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Tribunal Constitucional

El Constitucional admite el recurso de Cataluña contra el decreto de reválidas de ESO y Bachiller

El Gobierno dispone dede 20 días para aportar las alegaciones que estime necesarias

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. Ampliar foto
Fachada de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Generalitat catalana contra varios preceptos del decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, las conocidas como reválidas.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Gobierno, que dispone de un plazo de 20 días para aportar los documentos y alegaciones que estime necesarios. El Ejecutivo catalán había recurrido el decreto el pasado 30 septiembre por invasión de competencias en materia educativa y por vulneración del régimen lingüístico de la enseñanza, establecido en el Estatut.

Antes de interponer el recurso ante el Constitucional, la Generalitat había formulado un requerimiento al Gobierno, que, por su parte, había defendido que la aplicación de las normas incluidas en el decreto no invadía la competencias catalanas, y que respondía a la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto en la LOMCE.

Según el Ejecutivo catalán, el decreto define las pruebas de forma "demasiado detallada", por lo que "vacía de contenido" la competencia de la GeneralitatEn particular, el Ejecutivo catalán reprocha al Gobierno que el decreto incluya la regulación expresa de la lengua en que puede realizarse la prueba. Según el Govern, este precepto es contrario al régimen lingüístico en la enseñanza, que establece que el catalán se tiene que "utilizar normalmente" como lengua vehicular y de aprendizaje.

La admisión a trámite del Constitucional no supone una suspensión de las reválidas ni un pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá en próximas fechas. El Alto Tribunal ha comunicado la apertura del expediente a la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo, por si se impugnaran los preceptos motivos del conflicto de competencias, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto.

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