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Hacienda archiva la causa que provocó la dimisión de la anterior directora de Tráfico

La Oficina de Conflictos de Intereses concluye que no existió una infracción de Seguí y que "no consta" que su marido se beneficiase de contratos de la DGT

La exdirectora general de Tráfico, María Seguí, en una imagen del pasado junio.
La exdirectora general de Tráfico, María Seguí, en una imagen del pasado junio. EFE

La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de Hacienda, ha archivado la causa abierta contra la anterior directora general de la DGT, María Seguí, por la adjudicación desde Tráfico de tres proyectos de investigación a grupos de trabajo de los que formaba parte su marido. Según la resolución del ministerio, la ex alto cargo del Gobierno no infringió la Ley de Conflictos de Intereses, al "no constar" que su pareja se beneficiase de estos contratos. Un fallo que llega después de que Seguí decidiese presentar su dimisión en julio del pasado año, cuando Interior le abrió una investigación por estos hechos y Jorge Fernández Díaz la dejó caer, en pleno estallido del escándalo de la policía patriótica.

La instructora que ha llevado el caso ha concluido, según una resolución de Hacienda del 24 de febrero a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que no ha quedado acreditado que el marido de Seguí, Francisco López Valdés, participara en los proyectos adjudicados por la DGT o se beneficiase de ellos. En este sentido, el rector de la Universidad de Zaragoza, de la que dependía el esposo, informó al ministerio que la pareja de la directora general no fue miembro del equipo de investigación que realizó esos trabajos y que, además, no recibió ninguna retribución económica de los importes transferidos por Tráfico para ellos.

Cuando Seguí se encontraba al frente de la DGT, este organismo concedió entre 2012 y 2014 tres proyectos —por un valor total de casi 50.000 euros— al Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón, de la Universidad de Zaragoza, donde trabajaba López Valdés. Tras hacerse públicos estos vínculos, Interior decidió abrir una investigación interna, que concluyó que estas adjudicaciones se habían hecho de forma regular y conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Pero, a su vez, el ministerio dirigido por Fernández Díaz apreció un "posible" caso de conflicto de intereses en la actuación de la entonces directora general, por lo que trasladó la causa a Hacienda.

Según consta en resolución del pasado 24 de febrero, diversos funcionarios de nivel superior informaron a Seguí de que estas adjudicaciones "podrían ser incorrectas en el ámbito ético-político" y se le planteó la posibilidad de que se abstuviera. "A lo que [la directora general] señaló que no era necesario dado que no formó parte de las mesas de selección", recoge el informe de la Oficina de Conflictos de Intereses. De hecho, a este respecto, la antigua responsable de Tráfico argumentó que "nunca" ha infringido su deber de abstención porque su participación "fue nula" en la concesión de estos contratos.

Desde un principio, la DGT defendió que estos tres proyectos no se dieron de forma arbitraria y añadió que, "desde 2012, se financiaron cerca de 200 a un centenar de entidades con más de 900 investigadores nacionales". Por su parte, un portavoz de la Universidad de Zaragoza ya detalló entonces que López no constaba en la documentación que se trasladó a Tráfico para la concesión porque el responsable y encargado de gestionar la financiación era otro profesor, Juan José Alba —quien, precisamente, mantiene un enfrentamiento personal con la pareja, a la que acusó de tráfico de influencias tras pelearse con Seguí y su marido—.