Transparencia Internacional alerta contra la nueva ley de contratos del sector público

Transparencia Internacional (TI) considera que el proyecto de Ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso "supone un paso atrás desde el punto de vista de prevención de la corrupción". En consecuencia, el organismo le ha enviado este jueves 15 propuestas de enmiendas a los partidos, que tienen hasta el próximo martes para presentar las correcciones que quieran hacer a un texto que se está tramitando con urgencia.

Más información

España cae a su peor registro en la clasificación de percepción de la corrupción

Los españoles suspenden al Gobierno en su lucha contra la corrupción

“En los últimos cinco años, la corrupción en España ha pasado de ser corrupción urbanística a ser corrupción en contratos, subvenciones y licitaciones", explica Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, en conversación con este diario. "El proyecto no está acorde con la necesidad de afrontar todas esas corruptelas que se han venido dando en licitaciones, precios y concentración de contratos en muchos Ayuntamientos en manos de muy pocas personas, que han sido verdaderamente escandalosas", prosigue. "Hay que ponerles coto", subraya. "El paso atrás está en la evolución que ha habido entre los borradores de la Ley y el proyecto, que ha eliminado y limitado algunos de los avances. Es un paso atrás frente a las expectativas".

Los expertos de TI creen que hay que limitar a 90.000 euros la cuantía máxima que cualquier licitador público puede adjudicar mediante contratos menores; que todos los contratos menores de más de 6.000 euros deberían estar sujetos a criterios fijos de adjudicación que permitieran presentar ofertas durante cinco días; y que se debe fiscalizar más los contratos que celebran partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.

Además, TI pide que se considere nula cualquier licitación que no haya sido publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público, y que se prohíba a los adjudicatarios de contratos públicos que destinen sus ingresos o beneficios a operaciones en paraísos fiscales o que incurran en blanqueo de capitales, fraude fiscal, delito contra la Hacienda pública o utilización de territorios offshore. El organismo también propone reducir del 60% al 20% la cuantía máxima de prestaciones que se pueden subcontratar con un tercero, ya que mantener el porcentaje previsto por el Gobierno "resulta claramente excesivo y puede no corregir un uso indebido de esta técnica, como ya ha denunciado el Tribunal de Cuentas". 

El objetivo de las enmiendas de TI es lograr "mayor transparencia". Tanto el PP como Ciudadanos han dado ya respuesta al documento y estudiarán incluir algunas de las enmiendas propuestas por TI en el proyecto.