El TSJ admite al presidente de Murcia una auditoría exculpatoria rechazada por la juez instructora

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Julián Pérez Templado, que ha asumido la investigación en el caso Auditorio sobre el presidente de Murcia, ha admitido in extremis la petición de Pedro Antonio Sánchez de incluir en el sumario dos informes periciales encargados por otro de los imputados y que supuestamente favorecen al político. No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo regional intenta que dichos documentos, dos auditorías sobre la construcción bajo sospecha del complejo cultural de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de este municipio, formen parte de la causa. Ya lo hizo cuando las pesquisas estaban en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, pero entonces esta los rechazó al considerar que no aportaban nada nuevo a lo ya incorporado, según fuentes jurídicas. Fue ella la que finalmente consideró que había indicios de delitos en la actuación del dirigente regional del PP y elevó finalmente la causa al TSJ para que este órgano judicial se encargara de la investigación dada su condición de aforado.

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La decisión del juez Pérez Templado de admitirlos se comunicó a las partes personadas en el sumario el 27 de febrero, solo una semana antes de que se produzca el próximo lunes la declaración como investigado de Pedro Antonio Sánchez acusado de los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad documental. Una decisión judicial que, según las fuentes jurídicas consultadas, produjo “extrañeza” entre otros motivos por el origen de los documentos, el propio Ayuntamiento de Puerto Lumbreras donde el hoy presidente de Murcia fue alcalde y que sigue gobernado por el PP, y su presentación. “Los han remitido como si fueran auditorías oficiales cuando, en realidad, han sido elaborados por encargo de otro de los imputados”, destacan estas mismas fuentes, que prefieren mantener el anonimato.

De hecho, los informes habían llegado al TSJ solo unos días antes, el viernes 24 de febrero, dentro de un expediente remitido por el Consistorio con otros 40 documentos menores sin aparente relevancia tras presentar la defensa del propio político un escrito al magistrado en el que se solicitaba que ante su próxima comparecencia como investigado se incorporasen a la causa “todos los documentos que conforman el expediente de liquidación de obra del Auditorio”. Entre ellos estaban, precisamente, los dos informes, realizados por la empresa ACE Edificación a petición del arquitecto Martín Lejarraga, autor del proyecto del auditorio bajo sospecha y también encausado.

Sin embargo, ambos documentos no son, ni mucho menos, recientes. El primero de ellos, un estudio sobre “superficies construidas” y “estado de mediciones” del complejo cultural, está fechado el 1 de marzo de 2016. El segundo, una “auditoria del presupuesto modificado de la obra”, consta como realizado el 7 de diciembre de ese mismo año. Según las fuentes jurídicas consultadas ninguno de los dos fue aparentemente elaborado en su origen para servir de prueba judicial, aunque cuando fueron redactados ya se había comenzado a instruir el caso Auditorio en el juzgado de Lorca y se conocía públicamente que salpicaba a Pedro Antonio Sánchez. Supuestamente, su fin era justificar ante el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras la realización de los trabajos de edificación y así sustentar la petición que la constructora de la obra venía realizando desde años antes para que se le devolviera el aval depositado tras ser el adjudicatario. Curiosamente, uno de estos informes, el fechado en diciembre, no se incorporó al expediente del Consistorio de la localidad murciana hasta el viernes 24 de febrero, el mismo día que fue remitido desde este al TSJ de Murcia, según destacan las fuentes jurídicas consultadas.

Ambos documentos, que suman 1.007 folios con numerosas fotografías y cuadros técnicos, concluyen que supuestamente no existieron desajustes significativos en las obras y, por tanto, descartan la existencia de parte de las irregularidades investigadas. Ello refuerza la estrategia de defensa de Pedro Antonio Sánchez, que desde que estalló el escándalo ha insistido en que no se trata de un caso de corrupción sino simplemente de un error administrativo. De hecho, poco después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia había decidido asumir la investigación sobre el presidente autonómico, el PP regional repartió entre sus cargos públicos un argumentario de dos folios en el que incidía en dicho planteamiento. En dicho documento, que recoge buena parte de las respuestas que el propio Sánchez ha ofrecido a los periodistas en sus recientes comparecencias públicas, se incide precisamente en que el proceso contó con “los informes favorables del Ayuntamiento” y pasó “los controles y fiscalizaciones que establece la ley”. “Hasta el último euro de la obra está debidamente certificado", concluía en referencia a los 6 millones de euros en los que estaba presupuestada la obra.

En este argumentario interno del PP también se hablaba de otros informes técnicos que, supuestamente, “avalan las actuaciones realizadas” por Pedro Antonio Sánchez como alcalde de Puerto Lumbreras. Así hacía referencia a un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda), que solo recogía la existencia de “posibles errores administrativos”. También destacaba que “el perito principal de la Fiscalía” había señalado durante la instrucción de la causa que “los seis millones de euros de la subvención están en la obra”. Y terminaba citando a “un prestigioso catedrático de derecho Administrativo”, Santiago González-Varas, como autor de otros tres documentos que supuestamente “avalan la inexistencia de ilícitos penales y respaldan las actuaciones”. Pese a todos ellos, la juez de Lorca primero y, ahora, el TSJ de Murcia decidieron seguir investigando al presidente regional por cuatro delitos.