El TSJ andaluz obliga a la Junta a pagar casi 15 millones de euros a Clínicas Pascual
La sentencia recoge el impago del concierto a seis hospitales del grupo sanitario
El Servicio Andaluz de Salud tendrá que pagar casi 15 millones de euros a la empresa José Manuel Pascual Pascual, S. A. por el concierto de seis hospitales en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Así lo ha ratificado una sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El fallo rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía y, por tanto, le obliga a cumplir una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 13 de Sevilla. La Junta recurrirá de nuevo la decisión ante el Tribunal Supremo.
El fallo hace referencia a la solicitud de pago de una factura de mayo de 2014 que la Junta no llegó a abonar. En ella, José Manuel Pascual Pascual, S. A. reclamaba 14.811.198,50 euros por los servicios prestados en el concierto de seis hospitales. La Junta rechazó la factura al entender que, en el momento en el que se emitió, el concierto entre ambas partes ya no estaba vigente. Además, esgrimió que Pascual no podía fijar “un precio arbitrario sin aquiescencia de la Administración”, según se recoge en el recurso de apelación del SAS. De hecho, consideró que existía un “enriquecimiento injusto” en el importe fijado por los servicios para ese mes.
Según explica la Junta en su recurso de apelación, Pascual “ha ido prorrogando el concierto de mutuo acuerdo actuando contra sus propios actos”. “No ha facilitado el proceso de abono, al incorporar en una sola factura el importe de servicios de dos contratos, razón por la que se procedió a devolver la factura con dicha indicación, dicho modo de proceder impidió el pago”, según detalló el SAS en el recurso. Sin embargo, el TSJA lo ha rechazado, pese a que reconoce en su fallo que “los precios han sido fijados por la parte actora de forma unilateral”.
El tribunal considera que la Administración conocía los servicios prestados y sus cantidades, ya que Pascual se las notificó. Frente a ello, achaca a la Junta no haber realizado “prueba alguna en contrario que acredite que los precios son excesivos o no reales, ni la que los servicios reclamados no se hayan prestado, limitándose a imponer unos precios de una relación contractual inexistente y no consentida por la parte”.
El TSJA recuerda también que Pascual recurrió dicha relación y obtuvo “sentencias favorables a sus pretensiones y cuyas modificaciones a la baja han sido anuladas por sentencias judiciales”. Por ello, “ante la falta de prueba de la incorrección de los precios”, el Alto Tribunal los entiende como correctos. “El hecho de que se presentara una única factura para todos los servicios prestados en el mes de mayo, no implica irregularidad alguna por parte de la apelada, más si tenemos en cuenta que los servicios cuyo pago se reclaman no se encontraban amparados por contrato alguno”, añade en su fallo.
Además de desestimar el recurso, el TSJA ha impuesto las costas al recurrente, sin que pueda exceder de la suma de 600 euros, “considerando complejidad y alcance del asunto planteado”, añade. Por su lado, en un comunicado, el SAS ha explicado que la Agencia de Defensa de la Competencia Andaluza, ha resuelto recientemente incoar un expediente sancionador contra Pascual "por presuntas prácticas restrictivas de la competencia". Las conductas anticompetitivas "consisten en supuestas actuaciones orientadas a la explotación abusiva de la posición de dominio que la empresa ostentaría como titular de los tres únicos hospitales con servicio de urgencias existentes en las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín", según explica el SAS.
Desde la Junta también han denunciado que Pascual no se haya presentado a los últimos procesos de licitación, negociado sin publicidad o concursos públicos en los distintos hospitales afectados. Por último, ha matizado que, recientemente, ha iniciado un expediente administrativo con el fin de abonar los servicios prestados por la empresa entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 "en las mismas condiciones que el concurso anterior, hasta que se resuelva la discrepancia con la facturación que dicha empresa realiza".
Una larga confrontación
Este pronunciamiento del TSJA sobre el impago del SAS a Clínicas Pascual es la última batalla de una guerra entre la Junta y el grupo de hace casi un año por varias deudas contraídas y por ver mermada su actividad, según los trabajadores de los hospitales, que llevan semanas de protestas.
Tienen previsto concentrarse a las puertas de la sede del SAS en Sevilla este jueves, para el lunes 21 de noviembre han convocado una marcha en Cádiz y el 24, en el Parlamento de Andalucía, entregarán las firmas que han recabado de los ciudadanos en apoyo “del mantenimiento de los centros, de un San Rafael completo y que vuelvan los pacientes a los hospitales", según han manifestado los trabajadores en un comunicado.
El conflicto “no lo ha provocado ni la empresa, ni ellos”, pese a que "los únicos perjudicados son los trabajadores que han perdido su empleo y los usuarios”, dicen los trabajadores. De hecho, según estiman, el conflicto con la Junta “ha llevado a más de 1.000 trabajadores a la calle” y mantiene en “la situación más angustiosa a los casi 2.000 que forman la plantilla actual".
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