El negocio libre de impuestos de los altos funcionarios

“Un día el preparador nos juntó a todos sus opositores. Estábamos todos en el salón, éramos más de 10”, cuenta un ex opositor que no ha llegado a ser juez tras 7 años de estudio. Era un piso señorial en el barrio de Salamanca de Madrid. “Esperábamos, cantábamos el tema y nos íbamos. En una hora nos ventilaba a tres”, añade. El preparador era un magistrado del Tribunal Supremo y cobraba a cada opositor 325 euros al mes en un sobre.

El ex opositor ha preferido ocultar su nombre. Ahora está quemado con el sistema, pero quizá un día retoma las oposiciones y no quiere posibles represalias. En la vida del opositor a alta función pública, la rutina más fija es ir a cantar los temas al preparador, una o dos veces por semana. Los preparadores son casi siempre funcionarios que ya han aprobado esas mismas oposiciones.

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La mayoría de preparadores lo hace en privado en su casa, aunque también hay academias: “Donde hay más preparadores privados es en la carrera judicial: alrededor del 80-90% son particulares”, dice Jesús Martínez, director del Área de Oposiciones de la Academia CEF. En la sede madrileña de esa academia tienen este curso unos 30 opositores a judicatura. En 2015, hubo 3.982 opositores que intentaron aprobar las oposiciones para juez y fiscal, que son la misma. Otros 3.240 aspiraban a ser Letrados de la Administración de Justicia —antiguos Secretarios judiciales— y 938 querían ser Inspectores de Hacienda y Empleo.

Son algunos de los miles de aspirantes en las oposiciones principales a la categoría más alta de funcionarios en España, la A1. El precio medio que paga un opositor a su preparador particular depende del funcionario, la provincia y el método —hay quien prepara por Skype—, pero ronda los 200 euros y la media de alumnos es de 10. El sobresueldo de los preparadores puede llegar a duplicar su salario como funcionarios en un negocio que mueve varios millones de euros anuales.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) requiere a los jueces que quieran preparar que pidan un permiso de compatibilidad si van a dar más 75 horas anuales. De los 5.502 jueces en activo, lo habían pedido hasta 38 hasta mediados de noviembre. Y de esos 38, no todos preparan por cuenta propia. Algunos lo hacen en academias, con lo que la posible falta de permiso es más fácil de descubrir. En el actual CGPJ no recuerdan ninguna sanción a un juez o magistrado por el incumplimiento de la incompatibilidad como preparador de oposiciones. No es algo que se controle con escrúpulo.

El dinero que los altos funcionarios ingresan por estas clases no está regulado. La tributación depende exclusivamente de la buena voluntad de los empleados públicos. “Hay un agujero en la tributación de esta labor”, dice Álvaro García Ortiz, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. “No solo es feo, es ilegal. Es del tipo de cosas que la gente prefiere mirar a otro lado. Esto era escandaloso hace unos años y ahora se va regularizando algo más, pero no es aún un campo limpio”, añade. Quizá cada vez vaya mejor, pero no hay ningún dato que permita verificar si mejora o empeora. Solo una cosa sigue igual: no está regulado.

El negocio libre de impuestos de los altos funcionarios

El caso sería menos escandaloso si los implicados no fueran quienes por la mañana imparten justicia y controlan fraudes que por la tarde se sienten con la libertad de ignorar.

Los funcionarios que preparan a opositores deben declarar sus ingresos como rendimiento del trabajo. El sistema de tributación es el mismo que cuando dan un curso o una charla y una entidad les paga. Pero entonces queda una huella: el pago de la empresa que organiza el acto. Los opositores no son sin embargo una empresa cuyos pagos pueda trazar la Agencia Tributaria, a no ser que haya una denuncia, que puede ser también anónima.

El rastro que dejan los opositores es un largo hilo de lamentos privados y anónimos en foros de Internet donde comparten en soledad sus problemas: “Yo creo que no es pedir mucho, dado el pastón que [los preparadores] se sacan y el sobresueldo que tienen a costa nuestra (en negro, claro)”, dice uno. Y otro: “La mayoría de los preparadores se están lucrando a base de bien con nuestro sufrimiento sin estar a la altura de las circunstancias, la inmensa mayoría de ellos cobrando en negro, sin comunicar al CGPJ que son preparadores, sin darnos un recibo ni garantía alguna”.

Los mensajes de estos foros son anónimos y por tanto sin posibilidad de atribución, pero las quejas coinciden con un secreto a voces que he podido contrastar en numerosas conversaciones off the record con jueces, fiscales, inspectores de trabajo y de Hacienda. Este periódico ha contactado con una coordinadora de uno de estos foros —que también prefiere ocultarse porque oposita— que confirma la existencia de personas reales detrás de los mensajes.

