los nombres de las víctimas son ficticios.
La trata, que a nivel internacional aparece formalmente en escena en la convención de la ONU de Palermo de 2000, implica una captación con engaño, un traslado a otro país o lugar y una finalidad de explotación final con supresión de libertad. Incluye formas menos conocidas, como la explotación laboral, aún subestimada. La lucha contra ella en España apenas ha comenzado, sufre lagunas legales y ya está destapando escenarios insospechados. En este caso las víctimas suelen ser hombres, de la agricultura, a talleres textiles, restaurantes, locales de kebab o wok, y con mujeres, en bares y servicio doméstico. Solo en estos dos años han sido arrestadas 534 personas, pero los expertos detectan problemas de definición legal: "La ley requiere una reforma profunda que clarifique conceptos, es muy difícil determinar lo que es explotación laboral pura y dura y lo que son condiciones por debajo de las normas. Se actúa y hay sentencias, pero se requiere mayor claridad legislativa. Es una finalidad de la trata sin definir", afirma Enrique López Villanueva, de la oficina del Relator Nacional contra la Trata, figura creada en 2014. Las otras formas de trata introducidas en 2015, más reducidas pero también muy difíciles de perseguir, son para la comisión de delitos, como hurtos o droga, la mendicidad, matrimonios forzados y tráfico de órganos.
No obstante, la trata con fines de explotación sexual es mayoritaria de forma abrumadora, y sus víctimas son mujeres en un 96 % de los casos. Rumanas, chinas y nigerianas son las nacionalidades más frecuentes de las víctimas, con modalidades de engaño que varían en cada caso. El lover boy en el caso rumano, un chico que seduce a la víctima con la promesa de una vida mejor, o el vudú en las nigerianas, por increíble que parezca. Siempre se repite el mismo relato: los tratantes cierran el acuerdo en el pueblo de la víctima con un ritual mágico, en el que se quedan con un paquetito con su nombre. Contiene restos de pelo púbico, uñas o de sangre menstrual y sella que es de su propiedad. Este mecanismo es suficiente para aterrorizar a las víctimas e impedirles denunciar. Entran en juego grandes diferencias culturales. E incluso las víctimas no son conscientes de serlo. Pero los estereotipos ocultan un dato más: hay muchas víctimas de trata españolas, algunos años ocupan incluso las primeras posiciones por nacionalidades, y cada vez es más frecuente la trata doméstica, dentro del país.
¿Por qué esto no se para? Según la docena de expertos consultados, porque es un negocio y porque a los políticos no les interesa. En España hay 1.700 clubes de alterne que mueven 5 millones de euros al día, datos policiales, además del dinero de publicidad, periódicos incluidos. "La trata no se puede desvincular de la explotación final. Por eso depende de cómo se regule el delito final: si el proxenetismo es libre es un paraíso para los tratantes. No se puede perseguir con eficacia la trata sin prohibir el proxenetismo", sentencia Joaquín Sánchez Covisa, fiscal de sala de extranjería y uno de los magistrados de referencia en este campo.
Los máximos responsables del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil contra la trata, fiscales y jueces especializados, las ONG que trabajan con víctimas, coinciden en opinar que habría que prohibir el proxenetismo, que nadie se pueda lucrar de la prostitución de un tercero. En España cualquiera puede vivir de la prostitución de otra, solo se castiga cuando hay violencia, coacción o una situación abusiva, pero es casi imposible de probar si la víctima no denuncia. Y es muy difícil que lo hagan. Las investigaciones son complejas, requieren cooperación internacional y se apoyan en escuchas.
El pasaporte como arma de sumisión
En este sistema esclavista diseñado por las redes, los pasaportes desempeñan un papel fundamental. Para someter todavía más a las víctimas, los tratantes se los arrebatan. Y dejan a las mujeres, por tanto, aún más indefensas. Porque se quedan indocumentadas en un país desconocido, al que llegan solas y del que, muchas veces, no saben ni el idioma. “A aquellas que vienen por vía aérea, por ejemplo, se lo quitan al principio del viaje y solo se lo dan para pasar el control policial en los aeropuertos. Una vez lo atraviesan, se lo vuelven a hurtar”, explica un alto mando de las fuerzas de seguridad, que añade que es habitual que algún integrante de la red acopie los pasaportes. “Muchas veces, cuando entramos en algún club, nos encontramos con que uno de los sospechosos guarda los de todas en una caja fuerte”, remachan fuentes policiales.
Todo, por un negocio ilícito que mueve millones y en el que la falsificación también hace su aparición. Una parte de las víctimas accede a España con pasaportes fraudulentos. “Un buen documento falso le cuesta a estas redes entre 5.000 y 6.000 euros”, detalla un mando de la Brigada Central de Falsedades Documentales de la UCRIF. Un alto coste que tratan de rentabilizar lo máximo posible. Así que los tratantes reutilizan estos pasaportes y los usan reiteradamente para pasar a distintas mujeres. “En este mundo, Bangkok (Tailandia) es La Meca. Allí es donde se fabrican gran parte de estos documentos falsos. Aunque, en África, ese papel lo tiene Nigeria”, apostillan fuentes policiales, que concluyen: “Por su parte, las víctimas chinas suelen entrar con pasaporte de Japón”.
"Es absurdo pensar que es libre una mujer que trabaja 24 horas y al cabo de un año no tiene cuenta, ni dinero, ni propiedades, ni paga el alquiler del piso en el que vive, ni puede rechazar un cliente", explica Beatriz Sánchez, la fiscal que en 2012 logró condenar al capo rumano Ioan Clamparu, Cabeza de Cerdo, el mayor proxeneta de trata de Europa. Le cayeron 30 años. Opina que el sistema está muy por detrás de los tratantes en cuanto a medios y presupuesto, y que los recursos de protección de víctimas y testigos son muy deficientes.También en algunos casos son problemáticos los intérpretes lingüísticos, cuando víctimas o sospechosos hablan en dialectos de sus países de origen.
