Sanidad quiere que los jubilados que más ingresan paguen más por las medicinas

El real decreto de abril de ese año acabó con esa situación: ahora, solo están exentos de pago quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas. El resto se divide en tres grupos: hasta los 18.000 euros, que pagan el 10% del precio marcado con un tope de ocho euros mensuales; de 18.001 a 100.000 y los de más de 100.000, que pagan el 60% de lo recetado con un tope de 60 euros mensuales. Para aquellos con ingresos de más de 30.000 euros al año eso puede cambiar si se cumplen los planes de Sanidad. A cambio, quedaron exentos los parados de larga duración, la medida que Sanidad airea cada vez que se critica el cambio del copago.

La ministra aseguró por la mañana en una entrevista en Ràdio 4: “Deberíamos ajustarlo mejor. Quien más tiene debería pagar más”. Y abundó: “Pienso sinceramente que no es justo que el cobra 18.001 euros pague lo mismo que una persona que cobra 100.000”. Montserrat ya había hablado de cambiar el copago en otras entrevistas, e incluso precisó en Abc los nuevos tramos: de 18.001 a 30.000, de 30.001 a 60.000 y entre 60.001 y 100.000.

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A las 21.30, ante las críticas que sus palabras habían desatado, la ministra tuiteó en su cuenta personal un mensaje con el texto “no es cierto que se vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros”, sin hacer más precisiones. Más tarde, fue su portavoz quien intentó cerrar las especulaciones, diciendo que la ministra, que se encontraba en una cena de trabajo, “está dispuesta a estudiar en un futuro la modificación de ese tramo”, en alusión al actual emtre 18.001 y 100.000 euros, de nuevo sin concreción.

El método de cálculo se basa en un cruce de datos con las declaraciones de la renta, que asigna un código a cada pensionista según sus ingresos, y en la informatización de las oficinas de farmacia, que permite saber cuándo un pensionista ha llegado a su máximo mensual.

El sistema ha registrado problemas técnicos —no recoge automáticamente los cambios en los ingresos y hay problemas si el afectado compra en farmacias de comunidades diferentes en un mes, porque los sistemas informáticos no se comunican—, pero también sanitarios. Distintos estudios calculan que hasta el 20% de los pensionistas dejan de adquirir algún medicamento que se les ha recetado por no pagarlo, aunque también hay expertos que afirman que eso demuestra que muchos reciben fármacos de más, y que no les pasa nada por renunciar a ellos.

Ya en el mandato de Ana Mato se planteó que el tramo intermedio resultaba demasiado amplio y que había que hacerlo más progresivo. Ese ideal de justicia es el que ha aducido Montserrat en sus declaraciones al respecto para cambiar los rangos y el porcentaje correspondiente.

Hay otro hecho que impulsa al alza. La factura pública en medicamentos es una variable especialmente importante para el ministerio por su visibilidad: es el único dato del sistema que se mide y se publica cada mes y es desglosado por comunidades. Por eso, aunque supone alrededor del 15% del gasto sanitario público, esta partida ha estado siempre muy vigilada. De hecho, ya al final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero empezó a bajar por una entrada más rápida y agresiva de los precios de referencia (el máximo que está dispuesto a pagar la Administración por un medicamento), impulsados por los genéricos.

Proceso acelerado

Este proceso se aceleró desde 2012, pero el efecto de esas medidas (cambio del copago, menos medicamentos subvencionados, limitación de acceso a la sanidad pública de los inmigrantes en situación irregular) duró un par de años, y el gasto farmacéutico empezó a subir en 2014. En noviembre de 2016, el último mes con datos, ya crecía un 3,78%.

Con el aumento de los copagos se intenta moderar esta subida, aunque no es previsible que se vuelva a los descensos. Primero, porque los jubilados que ingresan más de 30.000 euros —en su caso— no deben de ser demasiados (no hay datos en Hacienda sobre renta declarada y si se está activo laboralmente o no). Y segundo, porque Sanidad ha firmado un acuerdo con Farmaindustria para que esa partida no suba más del PIB, que este año se prevé que ronde el 2,5%, descontado ya el efecto del desembolso de los medicamentos para la hepatitis C, que hizo que se elevara tanto la partida el año pasado.

Sanidad no ha mencionado si habrá también una revisión del copago de los trabajadores activos, quienes desde 2012 también pagan en función de su renta: un 40% los que ganan menos de 18.000 euros; el 50% hasta los 100.000 y el 60% por encima de esa cifra. Por el mismo principio de justicia distributiva, también es posible que se apliquen ahí nuevos tramos con porcentajes crecientes de aportación.