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El desafío soberanista catalán

La fiscalía se despliega para impedir otra consulta ilegal en Cataluña

El ministerio público encomienda a la Guardia Civil investigar si la Generalitat ha iniciado los primeros pasos para el referéndum

Carles Puigdemont y el alcalde de Bolonia (Italia), Virgini Merola. Ampliar foto
Carles Puigdemont y el alcalde de Bolonia (Italia), Virgini Merola. EFE

La fiscalía se ha movilizado para impedir la celebración de una nueva consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña. A la investigación abierta hace un año por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre las “estructuras de Estado” para la secesión se unen las pesquisas de la fiscalía catalana sobre el referéndum prometido para 2017. Además, el Constitucional suspenderá hoy las partidas del presupuesto de la Generalitat para esa consulta.

La fiscalía se ha dispuesto a segar de raíz cualquier acto administrativo que sirva para preparar la secesión de Cataluña del resto de España. Actualmente hay dos grandes investigaciones abiertas. La primera se inició en marzo de 2016 en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y tiene que ver con las llamadas estructuras de Estado de una hipotética Cataluña independiente. A ella se añade otra abierta recientemente por la fiscalía catalana sobre los preparativos del referéndum prometido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para este mismo 2017.

El Ministerio Público en Barcelona ha encomendado a la Guardia Civil que investigue los pasos administrativos para esta consulta, después de no haber podido impedir el llamado proceso participativo del 9 de noviembre de 2014. La fiscalía abrió esta causa a finales del pasado marzo por supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales. El hecho que dio pie al inicio de las pesquisas, de las que ahora se hará cargo el instituto armado, fue la publicación en el diario La Vanguardia de un anuncio institucional sobre el “registro de catalanes y catalanas en el exterior”.

El retraso de 23 días de la Guardia Civil

El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que fijaba el contenido de los exhaustivos requerimientos de información que iban a dirigirse a la veintena de empresas contratadas por la Generalitat para poner en pie las “estructuras del Estado” estaba fechado del 8 de marzo. Sin embargo, la Guardia Civil no los entregó en mano hasta el pasado viernes, 23 días más tarde. Fuentes cercanas a la investigación achacan el retraso a una discrepancia sobre el plazo que se debía dar a las compañías para contestar al mismo: dos u ocho días. Finalmente, se impuso el criterio de dar el margen más amplio.

La investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la puesta en marcha de las llamadas estructuras de Estado de una hipotética Cataluña independiente se inició después de que el Ministerio Público recibiera un informe del Servicio de Información de la Guardia Civil en el que se ponían de manifiesto una serie de actuaciones —algunas de ellas de carácter público, como resoluciones del Parlament, y otras discretas— para preparar el terreno a la secesión.

La investigación incluye solicitar a una veintena de empresas del ámbito de las telecomunicaciones la consultoría y la ciberseguridad, información detallada y completa sobre los contratos firmados con la Generalitat para la puesta en pie de dos “estructuras de Estado” fundamentales: los servicios de inteligencia y la agencia tributaria de un hipotético estado catalán independiente. Previsiblemente la investigación, iniciada en el mes de marzo de 2016, desembocará a medio plazo en una querella por posibles delitos de sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos contra altos cargos de la Generalitat catalana no protegidos por aforamiento.

Fue la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional la que, el 5 de noviembre de 2015, ordenó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y también a los Mossos d’Esquadra que le comunicaran “cualquier hecho” tendente a ejecutar la resolución soberanista aprobada cuatro días después por el Parlamento autonómico. Esta declaración, aprobada por los votos de Junts pel Sí —la coalición de CiU y ERC— y los anticapitalistas de la CUP, fue anulada por el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre de ese mismo año.

Actos de sedición

En aquel escrito, el entonces fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, advertía de que “los actos de ejecución de ese mandato ilegal” por “cualquier autoridad o funcionario público (sea local, provincial o autonómico)” podrían constituir “no solo delito de sedición, sino también de prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones o uso indebido de fondos públicos”.

La instrucción fue remitida, entre otros altos cargos, al director general de la Policía de la Generalitat y en ella se les recordaba que la Constitución proclama la “dependencia a todos los efectos” de “todos los cuerpos policiales” —tanto estatales como autonómicos— respecto de los tribunales y la fiscalía.

El panorama de actuaciones de los tribunales se completa este martes en el Constitucional. El alto tribunal celebra su primer pleno tras la renovación de un tercio de sus cuatro magistrados y en él admitirá a trámite el recurso del Gobierno contra la partida de los Presupuestos catalanes dedicada a la celebración de un referéndum independentista, la cual quedará suspendida cautelarmente como establece el artículo 161 de la Constitución.

En su recurso, el Gobierno central solicitaba al Constitucional que de nuevo apercibiera de un posible delito de desobediencia al presidente catalán, Carles Puigdemont, y su Ejecutivo autonómico.