La supuesta ‘alergia’ al wifi, en el banquillo

‘Alergia’ al Wi-fi es una expresión coloquial para la denominada electrohipersensibilidad, con las siglas EHS, la presunta intolerancia a las ondas electromagnéticas de las conexiones inalámbricas y otros aparatos. La cuestión exige aún más matización porque ni siquiera hay acuerdo en que esta ‘alergia’ exista, que esas ondas produzcan ese efecto. La gran mayoría de la comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud y el comité de expertos de la UE lo niegan, dicen que no está probado. Lo tratan directamente como un cuento chino. Por el contrario, algunos científicos creen que no es así y manejan una creciente documentación, si bien desdeñada por el resto de sus colegas. Es un asunto de enorme hostilidad mutua. Lo que es indudable es que hay gente a la que le pasa algo, sufre síntomas que algunos médicos atribuyen a esa razón y, esta es la realidad, acaba llegando a los tribunales. Como la mañana de este jueves en el Juzgado de lo Social número 1 de Lleida, donde Rosa C.T., una funcionaria administrativa de la Generalitat solicita una pensión por incapacidad permanente, después de tres años de baja. La Seguridad Social, que ya ganó un primer juicio, se opone a su reclamación.

La sala está vacía, solo hay dos familiares y un conocido, pero es un caso con más trascendencia de lo que parece. Ya hubo una sentencia el año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, por primera vez en España, reconoció una incapacidad total por electrosensibilidad a un empleado de una empresa de telecomunicaciones. Este es el segundo caso, que lleva el mismo abogado, Jaume Cortés, del Colectivo Ronda, y una nueva sentencia reforzaría las razones de estos afectados. Y también haría poner el grito en el cielo a casi toda la comunidad científica.

En Lleida la interesada no está en el juicio porque, asegura su esposo, se pondría mal enseguida en este lugar lleno de Wi-fi: “Dolor de cabeza, sensación de ahogo, confusión mental y dificultad para concentrarse, boca seca, fatiga…”. Además vive el juicio con mucho nerviosismo. Lleva seis años con esto. “Todo empezó en 2011 cuando cambió de oficina y comenzó a sentirse mal, sin saber por qué”, explica. Rosa alega que no puede ni coger el autobús, pues tiene Wi-fi, ni entrar casi en ningún sitio y ha acabado durmiendo en el comedor, el lugar más aislado de la casa.“Busqué el piso con ella, casi usándola casi como un sensor, viendo si se ponía mal o no, porque basta con que llegue el Wi-fi del vecino”, comenta su marido.

La Generalitat ha hecho de todo para ayudar a la empleada, admite su abogado. Haciendo reformas, cambiándola de puesto, pero no hay manera. “Fuera de áreas con ondas está bien, esa es la cuestión, por la razón que sea. Para hacer un estudio bueno necesitas mucho dinero y los afectados son cuatro, a nadie le interesa. Yo solo pido que al menos les comprendan y les reconozcan la incapacidad”, resume Cortés. "Hace años el amianto no era malo, hasta que después de unas décadas empezó a morir gente".

El médico le decía a esta mujer que lo suyo no era nada y, al final, que padecía ansiedad, la conclusión más frecuente en estos casos, que a menudo acaban derivados a psicólogos y psiquiatras. Es algo que desespera a los interesados, porque se sienten incomprendidos, como si se lo inventaran o, en el mundo laboral, como si solo quisieran la baja. El mundo científico no disimula su incomprensión, aun reconociendo el drama humano. “Hay que decir las cosas con claridad: todos los estudios bien hechos, que son los que valen, coinciden en que la probabilidad de efectos adversos es muy pequeña”, afirma Francisco Vargas, médico epidemiológico y director científico del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), entidad de referencia en asesoramiento sobre los posibles efectos de las radiofrecuencias en la salud. El Ministerio de Sanidad ha concluido que la exposición a ondas por debajo de los niveles establecidos “aunque pudiera inducir alguna respuesta biológica en condiciones experimentales, no está demostrado que pueda implicar efectos nocivos para la salud”.

