Andalucía avanza que el Constitucional ha avalado su subasta de fármacos

Las subastas de fármacos que convoca la Junta de Andalucía desde 2012 no invaden competencias estatales. Así lo ha decidido este jueves por unanimidad el pleno del Tribunal Constitucional, según han avanzado fuentes del gobierno andaluz. El fallo del Constitucional cierra cuatro años de conflictos entre el Gobierno central y autonómico a cuenta de este mecanismo que puso en marcha Andalucía para recortar su gasto farmacéutico y que consiste en sacar a adjudicación pública la venta en farmacia de algunos de los principios activos más consumidos.

La subasta a la baja de fármacos es un procedimiento habitual para la compra por parte de la Administración de los medicamentos de uso hospitalario, pero hasta entonces nunca se había usado para la venta en farmacias. El Gobierno central consideraba que la medida invadía competencias estatales en materia de fijación de precios y rompe la equidad de acceso a los medicamentos por lo que la llevó al Constitucional en cuanto la Junta aprobó la normal por la que se regulaba. El Constitucional suspendió de forma cautelar el plan de la Junta tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo pero levantó esa suspensión meses después hasta que se pronunciara sobre el fondo del asunto, que es lo que ha hecho ahora. Entretanto, la Junta ha celebrado ya una decena de concursos públicos de medicamentos y el Gobierno ha seguido recurriendo cada convocatoria.

El debate sobre la legalidad de las subastas se incluyó en el orden del día del pleno del Constitucional de esta semana. Fuentes del tribunal afirmaron ayer que la sentencia no está terminada, pero la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, avanzó el fallo en su cuenta de Twitter: “El Constitucional avala la subasta de medicamentos de #Andalucía. Pierde el Gobierno del PP, ganan los ciudadanos y la sanidad pública”, escribió.

Fuentes de la Junta precisaron a este periódico que la decisión había sido adoptada por unanimidad de todos los miembros del pleno del Constitucional con el argumento de que la medida puesta en marcha por Andalucía no vulnera las competencias estatales. En las dos ocasiones en las que el Gobierno pidió la suspensión de la subasta y el tribunal levantó esa suspensión, el Constitucional ya avanzó algunos argumentos favorables a la medida de la Junta: “Las Administraciones públicas con competencias en la materia (gasto farmacéutico) tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”, dijeron entonces los magistrados.

Las nueve subastas de medicamentos que ya se han adjudicado han ahorrado a la Junta 413 millones de euros, según los datos facilitados por la Consejería de Salud.