Lo posible y lo probable en Cataluña

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De acuerdo: el auge del independentismo catalán a partir de 2012 no era una ilusión pasajera. Y la actitud del Gobierno del PP ante ese fenómeno político no ha sido acertada: la apelación al respeto de la legalidad es necesaria pero insuficiente.

Pero es absurdo pretender que la respuesta del Estado deba ser facilitar el acceso a la independencia, eliminando los obstáculos existentes. Por ejemplo, introduciendo en la Constitución el derecho de autodeterminación. Lo que significaría dar al independentismo la victoria por adelantado. Pues que el Estado ceda en algo tan decisivo sería interpretado como prueba de su debilidad, lo que a su vez reforzaría a quienes quieren liquidar su presencia en Cataluña. Y sería leído por los que están a favor de la consulta pero dudan sobre la independencia como una invitación a sumarse a la ola secesionista.

Que no sea un fenómeno pasajero no significa que sea un movimiento imparable que solo puede desembocar en la secesión. Un caso próximo es el del nacionalismo vasco: hace unos 15 años dio por definitivamente superada la autonomía en favor de un soberanismo radical, pero luego ha moderado sus posiciones sin renunciar a su ideología. Es tan soberanista como siempre, pero ha modulado ese radicalismo ideológico al traducirlo en políticas compatibles con el marco autonómico; lo que a su vez, según el Sociómetro del Gobierno vasco, ha hecho descender la adhesión al independentismo: del 37% al 22% en tres años.

Es cierto que en Cataluña se mantiene en porcentajes próximos al 50%: en el 45% según el último sondeo del CEO, cuando en 2012 llegó a ser del 57%. Y los que están en contra, que apenas superaban entonces el 20%, son ahora el 47%. Puigdemont ha dicho estos días que bastaría la mitad más uno de los votos para dar validez a los resultados del referéndum. Pero el significado político de esas cifras sería el mismo si se intercambiasen ambas posiciones y fuera mayoritaria la opción secesionista: no es viable una independencia rechazada por la mitad de la población.

El president no se pronuncia sobre el nivel de participación necesario para considerar válido el resultado, pero advierte de que no se puede privilegiar a los “boicoteadores” frente a los que participan. Experiencias como la de la minoría serbia de Bosnia (40% del censo, que se abstuvo en bloque en la votación sobre la independencia sin que fueran considerados sus intereses, lo que provocó la guerra) aconsejan no tomarse ese criterio al pie de la letra.

Puigdemont también ha dicho que su prioridad para 2017 es celebrar un referéndum “legal y vinculante”. Para ser legal, de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución, no podría ser vinculante, sino consultivo. De momento el problema de los independentistas es que no hay una mayoría suficiente a favor de su ideal político, por lo que intentan movilizar tras la bandera del referéndum al sector, representado por los seguidores de Ada Colau y Xavier Domènech, </CF>favorables a la consulta pero dubitativos ante la independencia.

Pero este último cree imposible un referéndum pactado con el Gobierno y defiende ahora unas elecciones anticipadas, que podrían dejar en minoría al bloque independentista que gobierna Cataluña. Ante ese bloqueo, lo que queda por explorar es una consulta pactada, pero no sobre la independencia sino sobre un acuerdo entre las instituciones catalanas y las españolas sobre el autogobierno, a incluir en una reforma delEstatut. No sería la mejor salida posible, pero sí la menos mala de entre las mínimamente probables.