Vargas opina que la primera sentencia española del año pasado está “muy mal fundamentada” y que el juez “no se molestó en investigar mucho”. En aquella ocasión el reclamante contó con un informe de un especialista del hospital de Guadalajara. Vargas cree que una nueva sentencia en esa línea en Lleida “sería un gran error, un fracaso del conocimiento científico y de la capacidad de valorar pruebas”, pues a partir de ahora podría bastar con cualquier experto que presente un informe favorable. Corrobora que, por su experiencia, en muchos casos el origen de los síntomas es un trastorno psicológico, a veces diagnosticado.

Julio Carmona, de la Plataforma Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), creada en 2009 y que incluye asociaciones de afectados, considera que como mínimo “con el conocimiento actual habría que aplicar el principio de precaución”, ante el riesgo de futuros casos por una exposición durante años que ahora es imposible de comprobar. Sin datos oficiales, Carmona cita la estimación de la Sociedad Española de Síndrome de Sensibilidad Central (SESSEC), creada recientemente por expertos que defienden la electrosensibilidad: calcula, tomando como referencia estudios de otros países, que la prevalencia en España sería nada menos que de un 5% de la población. Datos que para Vargas son absurdos, no tienen ninguna validez y son meras extrapolaciones sin base científica.

Desde esta plataforma recuerdan que el Parlamento europeo y la Agencia Europea de Medio Ambiente ya se han expresado a favor de tomar precauciones con móviles y Wi-fi y esgrimen más de una veintena de manifiestos de científicos que llaman la atención sobre el asunto a contracorriente. El último en Bruselas, en 2015, con 120 expertos.También impulsan una iniciativa ciudadana europea para pedir una reglamentación proteccionista en este campo, que en España han firmado docentes de las universidades de Alcalá de Henares, Autónoma y Pompeu Fabra de Barcelona, Politécnica de Cataluña y de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia y Reus. Pero para el resto de la comunidad científica no tienen relevancia. Antonio Hernando, prestigioso catedrático de la Complutense, director del Instituto de Magnetismo Aplicado y miembro de la Real Academia de Ciencias, sentencia: “Yo me fío de quien me fío, no vale cualquier experimento y hay organismos muy respetados reconocidos por todos que son los que cuentan”.

Naturalmente todos los expertos coinciden en que hay que seguir investigando, sobre todo para verificar los efectos a largo plazo, que aún no se pueden saber. Difieren en lo que se debe hacer hasta entonces: esperar porque no hay nada que motive la alarma o tomar medidas ya. Ángeles Trillo, investigadora de Bioelectromagnetismo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, participó en el primer estudio de la UE sobre los efectos de los móviles en células aisladas, llamado Reflex, en 2004. "Fue muy criticado, pero ahora los nuevos multiproyectos de la UE lo están confirmando en parte. El riesgo del móvil es muy relativo y pequeño, pero a largo plazo no se sabe, tiene que pasar tiempo y que haya más estudios", explica. En cuanto a la electrosensibilidad señala que generalmente quien padece esos síntomas "suele presentar sensibilidad múltiple a otros agentes químicos". Afirma que cada vez hay más casos, pero no se sabe a qué médicos dirigirles.

Carmen Valls, doctora de Medicina Interna y Endocrinología, ha participado en esos congresos que dan la alarma sobre la cuestión, y ha testificado este jueves en Lleida como perito del abogado de la afectada. Ante la juez y el abogado de la Seguridad Social ha afirmado que la paciente sufre “electrosensibilidad severa”, que no puede trabajar "en ningún sitio" y aporta una prueba, “novedosa en España”, un estudio que muestra cómo su hormona del sueño, la melatonina, se altera con las ondas electromagnéticas. Valls cree que ya sería un primer paso que el Ministerio de Sanidad se interese por la electrosensibilidad y convoque un comité de expertos, como hizo para la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) en 2011.

Un argumento muy utilizado por los afectados es el de los intereses que tendrían las grandes compañías de telecomunicaciones en ocultar el problema. Sin caer en teorías de la conspiración, la experiencia de Bernardo Hernández Bataller, jurista y miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que intentó aprobar en este foro un dictamen sobre electrosensibilidad, es que “hay grandes presiones”. El informe no fue aprobado por la oposición de un experto británico. Luego salió a la luz que era asesor de compañías eléctricas. Las asociaciones de afectados lo denunciaron ante el Defensor del Pueblo europeo, que les acaba de dar la razón. Es un asunto complejo. El juicio en Lleida dura media hora. Queda visto para sentencia.