Los mecanismos de extorsión de ETA

“Muchos extorsionados por ETA cuando recibían la primera carta de la banda lo primero que se preguntaban era: ‘¿Por qué a mí?’. Y si era nacionalista: ‘¿Cómo puede ser a mí con lo que yo he hecho por el euskera y por este país?’. La siguiente pregunta era: ‘¿Quién habrá sido el chivato? ¿Algún trabajador de la empresa? ¿Alguien de la sociedad gastronómica? ¿Un vecino?”. Este testimonio es una generalización extraída de 66 entrevistas y 140 cuestionarios online realizados por un equipo de la Universidad de Deusto a una muestra del colectivo de más de 10.000 personas extorsionadas por ETA durante casi 50 años.

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El estudio, al que ha dedicado tres años un equipo interdisciplinar, coordinado por la politóloga Izaskun Sáez de la Fuente, titulado Misivas del terror (Marcial Pons), supone la mayor aportación, hasta el momento, de la faceta más oculta del terrorismo etarra: la extorsión. Una práctica que permitió a ETA sobrevivir con presupuestos anuales de entre 4,5 y seis millones de euros en los años setenta y ochenta, y unos dos millones en la primera década de este siglo, además de los más de cien millones recaudados en sus más de 80 secuestros. El de Emiliano Revilla, en los ochenta, con 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros) alcanzó la cota más alta.

Una explicación del porqué a ETA le funcionó la extorsión casi durante medio siglo está en la propia reacción de los extorsionados, sobre todo en los años setenta y ochenta, al recibir la carta de la banda terrorista y considerarla resignadamente como una especie de juego de la ruleta rusa, explica Izaskun Sáez. Esa resignación fue un éxito logrado por el mecanismo que implantó ETA. “ETA logró que muchos empresarios chantajeados, sobre todo de pymes, se sintieran estigmatizados al desvalorizarse su imagen social, especialmente en la Transición. Se les presentaba como explotadores de los trabajadores. Se les responsabilizaba de la dictadura, del llamado conflicto político. ETA, incluso, pervirtió el lenguaje al sustituir extorsión por impuesto revolucionario como contribución a la libertad de Euskalherria. ETA logró que buena parte de la sociedad la justificara durante años”.

La privacidad es otra clave del mecanismo de la extorsión. “El extorsionado se sentía culpable ante su familia y pretendía protegerla con su privacidad a lo que, también, contribuía su temor al entorno social y la inexistencia de garantías de protección por parte de las Fuerzas de Seguridad, dedicadas a desarticular comandos y no a protegerles. A su vez, ETA quería que se difundiera la existencia de la extorsión para favorecerla mediante el miedo, pero no que se conociese al chantajeado. Pero cuando este se resistía a pagar, ETA iniciaba una campaña pública de intimidación para doblegarle”, señala Sáez. La banda dirigió un centenar de atentados contra este colectivo y asesinó a una docena de ellos, rebeldes a la extorsión.

ETA pretendía la complicidad del extorsionado. “Un entrevistado nos dijo que se preguntaba cuántos guardias civiles podía matar ETA con su dinero. Los que pagaron no lo hicieron por ayudar a ETA sino por proteger a su familia. Al ceder al chantaje les resultaba difícil percibirse como víctima y hacer pública su situación sin, además, tener siquiera garantías de que el chantaje había terminado. Se sentían culpables”. Sáez considera que el extorsionado que cedió al chantaje es víctima. “No se le puede condenar moralmente. La heroicidad no es una exigencia ética y, además, los contextos de algún extorsionado eran muy difíciles, sobre todo en zonas de implantación del radicalismo abertzale”.

Responsabilidades

El estudio penetra en los contextos en los que se desarrolló la extorsión, lo que denomina “los círculos de la responsabilidad”. “La responsabilidad directa, además de ETA, es de la izquierda abertzale que participó en el chantaje como intermediaria y con su discurso político fue cómplice de la banda terrorista”, señala la politóloga.

Sáez considera que las instituciones públicas no estuvieron a la altura de sus responsabilidades. “Muy pronto el PSE y el PCE combatieron la extorsión y el PNV denunció su perjuicio para la economía vasca. Pero, en la medida en que no podían garantizar la protección de los extorsionados, mantenían, en privado, una posición menos contundente. Los extorsionados acusan a los partidos de falta de apoyo y de ineficacia”.

Numerosos extorsionados no denunciaban el chantaje a las Fuerzas de Seguridad “no tanto por miedo como por su ineficacia”. “Ya sabían que no les podían garantizar la protección. Su misión era detener comandos. La situación empieza a cambiar con la detención de la dirección de ETA en Bidart y la desarticulación de las tramas de extorsión en 1992. El Estado, al saber que no podía proteger a los extorsionados, tampoco se ensañó en los tribunales con ellos”, señala Sáez.

Tampoco las organizaciones empresariales estuvieron a la altura. “No fueron proactivas, sobre todo, en los setenta y ochenta. Los empresarios extorsionados no sintieron su apoyo. Lo tuvieron de otros empresarios en situación similar. Su contundencia creció en los noventa, con la respuesta social en la calle. También sucedió que algunos líderes empresariales fueron acosados por ETA no tanto por negarse a pagar como por su discurso público contra la cesión al chantaje, como fue el caso de José María Korta, asesinado por ETA en 2000, o el de José María Ruiz Urchegi, también atacado por la banda terrorista”.

El estudio asegura que la inmensa mayoría de los extorsionados no cedieron al chantaje. “Pagaron entre el 5% y el 6% de los chantajeados en Bizkaia, Álava y Navarra. La cifra sube al 13% en Gipuzkoa. El esplendor de la extorsión se produjo en los setenta y ochenta cuando se pagaba a ETA en Francia, al aire libre. Algunos no pagaron y se fueron del País Vasco”.

La extorsión dejó secuelas psicológicas en algunas víctimas y sus familias, pero, sobre todo, retraimiento social, señala Sáez. “Acarreó perjuicios económicos, pero, sobre todo, en los valores cívicos democráticos provocados por la subcultura del chantaje”.