La Justicia ampara a un yihadista condenado que reclama 21 millones
Una fortuna en dinares incautados en Granada no se guardaron en el banco y perdió su valor
La Justicia falló en la custodia y administración de cinco millones de dinares iraquíes intervenidos en 2001 a Jamal Hussein Hussein, empresario sirio condenado a seis años de prisión por colaboración con una célula terrorista de Al Qaeda, según reconoce el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ). Hussein reclama 21 millones de euros en concepto de indemnización por la pérdida de valor del dinero que le fue incautado, una fortuna que no tenía relación con su arresto y que no se ingresó en la cuenta de depósitos y consignaciones de la Audiencia Nacional en contra de lo que obliga la ley.
![Jamal Hussein, con barba, el primero por la izquierda, en el juicio contra la célula yihadista en 2005.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/BQHCRBQJS2HTFKBPE5TNFP52EA.jpg?auth=4534ab9b8d4425c7e5dc948b128f7f4f25fc5d05da71d6c5d322d82caf8afe18&width=414)
La decisión del CGPJ llega tarde: Jamal falleció hace varios meses en Granada, según asegura Miguel Prados, su exabogado y confirma uno de sus amigos. La empresa de Jamal Hussein, con sede en el polígono de Juncaril, suministraba objetos árabes a numerosos mercadillos de Andalucía.
La primera reclamación del dinero la presentó Prados, pero no recibió respuesta del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional que tramitaba la causa y dirigía el juez Baltasar Garzón. Este había ordenado su arresto en el marco del primer gran golpe policial contra una célula yihadista en España, la del sirio Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah.
Jamal fue condenado a seis años por colaborar con Al Qaeda y reclamó el dinero sin recibir respuesta
El abogado lo recuerda así: “Ya lo recibirán (el dinero) cuando se acabe el procedimiento, nos dijo la secretaria del Juzgado, pero al final ni nos contestaron, aunque yo entonces creí que aquel dinero era papel mojado, que no valía nada. Recuerdo que Jamal tenía sacas en su casa. Eran unos billetes muy bonitos”.
En 2006, un año después de que Hussein fuera condenado, la Unidad Central de Información Exterior de la Policía (UCIE) que lo había detenido informó a la Audiencia Nacional de que enviaba al tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez las diez cajas con el dinero intervenido al terrorista. Según el acta de entrada y registro al domicilio del detenido, contenían “ 9 de ellas tacos gordos de billetes de 25 dinares iraquíes”.
Tras la guerra de Irak los millones perdieron su condición de moneda de curso legal
El CGPJ señala que Hussein, bien personalmente o a través de su representación procesal, pidió reiteradamente la devolución de los dinares intervenidos sin que le dieran razón de su paradero. Tras distintos escritos de la Sala a la Policía y de esta a los jueces se comprobó que ningún organismo había depositado el dinero en ninguna cuenta corriente y localizó finalmente en el denominado Archivo de Efectos. En junio de 2014, tres años después de que Jamal Hussein hubiera terminado de extinguir su pena, se procedió a contar el dinero localizado en presencia de su abogado y ordenó su entrega, pero este rechazó recogerlo “por no ser de curso legal”.
El hallazgo de las cajas con el dinero había llegado tarde porque Irak había cambiado su moneda once años antes. Un informe del Banco de España solicitado por la Audiencia Nacional explicaba que el 15 de octubre de 2003, dos años después de la detención de Hussein, la nueva moneda conocida como “nuevo dinar iraquí” sustituyó al “viejo dinar” y a la moneda utilizada en el norte de Irak, el dinero suizo.
En su reclamación Hussein argumenta que su dinero se almacenó “como una cosa mueble, en lugar de ingresarlo en la cuenta correspondiente y de actuar diligentemente en el momento del cambio de la divisa procediendo al cambio de los dinares viejos por los nuevos”. En aquellas fechas él permanecía en prisión y los escritos de su abogado para que le entregaran el dinero no fueron atendidos.
El CGPJ da la razón a Jamal Hussein y califica los hechos de “funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”. El Ministerio de Justicia deberá determinar ahora la cuantía con la que indemniza a la familia del exmiembro de la célula de Abu Dahdah.
Durante el registro de su casa en Huétor de Vega, un pueblo cercano a Granada, la Policía encontró la tarjeta de vendedor ambulante en esa ciudad de Mustafá Setmarian, un sirio nacionalizado español que en los años ochenta se estableció en Granada y después alcanzó la cúpula de Al Qaeda. “Jamal gestionó a Setmarian su tarjeta de vendedor en Granada. Me lo definió como una persona humilde y dedicada a la gente, pero nunca me contó nada más. Mi cliente vendía muchísimo aquí. Abastecía los mercadillos. Ahora, imagino que lo llevara su hijo. Tengo un mal recuerdo porque no me pagó mi minuta”, afirma su primer abogado.
investigacion@elpais.es
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