La preocupación ciudadana por la corrupción se dispara durante el Gobierno de Rajoy

Jueves 17 de noviembre. Felipe VI se dirige a los diputados y senadores que se han reunido en el Congreso para la apertura solemne de la legislatura. El Monarca señala los retos a los que se enfrenta España. Y subraya: “La corrupción, que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar”. Los parlamentarios aplauden. Saben que no hay nada casual en esa referencia. El 37,6% de los encuestados por el CIS señalaba a la corrupción y al fraude como uno de los tres grandes problemas de España en octubre de 2016. El récord histórico del 63,8% se alcanzó cuando el primer gobierno de Rajoy ya había superado el ecuador de su mandato, en noviembre de 2014. Un salto estadístico espectacular frente al 5,4% que se refería a este problema en el último mes de gobierno de Zapatero.

“Ese incremento se ha producido en gran medida por dos cosas”, razona Fernando Jiménez Sánchez, profesor de ciencia política y de la administración de la Universidad de Murcia y miembro del grupo de expertos en lucha contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO). “Primero, por la visibilidad mayor de la corrupción ante las oleadas casi incesantes de escándalos recogidas en los medios y las noticias de seguimiento de estos casos conforme avanzaban las investigaciones policiales o se celebraban los juicios”, enumera. “Y segundo y más importante, por el contexto de crisis. La gente aquí y en todos lados tiende a ser más severa con estos comportamientos en tiempos de dureza y ajustes que en tiempos de bonanza”.

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La España de las tramas de la Gürtel y de la Púnica es también la España que ha vivido tasas de paro del 25% y una prima de riesgo disparada. La España de los casos Bárcenas y Taula es también la España de los contratos temporales en la que los sueldos han perdido más de un 10% de su poder adquisitivo. La de los desahucios y la pobreza energética. La de los comedores sociales repletos y los récords de familias sin un solo miembro con trabajo. Los electores, dicen los expertos, han priorizado resolver la economía antes que la corrupción.

“Los ciudadanos vienen identificando la corrupción con la clase política en general, independientemente de un partido u otro”, opina Jesús Lizcano, portavoz de Transparencia Internacional en España. “Piensan que todos son iguales, por lo que no ejercen un voto realmente discriminatorio en las urnas en base a esa variable”, prosigue. “En muchos casos basan su decisión electoral en alguna otra variable: ideológica, social, económica...”.

Los votantes del Partido Popular

“Y los votantes del PP votan en clave económica, la corrupción no entra en sus cálculos”, especifica Juan Jesús González, profesor de sociología en la UNED y consejero editorial del CIS, quien además alerta sobre “la tolerancia hacia la corrupción como rasgo de la cultura política española”.

Los votantes del PP señalan constantemente a los encuestadores que la corrupción les importa menos que a los de los otros partidos a la hora de decidir su voto. En el último barómetro, el 28,2% de los votantes del PP colocaban a la corrupción como uno de los tres principales problemas de España, frente al 44,9% de Podemos, el 41,1% de los de Ciudadanos y el 39,6% de los del PSOE. Esa tendencia se repite en todos los momentos críticos de la serie. Frente al 50% de los votantes de Albert Rivera y el 46,8% de los de Pablo Iglesias que se pronunciaban en el hito récord de octubre de 2014, solo el 38,7% de los electores de Mariano Rajoy compartían esa visión (por el 37,3% de los socialistas). El patrón se repitió antes de las elecciones generales del 20-D y del 26-J, mientras el candidato del PP repetía que había puesto en marcha numerosas medidas para combatir la corrupción y sus rivales le atacaban por lo contrario.

“Se han dado algunos pasitos adelante, pero excesivamente modestos dado el alcance del problema. Con lo que se ha hecho es imposible recobrar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas”, valora Jiménez Sánchez sobre la obra legislativa del PP. “Recomendaría tomar muchas medidas entorno a dos ejes principales”, arranca. “Primero, acabar con la sensación de impunidad que rodea a la corrupción, lo que significa reforzar los mecanismos de control, los checks and balances del sistema político”, explica. “Y lo segundo es reducir las oportunidades para la corrupción, mejorando la calidad y reduciendo la cantidad de la regulación, de las normas, de las leyes; despolitizando y profesionalizando los escalones superiores de las administraciones públicas; ampliando de verdad la transparencia del sector público y la evaluación del impacto real de las políticas públicas; y protegiendo en serio a los denunciantes de corrupción”.

Los ciudadanos culpan a los políticos del problema. El 80% de los españoles cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, según el barómetro global de Transparencia Internacional. Ningún otro país de la UE registra índices tan altos de reprobación ciudadana a la actitud del Ejecutivo. Y el 55% cree que la mayor parte de los miembros del Consejo de Ministros están implicados en estas actividades ilegales. Los dos datos dificultaron que el PP encontrara aliados para formar gobierno. Finalmente, Ciudadanos se abrió a negociar un pacto. Puso una condición previa: que Rajoy firmara un acuerdo anticorrupción de seis puntos. ¿Suficiente? “No entran al fondo del problema”, dice Sánchez Jiménez.