Maza, Marchena y el FernándezGate

  El Gobierno, por propuesta consensuada del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente, Mariano Rajoy, ha optado por el nombramiento de un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, (en la imagen) para el puesto de fiscal general del Estado, decisión que supone dar marcha atrás en el respaldo a la candidatura de Consuelo Madrigal.

Fuentes judiciales señalan que el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, fue consultado sobre ello y aconsejó cambiar el enfoque. Es decir: nombrar un magistrado de su sala. Maza es un hombre de confianza de Marchena, quien a su vez mantiene una sintonía personal, y discreta, con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Algo cambió entre el lunes 7 de noviembre, día de la toma de posesión de Catalá, y el miércoles 9, el día después de una reunión que mantuvo Catalá en La Moncloa con Rajoy. Semanas antes de la investidura de Rajoy, Catalá convocó a Madrigal para saber si mantenía su deseo de ser nombrada por cuatro años, tras cumplir menos de dos en el puesto, al sustituir a Eduardo Torres-Dulce a mediados de diciembre de 2014.

Y el lunes 7, además, Catalá vino a insinuar que Madrigal sería su candidata. La fiscal general, a su vez, hizo saber a algunas personas próximas que seguiría.

Pero después del martes, la operación relevo de Madrigal, como la llaman algunos magistrados y fiscales, ya estaba en marcha. La ironía: se estaba relevando a alguien que era más que una fiscal in pectore porque Catalá había dado a entender que ella era su candidata.

Con la decisión de nombrar a Maza se encomendó la búsqueda de un equipo para el que será nuevo fiscal general del Estado.

El que fuera teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, que ahora trabaja como abogado en el bufete Baker & McKenzie -es letrado defensor del Partido Popular en casos como Gürtel y destrucción del disco duro del ordenador del ex tesorero del PP Luis Bárcenas- hizo entre jueves y viernes varios contactos entre fiscales para proponer nombres. Y Santos, según fuentes jurídicas, no fue el único al que se encargó ese trabajo.

La opción por Madrigal primero y por Maza definitivamente ha supuesto el naufragio de las aspiraciones del presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Grande-Marlaska, quien apeló a los buenos oficios de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, para lograr el puesto. 

En el mes de septembre, Maza integró la sala de admisión de la Sala Segunda del Supremo a cargo de la querella criminal presentada por Xavier Trías, ex alcalde de Barcelona, y Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), contra el ahora ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el ex director de la Oficina AntiFraude, Daniel de Alfonso, a raíz de las conversaciones grabadas en el ministerio del Interior el 2 y 16 de octubre de 2014.

En ellas, ambos se explayan sobre la posibilidad de difundir en los medios de comunicación informaciones que afectaban presuntamente a dirigentes soberanistas de Cataluña, una trama que se denominó Operación Cataluña según ha denunciado en sede judicial el comisario, ahora jubilado, José Villarejo.

Una de esas maniobras en grado de tentativa fue analizada entre el ministro y su interlocutor el 16 de octubre -la atribución de una cuenta en suiza al entonces alcalde de Barcelona Xavier Trías- y se consumó través de la filtración de los datos a un medio de comunicación los días 27 y 28 de octubre. Trías acreditó a través de una comunicación de la Union de Banques Suisses (UBS) que ni era titular de dicha cuenta ni se trataba de la numeración de dicha entidad bancaria.

La sala de admisión del Supremo solicitó informe al fiscal jefe, Antolín Herrero, quien en un breve dictamen señaló que no se apreciaban los delitos de prevaricación, revelación de secretos y malversación.

Herrero decía que las conversaciones -difundidas en la recta final de la campaña electoral del 26-J por el diario Público - entraban dentro de las competencias del ministro y del intercambio de información previsto por el estatuto de la Oficina Antifraude y que tampoco se hablaba de montante de dinero para destinar a la operación, lo cual descartaría el delito de malversación de fondos públicos.

Tanto el informe del fiscal jefe como la composición de la sala de admisión fueron objeto de cierto secretismo por parte de la Sala Segunda del Supremo. El 18 de octubre, a preguntas de este cronista, el Supremo confirmó que la sala estaba formada por Marchena, que como presidente de la sala, la presidía; Maza, Ana Ferrer, Miguel Colmenero y Andrés Palomo. También informó que Marchena era el magistrado ponente. Así lo reflejamos en esta crónica y en una segunda información.

Sin embargo, el 26 de octubre, una semana más tarde, el Supremo se puso en contacto con este cronista para corregir lo que había informado con anterioridad. La ponencia, decía, había recaído en Maza el 9 de septiembre. No en Marchena, como se había dicho.

Bien.

Dos meses largos después de presentada la querella, el pasado 1 de septiembre, tras la designación de ponente el 9 de septiembre y del informe del fiscal unas semanas más tarde, las preguntas son: ¿ha propuesto el ponente Maza archivar la querella criminal en línea con lo que proponía Antolín Herrero? ¿la sala de admisión ha apoyado por unanimidad caso de que se produjera el archivo? ¿por qué tanto retraso?.

Y last but not least, ¿por qué tanto secretismo?