La burocracia salva a los Kinahan

Acostumbrados a bregar en las peligrosas aguas del crimen organizado, a los Kinahan les ha salido un aliado inesperado: la burocracia y la falta de medios en la justicia. La causa que sigue desde 2010 el Juzgado de Instrucción 3 de Estepona contra este poderoso grupo irlandés —vinculado al tráfico de drogas y armas— naufraga por los constantes retrasos en las peticiones de información a otros países —en un caso sin resolver tras casi seis años— y la traducción de documentos, que llegan a demorarse más de 18 meses.

“Los retrasos judiciales son habituales aquí en la Costa del Sol”, admite un funcionario, “pero esto es inaudito”. Una opinión compartida por todas las fuentes consultadas, pero vivida de forma muy distinta según a qué lado del banquillo se pregunte: desolación entre los impulsores de la causa y alegría entre las defensas. “Es un caso de dilaciones indebidas de libro”, coinciden todas ellas.

El retraso del caso contrasta con la espectacularidad con la que arrancó la Operación Shovel en mayo de 2010. Más de 700 policías de España, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Holanda, coordinados por Europol, lanzaron una de las mayores operaciones contra el crimen organizado hechas en Europa en la última década, que acabó con 30 detenidos. El objetivo era el clan de los Kinahan, que “dirige desde la Costa del Sol uno de los mayores grupos de Europa dedicados al tráfico de drogas y armas”, según un informe de la policía española.

Según estos informes, al frente del clan estaba —y sigue estando— Christy Kinahan, con sus dos hijos como lugartenientes. Daniel dirigía el brazo armado, encargado de los envíos de droga y armas a las Islas Británicas. Christy Junior, por su parte, llevaba el brazo financiero, cuyo objetivo era blanquear en una decena de países cientos de millones de euros.

La causa, sin embargo, empezó a perder fuelle pronto. Varios de los 40 imputados quedaron sin cargos en los primeros meses de instrucción. Más duro fue el golpe recibido por los investigadores en 2014, cuando los líderes del clan se libraron de las dos acusaciones más graves: tráfico de drogas y armas. La juez no consideró probados los vínculos entre los Kinahan y las empresas —creadas con documentos robados y falsos— que habían enviado drogas y armas semiautomáticos a Irlanda y el Reino Unido.

Pese a ello, según fuentes de la Fiscalía, “las evidencias de blanqueo y asociación ilícita eran suficientes para seguir adelante con el caso”. Estas fuentes confiaban en cerrar la instrucción este mismo año, algo que los hechos han demostrado ser una quimera.

Buena parte de los retrasos se deben a la lentitud de las comisiones rogatorias hechas en 2011. Brasil tardó casi cinco años en contestar. Chipre no ha enviado la información solicitada hasta hace unas semanas. Y la del Reino Unido, pese a los cuatro requerimientos hechos por España, sigue sin ser atendida.

Sorprendentemente, la traducción de documentos ha acabado por ser un obstáculo casi insalvable para la causa. Uno de los motivos alegados por el Reino Unido para no remitir la información solicitada ha sido que el juzgado de Estepona envió a Londres documentos sin traducir al inglés.

La respuesta a la petición enviada a Chipre, por su parte, ha evidenciado las carencias de la justicia española, que necesitará más de un año y medio en disponer de la traducción del griego al español de los documentos recibidos. Así lo ha hecho saber la empresa contratada por la Junta de Andalucía para prestar este servicio a los juzgados, según una notificación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La empresa admite que no podrá acabarlo antes pese a hacerlo “con carácter urgente”.

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