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La Guardia Civil pide imputar al obispo emérito de Cádiz en el ‘caso ERE’

Los agentes creen que Ceballos pudo incurrir en un supuesto delito de tráfico de influencias

Antonio Ceballos, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, en 2008. Ampliar foto
Antonio Ceballos, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, en 2008.

La Guardia Civil ha pedido investigar en el caso de los ERE al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos, por tráfico de influencias en una ayuda de 300.000 euros que la Junta de Andalucía concedió en 2009 al centro geriátrico del Obispado que dirigía. Los investigadores consideran que "puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias" de Ceballos gracias a su "intervención directa" con la Consejería de Empleo para conseguir la ayuda económica que se hizo "prescindiendo del procedimiento establecido", estiman los agentes, según avanza el diario El Independiente.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras (Cádiz) afirma que Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto de 2011, tuvo una "intervención directa" con la consejería para la consecución de la ayuda económica, que se hizo "prescindiendo del procedimiento" establecido. Esa ayuda se concedió "vulnerándose la igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia", principios que deben regir los actos de la Administración Pública, agrega la Guardia Civil. 

El atestado se ha unido a la pieza principal de los ERE, y ahora la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, debe decidir si investiga a Ceballos y a los responsables de Empleo implicados en la ayuda concedida. En este sentido, los agentes consideran responsables al exconsejero
de Empleo Antonio Fernández, al viceconsejero Agustín Barberá y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, quienes habrían otorgado ayudas económicas "de forma supuestamente arbitraria y saltándose los procedimientos establecidos".

El atestado afirma que "no se ha acreditado suficientemente" el carácter excepcional de la subvención, y añade que "hay una total inexistencia de justificantes del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió. Qué condiciones y/o requisitos deben de reunir los solicitantes de estas
ayudas y cuál es la legislación que lo ampara". La Guardia Civil recuerda que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo decretó el archivo de este expediente, con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía, porque no hubo mala fe por parte de los trabajadores.

El atestado señala que se está "dando la impresión de que, con dicha actuación, se buscara la redención a través de la intercesión del Obispado", apuntan los investigadores. También reprochan los agentes que no consta la relación de beneficiarios en el expediente, que el importe del gasto justificado "sobrepasa" la cuantía de la ayuda concedida y que la ayuda concedida "pasó a formar
parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas".

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