Los perfiles de los condenados por la trama Gürtel de Valencia

Es considerado el número dos de la red Gürtel. Fue el gerente de las sociedades de Francisco Correa, el cerebro de la trama. La policía concluyó que Crespo “ostentaba una posición directiva dentro de la organización”. En 2014, las autoridades descubrieron una agenda en la que guardaba documentación de “especial relevancia” para el caso. Crespo fue imputado por falsedad documental y asociación ilícita, entre otros cargos.

Grau fue la excoordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo. La sentencia, además, la inhabilita durante cuatro años. La funcionaria llegó a afirmar que recibía órdenes de sus “superiores inmediatos”en la Agencia, Jorge Guarro, Isaac Vidal y Rafael Betoret.

Correa empezó a trabajar a los 13 años como botones en un hotel frente a la estación de Príncipe Pío de Madrid. Años más tarde, empezó a tener éxito en la industria turística: la organización de convenciones para empresas y los viajes de incentivos para ejecutivos. En la primera etapa de Aznar, Correa ya era conocido en Génova pero no fue hasta los últimos cuatro años del Gobierno de Aznar cuando se convirtió en el gran organizador de eventos y mítines del Partido Popular. La Fiscalía pidió para él hasta 125 años de prisión y ha sido imputado por cohecho, fraude, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros cargos.

Pérez estuvo en el epicentro de la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia ya que él “fue el encargado desde el punto de vista institucional de todos los eventos vinculados a la visita”, según la documentación recogida por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. Con posterioridad, un informe de la Agencia Tributaria detectó que la adjudicataria de la instalación de las pantallas defraudó 633.000 euros del IVA.

Martínez fue la exconsejera de Turismo en la etapa de Francisco Camps. La Fiscalía pidió, en 2013, 11 años de prisión por la red corrupta que envolvió a la organización del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur, entre 2005 y 2009. El ministerio público la consideró junto a Rafael Betoret, la máxima responsable del inicio de la cadena de irregularidades cometidos en la Agencia Valenciana de Turismo. Martínez, que también ha sido condenada a 10 años de inhabilitación y 5.000 euros de multa, llegó a ser expresidente de las Cortes Valencianas.

Vidal es uno de los funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo que se sentaron en el banquillo por los contratos de Fitur a Orange Market. La sentencia, además de la pena de prisión impuesta, le inhabilita absolutamente para ejercer cualquier cargo dentro de la Administración Pública durante 10 años.

Betoret fue antiguo subordinado de Francisco Camps como jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. La Fiscalía llegó a pedir 11 años de cárcel y 38 de inhabilitación. Finalmente, la prisión se ha rebajado a seis años y 10 de inhabilitación absoluta.

Jordán, administradora y directiva de algunas de las sociedades más relevantes del entramado Gürtel, admitió que Jesús Sepúlveda —secretario de Acción Electoral del PP— fue quien le presentó al cerebro de la red, Francisco Correa, en 2002. Jordán llegó a declarar en noviembre de 2016 que fraccionar contratos para adjudicarlos sin publicidad “era el pan nuestro de cada día” en la Comunidad de Madrid. La petición fiscal elevaba su petición de pena hasta los 39 años de prisión, rebajada a seis en la sentencia.

Herrero era empleado de Orange Market y el encargado de sus pagos. Él llegó a declarar que nunca pagó prendas ni al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ni al ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. 

Guarro, exjefe de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, señaló en septiembre de 2015 a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, como las personas que daba “las órdenes” que presuntamente beneficiaron a la red corrupta encabezada por Correa. Guarro confirmó que la trama tuvo en su poder “información confidencial” tiempo antes de que se convocara el primero de los concursos públicos, por importe de un millón de euros, que ganó Orange Market.

Magariños fue empleada de Orange Market y la Fiscalía llegó a pedir cuatro años y nueve meses de prisión. Ella defendió su inocencia al afirmar que “desde dos consejerías de la Generalitat valenciana le pidieron trocear facturas”, en las que se incluyeron conceptos que no se correspondían con la realidad. Magariños ocupó diferentes puestos en varias empresas de la trama además de Orange Market, como Special Events y Easy Concept.

Such, ocupó el cargo de responsable de Turismo entre 2007 y 2009, fechas en las que el expositor de la Comunidad Valenciana para la feria de Fitur fue adjudicado a la filial de la trama Gürtel en Valencia, Orange Market. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la llamó en calidad de imputada en 2012. Tan solo unos meses después, Such abandonaría la Mesa de las Cortes tras presentar su dimisión a su partido.

Imputado en 2012, Bover ocupó el cargo de jefe del departamento jurídico de la Consejería de Turismo, que avaló contratos entre el entramado empresarial de la red de Correa y la Administración valenciana. La Fiscalía Anticorrupción consideró que un informe firmado por Bover en 2004 fue clave para el amaño de las bases del concurso de la edición de Fitur en 2005.