Un Ayuntamiento gallego paga a su plantilla tratamientos estéticos desde 2011

La crisis económica no ha traído recortes laborales para la plantilla del Ayuntamiento de O Porriño (18.500 habitantes), sino todo lo contrario. El convenio colectivo que en 2011, en plena recesión económica, firmó el anterior gobierno local del PP con los representantes sindicales de los trabajadores contempla, a través de una partida presupuestaria ilimitada, todo tipo de prebendas para funcionarios e interinos que también se extienden a sus familiares directos. Las ayudas municipales que se implantaron hace seis años incluyen cursos y másteres en universidades privadas y facturas de tratamientos estéticos, tanto de ópticas como de clínicas odontológicas, además del pago de matrículas de estudios a los hijos de los empleados públicos.

El actual equipo de gobierno que preside la socialista Eva García de la Torre ha decidido "acabar con esta situación abusiva" y ha denunciado el convenio colectivo con intención de negociar uno nuevo con los sindicatos. García de la Torre afirma que "el actual [convenio] ha permitido que se produzcan casos absolutamente desproporcionados a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos". La gota que colmó el vaso ha sido la factura de 15.000 euros que ha tenido que pagar la tesorería municipal a tres trabajadores de la plantilla, dos interinos y un funcionario, a razón de 5.000 euros cada uno, por la matrícula de unos cursos de Derecho a distancia en la privada Universidad de Nebrija y que en este caso, según el Ayuntamiento, podían haber sido realizados a través de la UNED.

La cobertura de estos gastos familiares de los trabajadores municipales fue aprobada por el exalcalde popular Nelson Santos, investigado por supuesta corrupción. El fiscal solicita para él una condena de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por decidir la adjudicación de decenas de contratos municipales para favorecer a determinadas empresas con las que tenía alguna relación familiar o de afinidad personal.

Con un presupuesto municipal de 18 millones de euros, el capítulo dedicado anualmente en O Porriño a las "prebendas" de los trabajadores supera el millón de euros. Esa cantidad hay que sumarla a los cinco millones de euros que se destinan a las nóminas de la plantilla, formada por unos 120 trabajadores. Algunos de los empleados cobran hasta 60.000 euros, afirman fuentes del gobierno local, frente a los 38.000 euros brutos de sueldo de la alcaldesa.

La batalla de la regidora socialista para dar marcha atrás a las prebendas no se presenta fácil. Los sindicatos mayoritarios (CC OO, UGT y CSIF) ya han respondido impugnando la denuncia del convenio a través de un recurso por la vía contencioso administrativa. Tampoco han acudido a la mesa de negociación que fue convocada la semana pasada con la intención de llegar a un acuerdo.

Fuentes de CC OO han negado que el fondo social previsto en el convenio colectivo sea abusivo y consideran "injustificado" que la alcaldesa lo haya denunciado cuando, además, la decisión le corresponde al pleno. "Son derechos de los trabajadores y si alguna cláusula se considera abusiva se puede corregir dialogando, no denunciando", se limitó a comentar un portavoz. Los sindicatos confían en que el recurso presentado ante la Xunta sea admitido y no llegue a los tribunales de justicia.

Mientras las centrales mantienen un pulso con el gobierno local y pretenden ganar tiempo a la espera de que se resuelva el recurso contra el Ayuntamiento, el equipo de Eva García de la Torre mantiene su plan de reforma inamovible y prepara una segunda convocatoria para emplazar a los portavoces sindicales. "Este convenio es desproporcionado y vamos a cambiarlo", afirma la alcaldesa, quien aclara que las cuentas municipales están saneadas aunque incide en que desde años no se cubren vacantes de funcionarios.

La reforma del convenio se ha convertido, según García de la Torre, en una batalla política entre los dirigentes socialistas y una plantilla mayoritariamente afín al PP, en la que algunos de sus miembros son incluso afiliados al partido. "Esto ya se ha llevado al terreno político que va más allá de una cuestión de equilibrio presupuestario y un freno a unos privilegios abusivos, sin límites, a costa de los tributos de los ciudadanos que desde luego no voy a consentir", proclama la socialista.

El Ayuntamiento de O Porriño ha estado históricamente gobernado por el PP hasta que en 2003 el BNG y el PSOE le arrebataron la alcaldía. El bipartito gobernó hasta 2010, cuando regresaron los populares con Nelson Santos como alcalde. Su gestión quedó en entredicho tras ser denunciado e investigado por presunto tráfico de influencias en la contratación de familiares y afines al partido en el consistorio, además de prevaricación y malversación. En las últimas elecciones de 2015, los socialistas recuperaron el gobierno local con el apoyo de dos independientes que auparon a la alcaldía a la hasta entonces portavoz de la oposición por un escaño de diferencia respecto al candidato popular imputado.