Lo cierto es que ante algunos casos flagrantes basta el sentido común y una sensibilidad media: "¿Te puedes creer que una paraguaya que no habla castellano, solo guaraní, va a venir porque quiere a un piso de Bilbao donde vive encerrada las 24 horas?", expone otro fiscal. Con todo, los cuerpos policiales realizaron en 2016 más de 2.500 inspecciones en lugares de prostitución, el 73 % en clubes. De 2012 a 2016 arrestaron a 3.000 personas por trata y explotación sexual, y desarticularon 277 grupos criminales.
La última reforma del código penal en 2015 estuvo a punto de castigar el proxenetismo totalmente, lo que hubiera significado el cierre de clubes e incluso prohibir la publicidad erótica. El texto pasó en el Congreso, pero en el Senado una mano, la del Partido Popular, retocó el texto y asoció el proxenetismo al concepto de explotación, que abre un margen de interpretación y sigue dificultando la prueba. Se introdujo la "vulnerabilidad" de la víctima como un criterio más de limitación, pero sigue siendo muy vago, aunque las fuerzas de seguridad están usando esta vía en sus operaciones, a la espera de que el Supremo se manifieste.
"En gran medida es un problema de demanda. Mientras no la atajemos no acabaremos con el problema. No digo prohibir o legalizar, hay que regular, legislar. Los proxenetas se aprovechan del vacío legal", apunta Enrique López Villanueva, de la oficina del Relator Nacional contra la Trata. "Cierras un club por trata, reabre a los dos días y vuelve a tener clientes", confirma María Gavilán, jueza sustituta de la comunidad de Madrid, especializada en este tema, de la Asociación de Mujeres Juezas Españolas (AMJE). Una directiva de la UE de 2011 indica expresamente a los países miembros que deben estudiar la posibilidad de medidas para criminalizar el uso de servicios de víctimas de trata. Muchos expertos plantean que la trata necesitaría una ley integral, como la de violencia de género, para afrontarla con eficacia, aunque es un punto de discusión.
Villanueva toca otro tema tabú: España es un destino de turismo sexual, "aunque no es algo que se reconozca ni es un tema fácil de abordar". Por ejemplo, los clubes de La Jonquera, en la frontera con Francia, constituyen el mayor prostíbulo de Europa. "Se ha avanzado muchísimo a nivel normativo, pero en la práctica hay dificultades, queda mucho por avanzar en sensibilización, y sería importante que también llegara al poder judicial", observa Marta González, de Proyecto Esperanza. La cooperación entre fuerzas policiales y ONG que trabajan sobre el terreno ha dado un salto enorme, con una instrucción específica de junio de 2016, y los fiscales también están muy formados. La especialización de profesionales y la concienciación colectiva son decisivas, porque el gran paso es saber identificar los casos de trata cuando se tienen delante.
Es difícil recabar la opinión de los clubes de alterne. En el pasado existió una asociación de empresarios de estos locales, llamada ANELA, pero ya no está activa y actualmente no hay una organización como tal que represente a este sector. Si puede ser representativo, uno de ellos ha aceptado hablar, y él mismo aclara que su opinión no es en absoluto representativa: “Puede extrañar, pero yo estoy a favor de la abolición del proxenetismo y la prostitución. Sin embargo, siendo realistas, no creo que se vaya a acabar y mientras tanto creo que se debe regularizar y que no exista un vacío legal, del que se aprovechan las mafias”, dice Alberto Martínez, que tiene tres clubes en Barcelona, va abrir uno en Madrid y lleva 20 años en este negocio. En Cataluña la prostitución está regularizada en parte, los clubes deben tener licencia y están en un registro. Está a favor de llevar una actividad “limpia y transparente”, pero asume que en este negocio hay mafias y malas prácticas. “La imagen del sector es muy negativa, es así, comprendo que nos metan a todos en el mismo saco”, acepta.
"España es el tercer país en demanda de prostitución, según la ONU, detrás de Tailandia y Puerto Rico, la clave es la demanda", insiste Rocío Mora, directora de Apramp, otra de las ONG de referencia. Para ella es una obviedad que "son muy pocas las mujeres que se prostituyen, que están ahí porque quieren, la inmensa mayoría son víctimas de trata o explotación sexual". Enumera indicios de que detrás de esas chicas hay una organización: viven encerradas en pisos o clubes donde comen y cenan, e incluso a las que están en la calle les llevan la comida y la leña para las fogatas. "Hay mujeres que a la hora de llegar al aeropuerto ya aparecen en la calle Montera de Madrid y no saben ni en qué ciudad están", denuncia. Apramp tiene equipos, formados por supervivientes de trata, que recorren las calles en busca de víctimas: en 2016 rescataron a 1259, que entraron en sus programas para rehacer su vida.
Katy, nombre ficticio de una superviviente de trata brasileña, que ahora trabaja para Apramp: "Piensas que un día terminará, pero la deuda no baja, solo sube. Yo he generado dinero como para tener una vida acomodada, pero te lo roban. Y estás sola, en este oficio no hay amigos. Es raro que un cliente tenga sensibilidad. Te dicen: 'No quiero escuchar problemas, para eso me quedo con mi mujer'. Es muy raro que una mujer esté en esto porque quiere. El oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, es mirar para otro lado".
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