Los obispos condenan sin matices la maternidad subrogada

El portavoz de los obispos españoles, el sacerdote José María Gil Tamayo, bromeó este viernes cuando se le preguntó sobre el descubrimiento de nuevos y lejanos planetas donde podrían hallarse otras vidas, en contra de lo que sostiene la tradición cristiana. “La Biblia no es un libro de ciencia”, dijo. Fue menos contemplativo al juzgar desde la doctrina y la moral católicas el debate de la maternidad subrogada. “Un hijo no es un derecho, ni es un deseo. Es un don. Los niños y las mujeres no tienen precio. La maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer, y del niño, que se convierte en un objeto de consumo, con una clara mercantilización en todos los casos, sea mediante dinero o por donación”, proclamó sin dejar ninguna salida al dilema ético y legal suscitado en la sociedad.

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Gil Tamayo añadió: “Hablemos a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Si es vientre de alquiler, es vientre de alquiler; si es aborto, es aborto, no es interrupción del embarazo. Al margen de vinculaciones afectivas entre la madre gestante y el niño gestado, será siempre fruto de una transacción al servicio de un derecho falso, que es el derecho a tener un hijo. Tanto si se paga el servicio de gestación como si no se hiciera, contraviene el orden natural de la procreación humana. Se trata de un medio alternativo que la Iglesia no acepta”.

Los máximos dirigentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), entre ellos todos sus cardenales y arzobispos hasta sumar la veintena de cargos, se han reunido esta semana con un objetivo más mundano y económico: preparar su estrategia de combate ante el pacto educativo que intentan fraguar los partidos políticos con representación parlamentaria, del que los obispos recelan con severidad. Son una potencia educativa (2.600 centros confesionales, 123.000 trabajadores, 100.000 profesores, casi dos millones de alumnos y en torno a 30.000 docentes de catolicismo elegidos por los obispos para cada curso escolar pero a sueldo del Estado con un coste de 500 millones de euros por curso), pero su tránsito por el sector no es nada pacífico, sobre todo por su exigencia de que la asignatura confesional se realice en todas las escuelas, también en las públicas, en las mismas condiciones académicas que, por ejemplo, las matemáticas.

Gil Tamayo basa las exigencias episcopales en una supuesta tradición “gloriosa” en el campo de la educación, que los prelados no están dispuestos a perder bajo ningún concepto. Para ello, han creado una “mesa eclesial”, presidida por el cardenal Ricardo Blázquez. “Queremos hacer nuestro aporte desde la unidad. La Iglesia tiene un peso en la educación que no se puede ignorar. Queremos estar en el pacto”.

Inmersos con frecuencia en lo que Gil Tamayo calificó como “patología judicial”, ganando o perdiendo incontables pleitos en muchas comunidades autónomas porque abundan ya los centros que se niegan a incluir clases de catolicismo en sus aulas, o reducen los horarios exigidos por ley, los obispos achacan sus problemas a “instancias ideológicas que deberían quedarse al margen” y van al pacto educativo, si se les llama (no contemplan lo contrario), convencido de la razón que les dan los llamados Acuerdos firmados en Roma en 1976 y 1979 entre España y el Estado vaticano. En su opinión, el sistema actual, tan criticado por todos los partidos a excepción del PP, ofrece un “mapa de enorme disparidad, que genera anarquía, dispersión, inseguridad a los docentes y caos”.

Puesto en lo peor, el portavoz episcopal no niega que los temas que les interesan sobremanera pudieran quedar fuera del debate y del futuro pacto. “Si ocurriera porque no se les considera importantes, no lo aceptaremos. Si quedan fuera porque se cree que están estabilizados y no se tocan, ese es otro tema. Tenemos que defender que lo religioso no sea una moneda de cambio”, recalcó.

Esta es la última reunión de la Comisión Permanente de la CEE. Cuando vuelvan a encontrarse en la Casa de la Iglesia en Madrid será ya en una asamblea de todos los prelados, convocados a finales de marzo para renovar todos sus cargos. Pocos dudan que, pese a cumplir ya los 75 años de edad, el cardenal arzobispo de Valladolid será reelegido para un segundo mandato consecutivo (antes tuvo otro, que disputó al cardenal Antonio María Rouco, ya jubilado).