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Activistas de Greenpeace se encadenan y paran las obras del almacén de gas en Doñana

La ONG considera que el proyecto de Gas Natural es "peligroso e innecesario"

Activistas de Greenpeace durante la protesta en Doñana.

Una veintena de activistas de Greenpeace se ha encadenado esta mañana a las instalaciones de Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana para frenar las obras de sus proyectos de extracción y almacenamiento de gas. En la protesta, iniciada de madrugada, los activistas se han encadenado para impedir la entrada de los operarios y otros, escaladores de la organización, han montado un campamento sobre una estructura, todos con pancartas que denuncian "Doñana no es un almacén de gas". La ONG ha instalado este "campamento de resistencia" contra las obras y de momento la Guardia Civil permanece a las puertas de las instalaciones sin intervenir.

El pasado sábado una manifestación de 1.500 personas bajo la plataforma Salvemos Doñana formada por 200 colectivos protestó contra este almacén subterráneo de Gas Natural que acarrea una inyección de hidrocarburos en una zona considerada potencialmente sísmica, además de la industrialización de un área protegida considerada patrimonio mundial y con un alto valor medioambiental.

"Ni el Gobierno central ni la Junta de Andalucía han tenido suficiente voluntad política para detener este inaceptable proyecto", ha afirmado Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace. "Gas Natural Fenosa sabe que este proyecto es insostenible y parece que lo único que busca son los 358 millones de reclamación por responsabilidad patrimonial si la Administración paraliza sus obras", ha añadido. Gas Natural ha condenado el asalto de sus instalaciones porque "han impedido el desarrollo normal de la actividad en este centro de trabajo". La compañía energética asegura que durante 30 años de trabajos en Doñana el medio ambiente no ha se ha visto afectado.

Greenpeace considera que el proyecto es incompatible con el turismo, la agricultura y la pesca, y es "tan peligroso como innecesario" y solo contribuye a alejar a España del compromiso de cumplir con el Acuerdo de París que el Congreso ratifica mañana. Ante la controversia generada por el proyecto, la organización recuerda los más de 500 terremotos que produjo el almacén subterráneo Castor en Castellón y la indemnización de 1.400 millones de dinero público que provocó.

Este almacén en construcción, ubicado en la zona del parque de la Marisma Occidental, es uno de los cuatro proyectos que Gas Natural había presentado a las Administraciones y el único que ha salido adelante. A pesar del inicio de las obras, la Junta de Andalucía busca ahora que el Gobierno central unifique los cuatro proyectos para someterlos a una única evaluación ambiental conjunta y poder así tumbar la extracción de gas en la zona, sobre todo tras la experiencia del almacén Castor.

El proyecto cuenta con el visto bueno del Gobierno central, aunque la Junta de Andalucía haya intentado paralizar las obras mediante los permisos de su competencia. Tras la decisión de la UE de desentenderse del conflicto, este se resolverá en los tribunales. La compañía estima que si se paralizan las obras podría reclamar como indemnización más de 350 millones.

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