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El ‘caso Arrabal’ aviva el debate político sobre la muerte digna

El Congreso de los Diputados debatirá sobre la eutanasia por primera vez

Los principales partidos, salvo el PP, rectifican lentamente sus posiciones y aceptan debatir sobre la eutanasia, bajo el impacto del caso de suicidio que publicó ayer EL PAÍS. Por un lado, el Congreso debatirá sobre este asunto en el trámite de enmiendas parciales de la proposición sobre muerte digna admitida a trámite recientemente. El PSOE, que hace un mes se abstuvo en el pleno del Congreso de una proposición de Podemos con el argumento de que la sociedad no está preparada, ahora acepta incluir el debate en su proceso de renovación interno, aunque quiere que sea de forma sosegada.

José Antonio Arrabal, el pasado domingo en su casa de Alcobendas.

El Congreso tendrá que debatir sobre la eutanasia. Será la primera vez que lo haga la Cámara baja, al menos sobre el articulado de una proposición de ley en trámite parlamentario. Unidos Podemos tiene previsto presentar como enmiendas parciales un texto en el que se regula el derecho al suicidio asistido y la eutanasia.

El 21 de marzo el Congreso rechazó una proposición que defendió la diputada de Izquierda Unida (dentro de Unidos Podemos) Eva García Sempere en la que se regulaba la eutanasia. Siete días después el pleno sí aprobó una de Ciudadanos sobre muerte digna que excluye la eutanasia.

Ahora se abre un plazo de enmiendas parciales para que la Comisión de Sanidad debata el texto de Ciudadanos. Será en ese momento cuando Podemos presente como enmiendas parciales casi toda su proposición de ley rechazada. En principio, la traslación directa de los votos de entonces hace muy difícil que salga adelante la propuesta sobre eutanasia y suicidio asistido, mientras que es probable un acuerdo para que avance la propuesta de Ciudadanos, que ya tuvo el voto de PP y PSOE. Es posible que en esa tramitación se pida la comparecencia de expertos, lo que amplificaría el debate.

La legislación para los últimos momentos

Suicidio.  En España no es delito (no se persigue a quien lo intenta sin conseguirlo), pero sí lo es ayudar a llevarlo a cabo. Es el caso de José Antonio Arrabal. 

Suicidio médicamente asistido. Cuando un sanitario receta o facilita medicación para quitarse la vida de la forma más incruenta posible. Es delito en España, pero no en Suiza, donde un agujero legal lo permite (por eso tiene ahí su sede la organización Exit). También se permite en zonas de EE UU.

Eutanasia. Consiste en que un profesional sanitario aplica directamente la medicación letal a un paciente terminal que lo ha pedido reiteradamente. En España se equipara a un homicidio, pero es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, algunas partes de EE UU y Australia.

Sedación terminal. Es una buena práctica médica que consiste en tratar los síntomas (dolor, ahogos, ansiedad) con todo el arsenal cuando ya el enfermo está en estado terminal. Para ello se le da toda la medicación necesaria para evitar el sufrimiento, aunque ello suponga dejarle inconsciente y acortar la agonía.

La discusión está abierta en el PSOE con mucha más intensidad de lo que se trasluce. Y no hay acuerdo para regular de inmediato la eutanasia y el suicidio asistido, pero sí para no eludir tan delicado asunto y tratarlo en el congreso de su partido. Sí lo hay para impulsar la ley de muerte digna. “Con la ley de muerte digna, que es imprescindible, se solucionan muchos casos pero no todos”, señala a EL PAÍS, Gregorio Cámara, diputado socialista y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. “Los socialistas queremos abrir el debate pero de manera sosegada, teniendo en cuenta a los partidos políticos, a la sociedad, a los sectores jurídicos, y sanitarios para alumbrar una ley equilibrada”. El debate “se tiene que abrir necesariamente y se va a hacer”, asegura.

En el PSOE será tema de discusión en su congreso de junio. La ponencia política ha dejado abierto el debate para que los militantes presenten enmiendas. Debate sosegado para “tejer un consenso”, primero dentro, y, después, fuera del partido.

¿Cómo cambiaría el caso de José Antonio Arrabal si estuviera vigente la ley propuesta por Unidos Podemos? “Radicalmente”, contesta la diputada Eva García Sempere. “De tener que tomar una decisión de manera clandestina; de no poder decidir la fecha de la muerte, porque la tiene que adelantar para poder hacerlo; de tener que hacerlo en soledad para que la familia no se vea comprometida a tener una ley que le garantizaría que fuera cuando él quisiera, no solo cuando pudiera hacerlo; que le permitiría poder estar rodeado de toda su familia, a la cual no comprometería... Se podría ir de forma mucho más digna”, explica.

Con la eutanasia como derecho reconocido, sería la sanidad pública —y sus facultativos— la que habría supervisado el proceso y facilitado el cóctel de fármacos que acabó con la vida de Arrabal, en lugar de tener que conseguirlos por Internet con el riesgo que eso conlleva.

El debate sobre la eutanasia es complicado para el PP, aunque de entrada este partido se posicionó rápidamente en contra de su regulación cuando lo propuso Podemos. El asunto es conflictivo hasta el punto de que se evitó en gran medida durante el reciente congreso nacional, aunque al final se incluyeron dos párrafos en un apartado de la ponencia social que dirigió Javier Maroto. La posición oficial del partido se fijó así de manera genérica en la necesidad de dar a las personas el derecho a tener “una atención completa en el proceso de morir”. Y esa expresión es la clave que diferencia las tesis del PP frente a la eutanasia. Una de las impulsoras principales de este debate en el PP es la diputada y portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid, Regina Plañiol, que es además la defensora de la que denomina la ley “más avanzada en España que regula los derechos y las garantías de las personas a morir” y que se aprobó por unanimidad de todos los diputados autonómicos el 2 de marzo a propuesta del PSOE.

“Creemos que la sedación es un derecho como control de síntomas, no exclusivamente del dolor; que la retirada de medidas de soporte vital también es un derecho; y que hay cosas que hacer entre el horror y el suicidio asistido”, argumenta Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos de Sanidad y ponente de la ley de muerte digna que tramitará el Congreso sin incluir la eutanasia. “Antes de plantear ese debate tenemos que asegurarnos de que todas esas cosas que se pueden hacer, se hacen, y no es el caso”. Ciudadanos incluyó esta ley de muerte digna en el acuerdo de investidura. Votará en contra de cualquier enmienda que quiera introducir la eutanasia.

Información elaborada por Fernando Garea, Anabel Díez, Javier Casqueiro, Elsa García de Blas y Juan José Mateo.

Fe de errores

En una versión anterior de esta información se decía que el PSOE votó en contra de la proposición de Podemos sobre la muerte digna, cuando en realidad se abstuvo, tal como se indica ahora.