El fiscal denuncia a 137 guardias civiles por cobrar facturas falsas

La operativa del fraude era tan simple como descarada: presentaban facturas de un hostal para cobrar dietas cuando se desplazaban a Madrid en comisión de servicio, pero en realidad se alojaban en una residencia del instituto armado. La Fiscalía de Madrid ha denunciado a 137 guardias civiles y un funcionario civil por malversación de caudales públicos y falsedad. Las cantidades defraudadas van de 33,80 a 1.489,74 euros por cada uno. Entre ellos hay 16 oficiales (incluido un teniente coronel) y 13 suboficiales. Los demás son cabos y guardias.

Fue el Servicio de Asuntos Económicos de la Guardia Civil el que dio la voz de la alarma al examinar las facturas que presentaban algunos agentes para cobrar la indemnización por alojamiento cuando se desplazaban a Madrid con motivo de alguna gestión oficial. Lo primero que llamó la atención es que la factura emitida por el establecimiento hotelero coincidía siempre con el límite máximo previsto en la orden sobre indemnizaciones por razón del servicio —es decir, entre 48,92 y 65,97 euros diarios, según el empleo del afectado— y que esta cantidad estaba siempre por encima de lo que el mismo establecimiento anunciaba en su página web o cobraba a otros clientes.

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Pero lo definitivo fue comprobar que en las mismas fechas en que los agentes pretendían haberse alojado en el Hostal Las Vegas, situado en la calle de Almansa de Madrid, no muy lejos de la Dirección General de la Guardia Civil, figuraban como hospedados en la residencia de oficiales y suboficiales de la calle del Príncipe de Vergara de la capital.

Tras una investigación a cargo del departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil, el tema acabó en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien presentó una denuncia contra 137 miembros de la Guardia Civil y un funcionario civil. Entre los investigados hay un teniente coronel, un comandante, 4 capitanes, 10 tenientes y un alférez, 13 suboficiales y más de un centenar de cabos y guardias, así como un funcionario civil del instituto armado.

Aunque la aparente impunidad con la que operaban los implicados hace pensar que se trataba de una corruptela muy enraizada, la investigación se ha limitado al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de noviembre de 2014.

El monto total malversado en este período ascendería a más de 14.000 euros y las cantidades defraudadas individualmente oscilan entre 33,80 y 1.489,74 euros, en función del empleo del implicado y del número de días. Así, mientras la mayoría de los denunciados presentaron facturas por unos pocos días, uno de los guardias lo hizo por 40.

Para calcular el dinero defraudado, el fiscal ha restado a las indemnizaciones cobradas el dinero que efectivamente pagaron por dormir en la residencia de la Guardia Civil, siempre menos de 10 euros por noche.

Los guardias denunciados están destinados por toda España, por lo que el juez de instrucción de Madrid que ha abierto diligencias previas ha pedido el auxilio de otros juzgados para tomarles declaración como investigados. La defensa de muchos de ellos ha sido asumida por el letrado Antonio Suárez-Valdés, que intervino en un caso similar: la denuncia contra decenas de militares del Ejército del Aire, y también guardias civiles, por cobrar falsas mudanzas.

La denuncia se ha llevado a la justicia ordinaria y no a la castrense porque no se puede imputar un delito contra la Hacienda militar, ya que el presupuesto presuntamente malversado es el de Interior, según explicaron fuentes de la Guardia Civil.