El pragmatisno del PNV y sus límites

En 1996, José María Aznar no necesitaba al PNV para gobernar. Le bastaba con el pacto alcanzado con CiU. El empeño de Jaime Mayor, ministro del Interior entonces y líder del PP vasco, muy interesado en un acuerdo con el PNV que repercutiera en la política vasca, hizo que Aznar lo introdujera entre los apoyos a su Gobierno. El PNV, muy pragmático, puso un precio muy alto y Aznar lo pagó: el Concierto Económico dejó de ser revisable y fue indefinido; logró la creación de la empresa de telecomunicaciones Euskaltel y cobró una alta indemnización por el patrimonio peneuvista incautado por la dictadura.

Lo saben el PNV y Mariano Rajoy que, como ministro de Administraciones Públicas, gestionó parte de aquel acuerdo. Pero las cosas han cambiado. La desaparición del terrorismo ha implicado que el PNV pierda el interés estratégico que tuvo para los Gobiernos centrales. Hoy el interés de Rajoy por acercarse al PNV obedece a razones más prosaicas: los cinco escaños de los nacionalistas vascos pueden resultarle decisivos para alcanzar mayorías y los Presupuestos son el primer examen.

El PNV, pragmático como en 1996, está predispuesto a negociar los Presupuestos, tras cinco años de bloqueo por la mayoría absoluta de Rajoy. Pero, también como entonces, aprovechará la ocasión para exigirle al presidente del Gobierno el pago de un alto precio. Todo apunta a que la liquidación del cupo vasco, tras ocho años de contenciosos con los Gobiernos centrales, estará en la negociación. Hay una diferencia de más de 1.000 millones de euros entre los cálculos de ambas Administraciones. El paquete podría completarse con una aceleración de la construcción del Tren de Alta Velocidad y la retirada de las decenas de recursos contra leyes de las instituciones vascas, algunos de ellos muy recientes.

El PNV interpretaría un acuerdo de ese calibre como un “gesto en la buena dirección”, que allanaría su relación con el Gobierno central. Pero si Rajoy pretende prolongar el apoyo del PNV en la legislatura, más allá de los Presupuestos, será clave su actitud ante la cuestión territorial. Aunque la crisis secesionista catalana es el gran problema, el PNV también quiere jugar sus cartas porque pretende revisar el Estatuto de 1979 con un modelo alternativo al secesionista. Trata de mejorar el autogobierno y sus garantías combinando legalidad, consenso interno y pacto con el Estado.

La decisión de Rajoy de delegar en Soraya Sáenz de Santamaría, en buena sintonía con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, la cuestión territorial abre para los nacionalistas vascos alguna expectativa de cambio del Gobierno en esta materia, incluida la reforma constitucional. Su actitud ante la cuestión territorial —y la consolidación del fin de ETA— fijará los límites del pragmatismo pactista del PNV en esta legislatura.