El Congreso da el primer paso para la modificación de la ‘ley mordaza’
El pleno admite a trámite dos proposiciones para reformar la ley de seguridad ciudadana
El pleno del Congreso aprobó este martes tomar en consideración e iniciar la tramitación de sendas proposiciones de ley de PSOE y PNV para modificar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. Pero a partir de ahora empieza un largo proceso de trámite parlamentario con incierto resultado porque prácticamente todos los grupos discreparon sobre el alcance de la modificación de una de las leyes más emblemáticas de la mayoría absoluta del PP, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional y que ha sido cuestionada, por ejemplo, por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, exdiputada del PP. El Gobierno ha vuelto a ser derrotado en una votación, pero las discrepancias entre los grupos ponen en riesgo la reforma.
Solo el PP se opone a modificar la ley mordaza, pero ante lo inevitable, es decir, una amplísima mayoría parlamentaria que quiere reformarla, está dispuesto a negociar y controlar su voladura. Los populares votaron este martes en el pleno del Congreso en solitario frente a todos en contra de admitir a trámite las proposiciones de PSOE y PNV que modifican la norma de manera sustancial, para eliminar los aspectos polémicos que están recurridos ante el Tribunal Constitucional.
“Este es un debate manipulado y recurrente, porque esta ley no solo no ataca los derechos fundamentales, sino que los protege”, aseguró en la tribuna el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano para defender su voto negativo y la normativa que aprobó su grupo en solitario en la anterior legislatura.
La reforma, en todo caso, superó el primer trámite en el pleno del Congreso y ahora se iniciará el proceso de enmiendas parciales. El final, en el mejor de los casos llegará a finales de este año o principios de 2018.
Valor simbólico
En noviembre se aprobó una moción del PSOE instando a reformar la ley, pero aquella votación solo tenía un valor simbólico y político, aunque medía la posición de la Cámara ante la norma.
Favorece al PP y dificulta la modificación de la polémica ley el hecho de que, según se escuchó a los portavoces en el tribunal, las diferencias entre los grupos sobre el alcance son sustanciales.
Así, el PSOE propone eliminar aspectos polémicos y recurridos y en el resto volver a la anterior ley de seguridad ciudadana, la llamada ley Corcuera de principios de los noventa. Sin embargo, el PNV en su texto mantiene casi toda la ley mordaza, pero modifica hasta 44 artículos para garantizar derechos y libertades y eliminar también los apartados recurridos. “Sus textos son antagónicos” les dijo a socialistas y nacionalistas vascos el portavoz del PP.
Podemos, en el otro extremo al del PP, votó a favor de la toma en consideración, pero está en contra de la ley mordaza en su conjunto, pero también de la ley Corcuera y de la reforma del Código Penal que se hizo en 2013 por la que se multan sanciones de faltas que antes regulaba este. Incluso, el portavoz de Podemos, Eduardo Santos, se refirió expresamente a su rechazo al capítulo del Código Penal pactado en su momento por PP y PSOE para ampliar el concepto de terrorismo.
Esta misma posición de derogación total la defendieron en la tribuna Gabriel Rufián de ERC y Oskar Matute de Bildu. Especialmente el primero que habló de “una de las mayores canalladas de la maquinaria reaccionaria llamada PP” y de “ramalazo de dignidad del PSOE”.
Y en medio de todos, Ciudadanos que se abstuvo en la del PSOE, a pesar de que en sus pactos de investidura con PSOE y PP incluyeron cambios en la norma, aunque con distinto nivel de intensidad y apoyó la del PNV. “El PSOE tiene un afán derogador que busca más titulares que protección efectiva de libertades”, aseguró el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez.
Paranoia autoritaria
En defensa de su proposición, el socialista Antonio Trevín aseguró que la ley mordaza “cercena derechos de manifestación, de huelga, de reunión y de expresión, entre otros”. Según explicó, el Gobierno del PP utilizó como “excusa la crisis para arrasar con todo, para pacificarnos a las bravas y atar en corto a la ciudadanía”. Según dijo, “esta ley es pura paranoia autoritaria”.
Para el portavoz del PNV, Mikel Legarda, “la actual ley se basa en el derecho penal de la desconfianza”. Su propuesta incluye lo que llamó “reequilibrio entre seguridad y libertad”, da “tres meses para hacer una normativa de rechazo en frontera según acuerdos internacionales” y gradúa las multas según la “capacidad económica del infractor”.
El PSOE encabezó el recurso ante el Constitucional sobre los artículos: 20.2 (registros personales); 36.2 y 37.1 (castigan como perturbación grave de la seguridad los incidentes en manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y las asambleas legislativas); 36.23 (considera falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos de la Policía); 37.7 (por afectar al derecho de reunión) y la disposición que legaliza por primera vez las "devoluciones en caliente" en la valla de Ceuta y Melilla.
El Congreso rechaza la ley para regular la eutanasia de Unidos Podemos
El Congreso ha rechazado este martes una proposición de ley para permitir la eutanasia promovida por Unidos Podemos, con 131 votos en contra de PP, Foro Asturias y UPN y la abstención de PSOE, Ciudadanos, el PdeCAT y Nueva Canarias. La propuesta, que abogaba por legalizar la eutanasia, garantizar su práctica en toda España y despenalizar su práctica por parte de los médicos, ha recabado a cambio los 86 votos a favor de Unidos Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto.
Unidos Podemos ha lamentado que la "triple alianza", en referencia a PP, PSOE y Ciudadanos, se haya unido para "frenar el reconocimiento de derechos civiles", en palabras de Irene Montero, portavoz parlamentaria. Desde la tribuna, en defensa de la iniciativa, la diputada Marta Sibina se quejó de que "la libertad y el derecho a decidir sobre la vida está secuestrado" en la Cámara, mientras Pablo Iglesias se dirigió directamente a los socialistas para pedirles que tuvieran la "dignidad" de no impedir la toma en consideración de la ley.
Además del rechazo frontal del PP, PSOE y Ciudadanos abogaron por abordar el tema desde un "debate sosegado" y no a partir de la propuesta de Unidos Podemos, que presenta también "deficiencias importantes". Los tres partidos defienden una ley de muerte digna, que garantiza la muerte sin dolor pero no la interrupción de la vida.
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