Los últimos informes del ‘caso Púnica’ amenazan a seis cargos públicos del PP

Pedro Antonio Sánchez no ha sido el primer cargo público salpicado por el 'caso Púnica' ni será el último. Antes que él ya tuvieron que dejar su puesto concejales, alcaldes, parlamentarios regionales y consejeros de gobiernos autónomos. Los últimos informes de la Guardia Civil sobre las supuestas irregularidades apuntan a que la lista seguirá creciendo. Varios documentos policiales incorporados en los últimos meses al sumario señalan como presuntos autores de delitos a una senadora, a un diputado autonómico valenciano, a otro de la Asamblea de Madrid, a un alcalde de esta última comunidad y a dos concejales.

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Una de ellas es la senadora Pilar Barreiro, cuya condición de aforada obligará al magistrado de la Audiencia Nacional a seguir el trámite judicial que acaba de realizar para el ya expresidente de Murcia: elaborar una exposición razonada para que, en este caso, sea el Tribunal Supremo quien la investigue. Incluida en la misma pieza separada del sumario que ha puesto contra las cuerdas a Pedro Antonio Sánchez, fuentes jurídicas apuntan a que este hecho se producirá “en breve”. En uno de sus últimos autos, el juez Velasco la considera autora de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por el supuesto desvío de fondos públicos cuando era alcaldesa de Cartagena para pagar a la trama una campaña personal de reputación ‘online’. La Fiscalía Anticorrupción detallaba en un reciente informe decenas de “sólidos indicios” contra ella, entre ellos cuatro facturas supuestamente manipuladas para justificar el pago de 4.840 euros.

También los trabajos para limpiar la imagen en Internet de un político son lo que acorrala a Víctor Soler, parlamentario del PP en las Corts valencianas. En su caso, el beneficiado era el entonces alcalde de Gandía, el popular Arturo Torró, quien dimitió tras saltar a la luz su presunta relación con la red de corrupción. Soler, sin embargo, conserva su cargo de concejal en esta localidad valenciana y su escaño en la cámara regional pese a que un informe de la Guardia Civil del pasado 17 de noviembre le señala como presunto autor de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos. Los investigadores le consideran "el interlocutor directo” con el experto informático Alejandro de Pedro “en la determinación de los trabajos reputaciones a realizar [para Torró] y la manera de sufragarlos".

El informe policial destaca que estos servicios fueron facturados con cargo a las arcas municipales "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses", pero que en 2013 surgió "una discrepancia" con De Pedro que hizo que este dejara de recibir dinero y, en consecuencia, decidiera dejar de trabajar para el regidor. Soler fue quien buscó "una fórmula de pago" que supuestamente incluyó que un constructor se hiciera cargo de la deuda por "los trabajos pasados y futuros" del entonces alcalde de Gandía.

También parlamentario regional, aunque en la Asamblea de Madrid, es Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares. Es precisamente por su gestión al frente de este consistorio por lo que este político, considerado muy cercano a Esperanza Aguirre, figura citado en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Púnica en septiembre. En concreto, por su presunta participación en el supuesto amaño para adjudicar un contrato millonario de eficiencia energética a la empresa Cofely. El documento policial destaca que el constructor David Marjaliza aseguró en su confesión ante el juez Velasco que se había acordado el pago de 60.000 euros a Bartolomé González, aunque no recordaba si se le llegó a pagar. Los agentes han localizado una factura falsa por esta cantidad supuestamente destinada a generar dinero negro con el que abonar la mordida, además de un correo electrónico enviado por uno de los implicados de la trama en el que se cita al “alcalde Bartolomé”. Este contrato también afecta a un concejal del PP en este Ayuntamiento, Marcelo Isoldi, al que la Guardia Civil relaciona con la misma adjudicación a dedo.

Los dos últimos cargos públicos señalados por informes de la UCO pertenecen al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Brunete (Madrid). Se trata del alcalde, Borja Gutiérrez, y de la concejal Ana Cristina Gil. Ambos ya han declarado ante la Guardia Civil. El primero, como presunto autor de los delitos de fraude y cohecho. Su compañera, por fraude. Los investigadores les relacionan con el supuesto amaño frustrado de un contrato de eficiencia energética de 8,9 millones de euros en este municipio de 10.000 habitantes. En su confesión, Marjaliza aseguró que la trama iba a pagar a cambio una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio de gestión energética. Las pesquisas posteriores revelaron que la Púnica también iba a correr con el coste de unos conciertos de las fiestas patronales. El informe policial, fechado el 14 de diciembre, implica en estos hechos a otras nueve personas, la mayoría directivos de Cofely.