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La Audiencia Nacional, 40 años de “respuesta serena” contra el terrorismo

El tribunal cumple cuatro décadas con el yihadismo y la corrupción como retos principales

El magistrado Jiménez-Alfaro, tras sufrir el atentado en junio de 1996. Ampliar foto
El magistrado Jiménez-Alfaro, tras sufrir el atentado en junio de 1996. Efe

El 5 de enero de 1977, mientras los españoles ultimaban sus compras de Reyes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba dos normas fundamentales. La primera fue la Ley de Reforma Política, que permitió el cambio que desembocó en la Constitución de 1978. La segunda, el Real Decreto Ley 1/1977, creaba la Audiencia Nacional. El tribunal que ha investigado y juzgado los asuntos más complejos de la historia reciente cumple 40 años con el terrorismo –antes el de ETA, ahora el yihadista- como principal eje de su actividad.

“Hay una fotografía que creo que resume muy bien la actitud que ha tenido esta casa frente al terrorismo: es de junio de 1996 y en ella se ve al entonces presidente de la Sección Segunda de lo Penal, Antonio Jiménez-Alfaro, justo después de que un libro bomba enviado por ETA le explotara en su despacho y le amputara tres dedos. En la imagen, se ve a Jiménez-Alfaro de pie en la puerta de la Audiencia, manchado por su propia sangre, con la mano herida envuelta en una toalla y un cigarrillo en la izquierda. La foto impresiona por la serenidad: ese es el espíritu de la Audiencia Nacional en la lucha contra el terrorismo”, explica José Ramón Navarro, presidente del tribunal.

La Audiencia Nacional, tachada de tribunal de excepción, especialmente por la izquierda abertzale, no es, recuerda Navarro, un sucesor del franquista Tribunal de Orden Público (TOP), disuelto por otra norma del mismo BOE y cuyas causas fueron repartidas por los juzgados ordinarios de Madrid. Se concibió como un órgano judicial con jurisdicción en toda España para responder de forma centralizada y especializada a una serie de delitos de especial complejidad, como la falsificación de monedas, los delitos económicos graves, el narcotráfico organizado y las causas de justicia universal. La competencia de la Audiencia sobre el terrorismo, el gran problema de España hasta que ETA dejó de asesinar en 2011, se incorporó en una disposición distinta del mismo BOE del 5 de enero de 1977.

La lucha contra ETA, y ahora contra el terrorismo islamista, ha marcado la existencia del tribunal. “Creo que la mayor satisfacción en esta casa ha sido que el trabajo de años y años, constante, de aplicación de la ley ha servido, en unión de otros muchos factores, para derrotar a ETA. Solo con la aplicación de la ley, sin atajos ni recovecos, y sin más norte que la ley penal cumplida estrictamente”, afirma el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Este también destaca de la trayectoria del tribunal el “haber llevado a término” el proceso por los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid “pese a todos los obstáculos”.

En la actual sede de la calle Génova, prácticamente okupada por su primer presidente, Rafael Mendizábal, en 1978, cuando las instituciones democráticas recién creadas pugnaban por hacerse con los mejores edificios, solo una habitación tiene nombre propio. Se trata de la Sala de Juntas Carmen Tagle, en la que se reúnen los fiscales de la Audiencia Nacional. La fiscal Tagle, adscrita al Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces dirigido por Baltasar Garzón, fue asesinada a tiros por los etarras Henri Parot y Jacques Esnal el 12 de septiembre de 1989. Tenía 44 años y no llevaba escolta.

“Carmen y yo éramos compañeros de promoción. Asistir a su entierro ha sido seguramente el momento más doloroso que he vivido aquí”, rememora el fiscal jefe Zaragoza. El presidente Navarro recuerda también el atentado contra su antecesor Fernando de Mateo Lage, que perdió una mano en febrero de 1990 al explotar un libro bomba que se llevó desde el despacho a su domicilio.

Los éxitos contra el terrorismo y el narcotráfico, con la operación Nécora, uno de los golpes más duros contra las bandas gallegas, se han intercalado con grandes casos de corrupción, de gran impacto mediático y muchas veces embarazosos para los sucesivos Gobiernos. Causas como Gürtel, Púnica o el caso Banesto, los fondos reservados o el caso GAL, sobre el terrorismo de Estado contra ETA, han marcado la actualidad política durante años.

Una de las materias de la Audiencia Nacional que más dolores de cabeza han supuesto para el poder Ejecutivo es la llamada jurisdicción universal, la capacidad de los jueces españoles para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. Una de las más sonadas fue la orden de detención dictada por el juez Baltasar Garzón en octubre de 1998 contra el exdictador chileno Augusto Pinochet. Las causas abiertas contra gobernantes de Israel y China por delitos de lesa humanidad, o contra los soldados de Estados Unidos que mataron al cámara de Telecinco José Couso en la guerra de Irak en 2003, provocaron que el Gobierno fuera laminando la extensión de la justicia universal hasta reducirla a la mínima expresión.

Las competencias de la Audiencia Nacional en materia penal son las mismas desde 1985 y están recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El fiscal Zaragoza habla de la necesidad de “actualizar” estas atribuciones con un listado acorde a las actuales necesidades de política criminal. Zaragoza pone el acento especialmente en la trata de seres humanos y en las redes de explotación sexual y laboral y las organizaciones de blanqueo de capitales con proyección internacional.

La Audiencia abarca también las jurisdicciones contencioso-administrativas, menos conocida pero que tiene el doble de magistrados que lo Penal; y la social, con tres magistrados. La primera entiende de las demandas contra la actuación de los altos organismos del Estado; y la segunda, de cuestiones laborales. Esta jurisdicción, presidida por el magistrado Ricardo Bodas, ha tenido que lidiar con asuntos derivados de la reforma laboral como el ERE de Coca-Cola, entre otros. “Es una labor callada, que no abre telediarios, pero enorme”, afirma Navarro.

En cualquier caso, el terrorismo, sobre todo del yihadista, que supone una cuarta parte de las diligencias previas abiertas por los juzgados centrales de instrucción, seguirá ocupando la mayor parte de la actividad de la Audiencia, cuyo modelo está siendo imitado por muchos países. “Si desapareciera habría que reinventarla”, sostiene su presidente.