Independencia y medios

Al despertar cada mañana, no somos conscientes del aire que respiramos. Estamos acostumbrados. No nos paramos a pensar que sin ese aire moriríamos. En un Estado moderno y democrático, la justicia tiene mucho de aire, callada pero imprescindible. Una justicia resolutiva, organizada y eficaz. Una justicia pronta y comprometida con los derechos humanos y las libertades públicas en la que confíe la ciudadanía.

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En España, este servicio público viene funcionando de manera más o menos adecuada gracias al trabajo de muchas personas, que suplen con su esfuerzo las carencias e ineficiencias del sistema. Tenemos una ratio de 12,5 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea ronda los 21,6. El gasto público es de 74,8 euros/habitante frente a los 103 de Alemania. La litigiosidad en 2015 alcanzó los 182 asuntos por 1.000 habitantes frente a los 80 de Alemania o 100 de Italia. Y a pesar de ello el sistema funciona, renqueando pero funciona: en 2015 se resolvieron más asuntos de los que ingresaron.

Pero la justicia no puede quedar al albur de ese voluntarismo. La litigiosidad no disminuye, impidiendo que se pueda dedicar la atención debida a los asuntos que lo merecen. Los señalamientos se demoran cada vez más en el tiempo. La complejidad derivada de una legislación expansiva complica las controversias judiciales. Los jueces y juezas, como pilar básico de esa justicia, como poder responsable de un Estado democrático y que garantiza el correcto funcionamiento de los otros dos, queremos que esa justicia, que es de todos y para todos, mejore.

En diciembre de 2015, las asociaciones judiciales nos unimos de manera responsable, superando las diferencias, para exigir independencia como garantía de credibilidad. Separación real de poderes como freno a cualquier injerencia. Normas eficaces frente a los intentos de politizar la Justicia y de judicializar la política. Incremento razonable de la plantilla judicial. Un diseño de la organización judicial acorde con la realidad social actual. Una oficina judicial moderna como instrumento para el ejercicio de la función judicial. Mayor coordinación entre las administraciones implicadas. Reformas procesales que agilicen los procedimientos y hagan de la decisión judicial un mecanismo útil para la decisión de los conflictos.

Los tiempos que corren han puesto en valor la importancia de la justicia y acrecentado el protagonismo de los jueces y juezas en la defensa de los más débiles, ya sean quienes han sido desahuciados por el impago de su hipoteca, trabajadores en precario, víctimas de las preferentes, menores, discapacitados o migrantes. Ello no ha hecho sino incrementar la confianza ciudadana en la justicia como garante última de sus derechos y libertades frente a los abusos del poder.

En nuestra doble condición de profesionales y de ciudadanos, exigimos una justicia más moderna y con medios. La falta de medios impide una tutela eficaz de los derechos, pero también facilita la persistencia de lacras como la corrupción al dificultar su persecución. Precisamente por eso, ante la necesidad de distinguir entre lo imprescindible y lo conveniente, entendemos como objetivos básicos:

1.- Garantizar una Justicia que tutele los derechos de los ciudadanos con la calidad, eficacia y rapidez debidas, para lo cual es necesario una reforma legal que afronte el problema de la litigiosidad abusiva, un incremento sostenido en la plantilla judicial, la apuesta por los tribunales de instancia, el desarrollo de una nueva oficina judicial acorde con los principios de eficiencia, eficacia, racionalidad, coordinación y responsabilidad en la gestión —no como un fin en sí mismo sino para dar soporte y apoyo a la función judicial—, la redefinición del régimen competencial entre Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y comunidades autónomas, la reorganización territorial y funcional de la Administración de Justicia, la implantación de las nuevas tecnologías…

2.- Recuperar la credibilidad de la Justicia garantizando la independencia. No como privilegio, sino como derecho de todos. Los poderes deben equilibrarse y no fagocitarse. Un Poder Judicial no sometido al resto es garantía frente a la corrupción y el abuso. Queremos que las sospechas de parcialidad o de politización desaparezcan. Para ello es esencial la elección de los vocales judiciales por los propios jueces, como exigen el Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y una representación más plural y respetuosa con la igualdad de género. Pero también que se supriman o reduzcan los aforamientos, que se limiten los indultos, que se impida la confusión interesada entre la responsabilidad judicial y política y el uso abusivo del proceso penal, que no se trasladen a la jurisdicción cuestiones de índole política.

Pero estos objetivos solo se pueden alcanzar como resultado de un gran acuerdo político que saque a la justicia del debate partidista. España y sus ciudadanos se merecen una Justicia acorde con los tiempos. Las asociaciones judiciales hemos hecho nuestro trabajo. Ahora les corresponde a otros demostrar su responsabilidad, insuflar oxígeno y apostar para que la justicia sea una prioridad.

Manuel Almenar, Raimundo Prado, Ignacio González Vega y Concepción Rodríguez son portavoces, respectivamente, de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente