El Gobierno frena la reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha frenado este miércoles la reforma exprés de la Constitución que el PP había pactado con Ciudadanos para acabar con los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo en el primer trimestre de 2017. El Gobierno, que ha subrayado su compromiso con la medida, argumenta que es necesario delimitar a qué tipo de delitos afectará el cambio y también que es imperativo armonizar su aplicación con el fin de los aforamientos de los diputados autonómicos. En España hay unos 2.000 políticos aforados. Ningún otro país en Europa tiene más personas con derecho a no ser juzgadas en los tribunales ordinarios.

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“El PP cumple sus compromisos, lo tenemos con ustedes, en el punto 94 del acuerdo, y con los ciudadanos, trabajar por la regeneración democrática”, ha recordado Sáenz de Santamaría durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. “Además de modificar los aforamientos, tendremos que hacer muchas otras cosas para dignificar la política”, ha continuado. “Con la reforma de la Constitución arreglamos 650 aforamientos [los de diputados y senadores], tendremos que acompasar la reforma de la Constitución con la de los aforamientos autonómicos”, ha pedido. “Me he leído el programa de todos los que estamos en esta Cámara, y me suscita dudas ver si eliminamos los aforamientos para todos los delitos o solo los de la vida política”.

La medida está incluida entre las seis condiciones que Albert Rivera le planteó a Mariano Rajoy en agosto para sentarse a negociar el pacto de investidura que finalmente firmaron. En el texto se recoge que las condiciones “se deberán tramitar durante los tres primeros meses” de la legislatura. Ciudadanos interpreta que esa frase implica que las dos partes han adquirido un compromiso para impulsar una reforma exprés que, en principio, cuenta con el apoyo del PSOE (firmó la misma medida en el pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera) y Podemos (la lleva en su programa).

De hecho, esta formación aspiraba a patrocinar un cambio quirúrgico de la Ley de leyes, centrado únicamente en los dos artículos que afectan a los aforamientos, igual que se hizo en 2011 para fijar en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y la obligatoriedad de que el pago de la deuda pública fuese prioritario frente a cualquier otro gasto del Estado en los Presupuestos (artículo 135).

Veto a las leyes de la oposición

Además, el Gobierno se escuda en la necesidad de preservar la recuperación económica para vetar más de una decena de leyes aprobadas por la oposición. Así ha explicado este miércoles la vicepresidenta que el Ejecutivo haya frenado la paralización de la LOMCE o la reforma del Estatuto de los trabajadores aplicando la previsión constitucional que le permite hacerlo cuando la puesta en marcha de una norma afecta al equilibrio de los Presupuestos.

“Está secuestrando la función legislativa de la Cámara. En los últimos 50 días han vetado en la mesa la tramitación de 14 proyectos de ley”, ha recordado Carolina Bescansa, diputada de Podemos. “Es una media que no tiene precedentes, que no tiene explicación, sino es que usan la Constitución como la pala para cavar la última trinchera que les permita gobernar como si tuvieran mayoría absoluta sin tenerla. Están diciendo que las Cortes no tienen potestad para reordenar la distribución de los recursos públicos, que aquí no se puede legislar sobre lo importante”.

“Que el Gobierno no secuestra nada se demuestra en que se han debatido 18 proyectos de ley, leyes que son tan leyes como la de Presupuestos, que es la que el Gobierno intenta amparar y proteger con esas disconformidades”, ha explicado Sáenz de Santamaría. “Esta Cámara gastaba de una tacada 15.000 millones de euros, que es la mitad del dinero del conjunto de Ministerios de la Administración”, ha recordado. “¿Cómo pagamos las transferencias a las comunidades autónomas, las infraestructuras, las subvenciones públicas?”, se ha preguntado. “Repase los antecedentes”, le ha pedido a Bescansa. “Hay precedentes: con José Luis Rodríguez Zapatero hubo 96 disconformidades”, ha seguido. Y ha subrayado: “Intentamos preservar la recuperación. Por gastar sin control puede ponerse en duda la recuperación. Alguien tiene que ser responsable; en este caso será el PP”.