Tres diputadas adelantan la vuelta de un viaje oficial para evitar la aprobación del decreto de estibadores

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El Gobierno pretendía aprovechar la ausencia de tres diputadas, que se encuentran en viaje oficial en Nueva York, para convalidar este jueves el decreto de los estibadores. Ángela Rodríguez Martínez de Podemos y Teresa Jordà i Roura de ERC, no iban a poder votar, lo que permitiría al Gobierno salvar el grave escollo político y parlamentario. Marta Sorlí Fresquet, de Compromís, se encuentra con ellas.

Al percatarse, las tres diputadas han adelantado un día su vuelta y tienen previsto llegar a Madrid a las seis de la mañana, justo antes del debate y votación. Fuentes de la dirección de sus grupos confirmaron antes que no se habían percatado de esa circunstancia, e inmediatamente adelantaron su vuelta. Ahora están pendientes de que no haya retrasos en el vuelo.

Ángela Rodríguez ha colgado un texto en Facebook en el que asegura que cuando organizaron el viaje no sabían de la importancia de sus votos, pero que al saberlo este miércoles "no pararon de buscar forma de volver a España para votar a tiempo".

Si el Gobierno cierra el acuerdo con el PNV, una vez que Ciudadanos ya lo ha hecho, el decreto podría haber sido convalidado porque faltarían tres votos de los grupos que se oponen. El sí tendría 174: 134 del PP, 32 de Ciudadanos, cinco del PNV, dos de UPN y uno de Foro Asturias. Y el no tendría 173, es decir, la suma del resto de grupos salvo las tres que iban a faltar. Además, otro diputado de Unidos Podemos está enfermo y no ha solicitado todavía el voto telemático.

En caso de empate se rechazaría la convalidación y el Gobierno quedaría en una situación difícil.

Las diputadas participan en un viaje de la Comisión de Igualdad a la 61ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York. El programa oficial incluye actividades el jueves y el viernes.

A ese viaje iban a ir las socialistas Micaela Navaro y Ángeles Álvarez, pero el portavoz Antonio Hernando les hizo renunciar al saber que se votaba el decreto. El PP suspendió los viajes oficiales de sus diputados y la socialista Soraya Rodríguez renunció a ir a Baku (Azerbaiyán) en una delegación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para poder estar en la votación.

Antes el Gobierno había intentado a la desesperada atraer al PDeCAT para sacar adelante el decreto sobre los estibadores. El Ejecutivo intenta salir del apuro político que supondría esa insólita derrota parlamentaria con la que daría una muestra notable de debilidad.

La votación será el jueves a primera hora y, por el momento, el Ejecutivo solo cree contar con los votos de Ciudadanos y está cerca de lograr los del PNV. Aún así, no llegaría a la mayoría simple necesaria para la convalidación y, por primera vez desde 1979, un decreto del Gobierno quedaría sin convalidar por falta de apoyo.

En esa situación, dos ministros se reunieron el martes con diputados de la antigua Convergència para intentar lograr su apoyo. La tesis del grupo que dirige Francesc Homs es que no quiere que sus votos, en forma de apoyo o de abstención, sean decisivos para sacarlo adelante. Además, hacen el memorial de agravios que incluye la situación en Cataluña, la negativa del PP a darles grupo parlamentario propio y asuntos que tienen que ver con los puertos como el de Barcelona, como una obra comprometida para un pequeño tren de conexión que está pendiente desde hace años. Es decir, sus diputados se mantienen en el no, según ha hecho público el propio Homs en un tuit. "Ni en broma facilitaremos la aprobación", ha asegurado el portavoz del PDeCAT.

El Gobierno ha buscado también si éxito el apoyo de los diputados de Compromís, con los que ha mantenido contactos estos días.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, intenta buscar una solución y el martes por la tarde despachó durante largo rato con el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en el Congreso. El PNV mantiene objeciones como que los puertos no se hagan cargo de indemnizaciones, entre otras, pero aceptan negociar para buscar una salida.

El bucle es que partidos como el PSOE sostienen que sin acuerdo entre trabajadores y patronal no apoyarán el decreto que se empezará a debatir a las 9 de la mañana del jueves. Y el problema es que no hay reunión prevista para este miércoles entre sindicatos y patronal, más que una técnica.

“La única solución factible pasa por la modificación del decreto”, asegura Antolín Goya, responsable de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.

La única forma de modificar el decreto sería, una vez convalidado, tramitarlo como proyecto de ley, pero el Gobierno no quiere esa opción porque asegura que ya ha sido avisado por Bruselas y no admite cambios.

"Pero, por favor, qué cosas", ha respondido Rajoy antes del pleno cuando ha sido preguntado por la posibilidad de que el Gobierno retirara el decreto por la falta de apoyos. "Si se puede, se hace; y si no se puede, qué le vamos a hacer", dijo luego desde la tribuna en el debate sobre Europa. Y a la salida ha explicado que se trata de cumplir una directiva europea y que, en caso contrario, habrá que pagar una multa de 130.000 euros diarios.

En 2009 fue rechazado un decreto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero por un error del Grupo Socialista que se subsanó al día siguiente. El único precedente es de 1979, cuando gobernaba UCD.

Si no fuera convalidado, el decreto quedaría derogado inmediatamente y, según el Gobierno, España tendría que hacer frente a una elevada multa por incumplir resoluciones de la Unión Europea que obligan a liberalizar el sector.