Nadie ni siquiera dentro del cuerpo es capaz de demostrar qué hacen sus compañeros que preparan más allá de haberlo oído o intuido en charlas informales. He intentado hablar por teléfono y por correo electrónico con varios preparadores. Ninguno ha querido comentar su labor con un periodista, antes incluso de mencionar el problema de la tributación: “Yo si te digo la verdad no sé quién eres. No voy a hablar con una persona desconocida”, dijo uno.

Desde el CGPJ destacan así la dificultad de descubrir casos ilegales: “Como este tipo de actividad se desarrolla fuera del horario laboral, y evidentemente fuera de las sedes judiciales, el CGPJ no puede ejercer ningún control. Como no puede hacerlo ninguna empresa sobre las actividades que desarrollen sus empleados en su tiempo libre”, dicen fuentes del CGPJ.

La Agencia Tributaria tiene un problema similar: sin denuncia es difícil actuar y encontrar pruebas. Los opositores son los únicos que podrían presentar una denuncia anónima para que se pueda investigar. Pero la falta de factura —un recibo puede hacerlo cualquiera— complica aún más las pesquisas. Fuentes de la Agencia Tributaria confirman que sin una “constatación de incumplimientos” es difícil actuar: “La Agencia Tributaria permanece atenta a cualquier incumplimiento del que pueda existir la suficiente información, de modo tal que pueda ser comprobado y, en su caso regularizado”.

Desde la inspección de Hacienda apelan a la conciencia y al control corporativo como solución: “Puede ser que haya un alto funcionario que no tenga ninguna conciencia fiscal y sus compañeros tampoco la tengan. Pero nuestro cuerpo hay cierta conciencia fiscal”, dice José Luis Groba, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. “Es un mundo pequeño y todos nos conocemos. No vas a quedar mal y que tus compañeros digan ‘mira este jeta’”, añade Groba.

Los jueces sin embargo creen que la inspección de Hacienda podría hacer más: “La inspección de Hacienda tendrá mucho trabajo y esto no suele vigilarlo. Debería vigilarlo más”, dice Jaime Anta, de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria. Anta añade luego la pregunta más compleja: “Pero por mucho que lo regules, ¿cuál es la solución para que se declare a Hacienda?”

Con la crisis, el número de plazas se ha reducido: en 2010 y 2011 hubo 400 plazas, en 2012 ni siquiera hubo convocatoria y en los últimos tres años se han ofrecido solo 100 plazas. A pesar de que las plazas se han reducido, el número de opositores se ha mantenido constante. El negocio de la preparación por tanto no ha descendido con la crisis.

El agujero de la falta de control fiscal no implica obviamente que todos se aprovechen. La falta de regulación provoca otro problema: el mantenimiento del sistema impide que se cree un sistema regulado de opositores, con sus becas y ayudas. Hoy pocos jóvenes pueden sacarse unas oposiciones a alto funcionario sin disponer de una media de 200 euros al mes. Las ayudas actuales son escasas y puntuales: el Gobierno vasco da alguna, la Asociación Profesional de la Magistratura ha empezado a dar este año 10 becas anuales de 1.200 euros financiadas por el Banco Santander. No es nada sistemático.

“Siempre preparaban los niños con posibilidades. En mi época solo preparaban la gente que vivía en la ciudad o quienes tenían recursos. Es inaudito. El propio Estado debe fomentarlo”, dice Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. Una opción, propone Yébenes, sería la creación de una escuela donde los preparadores tuvieran un nivel contrastable y los alumnos ya pudieran ser seleccionados por mérito.

Una escuela haría que la calidad de los preparadores estuviera más definida. No hay ahora un modo de controlar la calidad pedagógica de cada preparador. Por su inocencia, el inicio del estudio de los jóvenes opositores puede caer en manos de preparadores con pocas aptitudes para enseñar: “Cuando te enteras de qué va la vaina, en realidad el negocio es mucho. Yo abandoné a mis dos primeros preparadores porque no tenían una metodología, no sabían qué hacían a nivel memorístico”, dice un opositor.

Hay pocos incentivos para cambiar el sistema: “Cuando sacaron el sistema de becas a opositores, algunos preparadores se negaron a emitir el informe porque creían que era un sistema para ser controlados por Hacienda”, dice un opositor anónimo. El sueldo extra es un modo de subsanar todas las incompatibilidades laborales de estos cuerpos de altos funcionarios.

Si no hay cambios, el sistema para escoger a los representantes más altos del Estado seguirá implantado tal como describe este otro opositor anónimo: “La gran mayoría hemos tenido el mismo problema para buscar preparador. Se suelen encontrar preguntando en las Audiencias, Fiscalía, profesores de universidad. Es echarle morro al asunto y moverse un poco. Como cobran en negro, muchos prefieren mantenerse en el anonimato y se anuncian a través de conocidos”.