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Un pacto nacional por la educación que dé voz a las víctimas de ETA

La defensora del Pueblo pide a los partidos que lleven la voz de las víctimas a los colegios

¿Quién fue Melitón Manzanas? ¿Se acuerdan los jóvenes de hoy de aquella España del verano de 1997, volcada en las calles para pedir la libertad de Miguel Ángel Blanco? ¿Saben los millennials qué significan las manos blancas con las que lloró la gente el asesinato de Francisco Tomás y Valiente? La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, teme que las nuevas generaciones no conozcan la respuesta a esas preguntas y echa en falta en su enseñanza "un planteamiento antropológico que explicara el carácter intrínsecamente perverso del terrorismo". Por eso, el viernes registró en el Congreso un informe en el que pide a los partidos que recojan la historia del terrorismo de ETA, así como la visión de sus víctimas, en el pacto nacional por la educación que negociarán a lo largo de 2017.

Ana Pastor, presidenta del Congreso, y Soledad Becerril. Ampliar foto
Ana Pastor, presidenta del Congreso, y Soledad Becerril. EFE

En España los alumnos no aprenden "el carácter intrínsecamente perverso del terrorismo". Sus libros de texto no les ofrecen estadísticas de asesinatos, datos sobre el número de atentados ni fotografías de los ataques terroristas. Hay "una ausencia total de algún ejercicio de reflexión sobre las consecuencias sociales, políticas y personales de los atentados, secuestros o amenazas de la organización terrorista ETA". Y todas esas observaciones, recogidas en el informe Los derechos de las víctimas de ETA, enfrentan a España con un gran problema: "Aquellos que no pueden recordar su pasado están condenados a repetirlo", subraya el texto del documento de la defensora del Pueblo, que recomienda una solución política tras revisar más de una decena de libros de texto de segundo de bachillerato.

"Mantener, en el marco de un posible Pacto Nacional por la Educación y en los Reales Decretos por los que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato, dentro de los elementos comunes, el objetivo general de fomentar el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo", reza el informe. "Incluir, en los citados Reales Decretos, el rechazo al terrorismo desde una óptica filosófica y moral, en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Han pasado más de cinco años desde que ETA dejó de asesinar. Las mañanas llenas de explosiones, muertes y lágrimas ya no forman parte de un día a día dramático. Los partidos, sin embargo, no se ponen de acuerdo en cómo ponerle el punto final a la banda. Muchos amenazados siguen sin poder rehacer sus vidas, expulsados todavía del País Vasco y de Navarra. Nadie, finalmente, puede devolver las vidas perdidas a los familiares de las más de 800 víctimas, que luchan porque no se desdibuje la memoria de lo ocurrido.

"En los manuales de historia analizados no se explicita la perspectiva ni el pensamiento de las víctimas, así como las consideraciones filosóficas, antropológicas y éticas sobre el terrorismo de ETA", lamenta el informe de la defensora del Pueblo.

Becerril pide a los partidos que tengan en cuenta ese problema en las negociaciones que emprenderán en 2017 para alcanzar un pacto nacional por la educación que supere los cambios de gobierno y esté vigente durante décadas. Ahí se debería fijar el relato de tantos años de terror. El Gobierno también debería unificar su discurso y explicarlo mejor en el exterior, dice la defensora, que urge a la fiscalía y al Ministerio de Exteriores a pedir las extradiciones de etarras localizados en el Extranjero “para satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas”.

Según el informe, un recuerdo justo y verosímil del historial de ETA será el mejor argumento frente a países como Bélgica, que se niega a entregar a España a la terrorista Natividad Jáuregui porque duda de que fuera a tener un juicio justo. Además del país Europeo, Venezuela, México, Cuba o Reino Unido también han denegado extradiciones de etarras a España en los últimos años.